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Exportadoras de carbón reclaman seguridad para líderes de operación
En un comunicado conjunto suscrito por las compañías Drummond Ltd, Grupo Prodeco y Y CNR, advierten que en junio del año pasado ya había realizado una declaración a la que se sumaron El Cerrejón, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, el Ministerio de Minas, la Agencia Nacional de Minería, la Fundación Ideas para la Paz y la Gobernación del Cesar, rechazando las amenazas contra la libertad de expresión.
Las empresas exportadoras de carbón rechazaron las amenazas a los dirigentes políticos que realizan su actividad en las zonas donde operan estas compañías.
En un comunicado conjunto suscrito por las compañías Drummond Ltd, Grupo Prodeco y Y CNR, advierten que en junio del año pasado ya había realizado una declaración a la que se sumaron El Cerrejón, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, el Ministerio de Minas, la Agencia Nacional de Minería, la Fundación Ideas para la Paz y la Gobernación del Cesar, rechazando las amenazas contra la libertad de expresión.
Desde entonces, agrega un comunicado conjunto, han seguido buscando estrategias de colaboración para la protección de la vida e integridad personal en riesgo por amenazas.
«Lamentablemente, en días pasados tuvimos conocimiento de un nuevo panfleto con fecha 1 de septiembre, dirigido contra autoridades y líderes sociales del municipio de Becerril (Cesar). Creemos que el trabajo llevado a cabo por estas personas es fundamental en el marco del ejercicio democrático, y manifestamos nuestro rechazo a quienes consideran que dicho ejercicio es cuestionado por parte de las Empresas aquí firmantes», dice el comunicado.
En el documento dicen reconocen «la importante labor que ejercen los líderes sociales en Colombia en la construcción de paz», más allá de la diferencia en las ideas y posiciones frente a temas de interés conjunto.
«Por ello, consideramos cualquier violencia ejercida en nuestras zonas de operación, como violencia contra las empresas», agregan.
También les piden a las autoridades que investiguen a fondo los panfletos de amenaza y, si es procedente, judicialicen a quienes intimidan y afectan la participación y la convivencia.
«Reafirmamos nuestro compromiso de continuar trabajando desde las empresas del sector carbón, aunando esfuerzos con el Estado y la sociedad civil para la convivencia pacífica y la promoción del ejercicio de los derechos y libertades fundamentales», concluye el comunicado.
