Una reforma a salvo de la desinformación

La sana lógica aconseja que cuando estamos ante dos historias con visiones distintas sobre un mismo asunto, ambas deben ser sometidas al cedazo del rigor para determinar cuál de ellas tiene real fundamento.

Reflexiono sobre el tema a propósito de un hecho que me llama poderosamente la atención: la velocidad con la que venía creciendo un fenómeno de desinformación sobre los componentes de un proyecto de acto legislativo con el que la Contraloría General de la República busca fortalecer el control, la institucionalidad y la gobernanza de los recursos públicos.

Dentro y fuera del escenario parlamentario oímos voces que inducían a la confusión. “La Contraloría quiere reimplantar el viejo modelo de control previo, el de la coadministración”, aseguraban algunos. “El órgano de control solo quiere robustecerse burocráticamente”, pregonaban otros.

Partidaria de la cultura del diálogo sereno y constructivo, sin abandonar una postura firme y clara, la Contraloría General de la República ha logrado demostrar que no es así. Ha dejado en claro que busca edificar, sobre bases sólidas un modelo de control preventivo –no sólido- para poner fin al rezago histórico al que la han sometido los agentes de la corrupción. También, que un organismo en el que 94% de su nómina está compuesta por servidores de carrera, seleccionados por méritos, solo necesita el refuerzo de la tecnología y de unos cuantos profesionales que le den mayor integridad a sus ejercicios de auditoría y de control fiscal.

Superados ya algunos de esos escollos, el ciudadano tiene hoy mayores elementos a mano para juzgar la necesidad, la conveniencia y la pertinencia de un modelo de control fiscal que, apoyado en las nuevas tecnologías, sea útil a la defensa del patrimonio público expuesto al saqueo por parte de estructuras criminales en permanente evolución.

En el léxico del proyecto, como lo han entendido bien las Cámaras legislativas, “prevención” equivale a la capacidad de la Contraloría a anticiparse a hechos de corrupción que, una vez consumados, suelen generar perjuicios irremediables. No de otra manera la entidad superior de control podría ponerse a tono con la normativa internacional que busca cerrarle espacios a este tipo de criminalidad transnacional.

Es impecablemente racional que si hay capacidad de prevención, si el ejercicio de control es concomitante al manejo del recurso público, se producirá una cadena de beneficios, uno de los cuales será necesariamente el fortalecimiento de la capacidad institucional para identificar técnicamente un “detrimento patrimonial”.

Desviar la discusión no responde directamente a las preguntas ni a los desafíos que tiene el país en materia de control fiscal. Algunas voces relacionaban, de manera perversa, el proyecto con un supuesto afán de acumulación de poder o con un mero propósito de engrosar un aparato burocrático.

La verdad es muy otra. Aún sin el presupuesto necesario, la Contraloría General está invirtiendo en recursos tecnológicos y le apuesta a potenciar también sus recursos humanos para enfrentar un monstruo que nos ha venido arrebatando el bienestar.

En términos y costos y beneficios, la inversión requerida es mínima comparada con el monto de los perjuicios fiscales ocasionados por la corrupción.

La información incompleta sesga aún más la posición de los críticos de nicho. A ellos se les ocurre darle al caso de Reficar la categoría de una “injusticia”, así sus pérdidas por 256 millones de dólares –registradas contablemente en 2018- hayan sido “socializadas” o puestas en hombros de Ecopetrol. Olvidan, por supuesto, que los colombianos son inversionistas de esta empresa a través de los Fondos de pensiones. No se les antoja ni extraño ni sospechoso que la contratación, en los tiempos oscuros de la refinería, se hubiera disparado en un 38.000%.

Según su lógica, en Hidroituango no ha pasado nada y ni la Contraloría ni ningún organismo de control han hecho nada a favor de su recuperación como proyecto clave para garantizar la seguridad y abastecimiento en la producción de energía eléctrica.

Objetivamente valorados sus componentes, la reforma traerá consigo una mayor confianza y seguridad jurídica que los críticos y algunos inversionistas echan de menos.

Más allá de eso, su legitimidad radica en el consenso con el que se ha ido construyendo. Y de ese consenso han hecho parte los servidores de base de la Contraloría, todas las bancadas del Congreso y la opinión ciudadana, que merece una calificación especial.

Aun en medio de las turbulencias y las críticas, el proyecto se ha ido poniendo a salvo de la desinformación. Y en este sentido el reciente apoyo ofrecido por el Consejo Gremial ha sido vital para su fortalecimiento. Aun así, estamos convencidos de que la reforma llegará a buen puerto cuando cuente con el reconocimiento y el respaldo de la comunidad, de una sociedad cada menos dispuesta a seguir observando, impávida, cómo se pierden los recursos vitales para la salud, la educación, para cerrar las brechas abiertas por la desigualdad y la inequidad.

*Vicecontralor general de la República.