Condenada exjuez por el caso de Carlos Mattos

El empresario Carlos Mattos es investigado por presuntamente haber enviado 100 millones de pesos a la juez 16 civil municipal de Bogotá, Ligia del Carmen Hernández quien dejó en firme las medidas cautelares que le permitieron a la empresa que él dirigía, seguir vendiendo los vehículos de la marca coreana Hyundai en Colombia.

El Tribunal Superior de Bogotá condenó a dos años y un mes de prisión a Ligia del Carmen Hernández, exjuez civil municipal de Bogotá, por estar vinculada con el entramado de corrupción que se suscitó en el caso Hyundai y tiene al empresario Carlos Mattos ante los estrados judiciales.

La Fiscalía estableció que Hernández recibió una cuantiosa suma de dinero por favorecer al empresario en una demanda que interpuso para que la marca de carros no le quitara la representación de la marca en territorio colombiano debido a que dejaría de recibir millonarias sumas de dinero.

Además de la pena contra la exfuncionaria de la Rama Judicial, esta fue inhabilitada por 51 meses para ejercer cargos públicos. La mujer fue hallada responsable del delito de cohecho impropio.

En la decisión también se ordena la captura de la exjuez, debido a que este delito no cuenta con beneficios judiciales, cómo lo es la casa por cárcel.

Hernández hace parte de la puja judicial que se mueve en la Fiscalía y que vincula a más de 10 personas que habrían ayudado a Mattos a salir bien librado de la demanda que interpuso en contra de la empresa promotora de vehículos.

Por su parte, Mattos no ha podido ser detenido por lo que han adelantado su proceso judicial sin su presencia. El empresario cesarense se encuentra viviendo cómodamente en Madrid, España, donde se mueve como pez en el agua

MEDIDA EN FIRME

Mientras tanto, hace apenas 48 horas un juez de conocimiento de Bogotá ratificó la imposición de la medida de aseguramiento con detención preventiva en establecimiento carcelario, contra el empresario cesarense Carlos Mattos, implicado en el caso de corrupción de Hyundai.

El funcionario judicial también ordenó que el juez noveno de control de garantías quien conoció el caso en primera instancia, escuche a los defensores del empresario quien se encuentra evadido de la justicia en España.

Cabe mencionar que esta decisión se tomó luego que el caso pasara por varios despachos judiciales en donde inicialmente no se había ordenado su detención, tras argumentar que no existían pruebas razonables para demostrar su responsabilidad en el pago de sobornos en medio de un pleito con la casa matriz de esa compañía de vehículos.

Sin embargo y con esta reciente decisión, el juez de segunda instancia sostuvo que había inferencia razonable para concluir que posiblemente se había cometido una conducta punible. En este caso, la Fiscalía General le imputó a Mattos el delito de cohecho por dar u ofrecer.

El funcionario judicial aseguró que la labor del juez de control de garantías, era determinar si de acuerdo con el material probatorio recaudado por la Fiscalía, se podía considerar que la conducta punible había o no ocurrido y dictar medida de aseguramiento según lo establecido en la ley.

El empresario cesarense quien se encuentra en España y no se ha presentado ante la justicia colombiana, enfrenta otro proceso penal por los delitos de utilización indebida de redes de comunicaciones, acceso abusivo a un sistema, daño informático y cohecho, en otro proceso penal que se adelanta en su contra.