Violenta campaña electoral, candidatos bajo fuego

El asesinato de Karina García, candidata a la alcaldía de Suárez, Cauca, y otros seis aspirantes en todo el territorio nacional prendieron las alarmas de las autoridades en las últimas semanas, debido a la ola de violencia que se está viviendo de cara a las elecciones regionales que se realizarán el próximo 27 de octubre en Colombia.

La Misión de Observación Electoral (MOE), en su último informe, señala que desde el inicio del calendario electoral para los comicios de octubre han sido asesinados siete aspirantes a cargos locales y otros 54 candidatos han sido víctimas de otro tipo de violencia política.

Lo mas preocupante, según los expertos, es que estas cifras podrían incrementar a medida que se acerque la fecha de las votaciones, razón por la cual desde distintos sectores se viene ejerciendo presión para que el Gobierno Nacional garantice la seguridad y se frene este fenómeno a nivel nacional.

En respuesta a esta solicitud, el presidente Iván Duque convocó la Comisión Nacional de Garantías de seguridad, con todas las autoridades electorales competentes, donde se concluyó que el mayor riesgo de esta jornada democrática es la violencia y por esta razón se le solicitó a la Unidad Nacional de Protección (UNP), resolver, en un término de 72 horas, todas las solicitudes de esquemas de seguridad.

De acuerdo con la UNP, de las 496 solicitudes de esquemas de protección que tenía la entidad, todas fueron resueltas en los plazos estipulados por el mandatario, con lo que se llegó hasta el momento a 1639 candidatos con equipos de seguridad, que van entre escoltas, vehículos blindados, chalecos, dependiendo de cada situación. Sin embargo, como lo ha reconocido el mismo Presidente, no se puede brindar garantías a todos estos líderes por el elevado número.

Para el director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz, Néstor Rosania, el volumen de candidatos a cargos de elección popular a nivel nacional es muy alto y es imposible garantizar su seguridad, tal como lo manifestó el Gobierno. Según la Registraduría, al término de las inscripciones se presentaron 121.194 aspirantes a consejos, gobernaciones, alcaldías, juntas administradoras locales, entre otros.

De acuerdo con el experto, partiendo de este hecho ya se evidencia un problema estructural en términos de protección, con una entidad que en muchas ocasiones ha manifestado no tener los suficientes recursos económicos para operar, pero asegura que el problema va mucho más allá de que la UNP pueda o no ponerles esquema a todos los candidatos.

Rosania dice que otra de las cosas que debe hacer el Gobierno para garantizar el ejercicio democrático, es focalizar los esfuerzos en municipios donde hay mayores riesgos de grupos armados, economías ilegales y zonas de fronteras, que son las razones que están detrás de toda la ola de violencia política que se está presentando en el país.

Precisamente, entre las zonas catalogadas como de mayor riesgo se encuentran el Catatumbo, la Costa Pacífica nariñense, el Norte del Cauca, el bajo Cuca antioqueño, el Meta y el Guaviare, donde se están afincando las disidencias de la antigua guerrilla de las Farc, y donde funcionan las economías ilícitas.

De hecho, una de las particularidades que ha destacado este fenómeno es que se ha presentado contra los distintos partidos políticos. El informe de la MOE señala que las coaliciones de partidos tradicionales son las que más se han visto afectadas por la ola de violencia. Le siguen los partidos Cambio Radical, Liberal, Centro Democrático y la U; mientras que MIRA, AICO y el Polo Democrático no tienen víctimas hasta el momento.

Los mayores ataques se han concentrado en Antioquia (2 asesinatos y 1 atentado), seguido del Norte del Cauca (2 asesinatos), Valle (1 asesinato), Sur de Bolívar (1 asesinato), Catatumbo, Norte de Santander, (1 asesinato y 2 atentados), Magdalena y Cundinamarca, (1 atentado), Chocó y Nariño (1 secuestro).

En este sentido, el director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz asegura que se debería crear una  estrategia interagencial para apoyar a la UNP, debido a que esta no tiene la capacidad suficiente de protección. Así el Ejército, la Policía y demás entidades podrían hacer acompañamiento en las zonas de mayor conflictividad, sin llegar al extremo de ejecutar la propuesta del Centro Democrático, de poner alcaldes ad hoc en cabeza de miembros de la Fuerza Pública.

“Debe haber una presencia integral del Estado, que no solo sea militar o policial, sino que llegue salud, educación, infraestructura y fórmulas de economías legales. Pero también hay necesidad de incrementar la inteligencia militar, porque el pie de fuerza lo único que está generando es un efecto globo, es decir, meten  un batallón y los grupos armados lo que hacen es correrse del territorio para posteriormente regresar cuando se hayan desplegado las tropas”, agrega Rosania.

Jorge Iván Cuervo, analista político, asegura que en época electoral se incrementa el riesgo en muchas regiones, pero que seguramente cuando pasen las elecciones el tema va a bajar. No obstante, dice que el Gobierno tardó en convocar a la Comisión de Garantías Electorales, donde se tenían que tomar decisiones de carácter preventivo con los estudios correspondientes y no sobre la marcha, para casi que sin estudios otorgar esquemas de protección.

“Si se comparan las elecciones pasadas en el desarrollo de las conversaciones con las Farc se redujo considerablemente la violencia. Uno siente que si el Gobierno hubiese tenido un discurso distinto sobre la paz y hubiera legitimado a los defensores del acuerdo en las distintas regiones, el escenario de riesgo sería diferente. En la medida en que el Gobierno tuvo un discurso entre ambiguo y hostil frente a la paz, eso tuvo impacto en las regiones y envalentonó a actores armados para hacer amenazas”, dice Cuervo.

Sin embargo, el experto señala que esto no quiere decir que el Gobierno sea el responsable de la ola de violencia, pero que sí hay que reconocer que este tipo de fenómenos también tienen relación con el ambiente en el que se desarrollan y donde el discurso de los mandatarios tiene una influencia significativa.

Por su parte, Hugo Acero, experto en temas de seguridad, dice que hay que reconocer que el Gobierno está haciendo los esfuerzos para tratar de garantizar la vida y la integridad de los candidatos, pero la cantidad de inscritos, sumado a una disponibilidad de recursos escasos, no permite una cobertura total del problema.

Para Acero, regiones como el sur de Córdoba, norte del Cauca, Tumaco, Catatumbo, deberían tener mucha más presencia del Ejército, sobre todo en zona rural, que es donde están la mayoría de candidatos en riesgo; pero insiste en que el Ministerio de Defensa desde ya tendría que tener un plan de reacción ante un eventual recrudecimiento de esta situación y no faltando 15 días para hacer un plan candado, como se hace generalmente.

De esta manera, hace énfasis en que no solo hace falta presencia de las Fuerzas Militares en los territorios, sino que hay carencia de labores de inteligencia e investigación criminal, inclusive otro tipo de intervenciones que traten de garantizar la gobernabilidad en esas zonas.

“No basta con la presencia de la Fuerza Pública, la muestra es el Bajo Cauca, donde no ha dado mucho resultado el haberlo copado con policías y militares. Ahí se requiere de un trabajo conjunto de las instituciones, pero también la integración de alcaldes, gobernadores y comunidades, porque las  estrategias nacionales no los están contemplando”, concluye Acero.

ASÍ ESTÁ EL PAÍS

A Karina García, candidata a la Alcaldía de Suárez (Cauca) la acribillaron cuando viajaba con un grupo de personas. En ese grupo iba su mamá, quien también murió por los disparos y Yeison Obando, quien quería ser concejal.

A los pocos días, la víctima fue otro aspirante a ser alcalde: Orley García, en Toledo (Antioquia). A él le dispararon con un rifle. Y una semana después, murió Bernardo Betancourt, atacado cuando viajaba en una lancha por el río Catatumbo. Era candidato a la Alcaldía de Tibú (Norte de Santander).

En las últimas semanas han sido asesinados también candidatos a los concejos de Versalles, Valle del Cauca (Silvio Alonso Álvarez); Betania, Antioquia (Nelson Enrique Gaviria García), y San Jacinto (Cauca).

Este preocupante panorama de violencia tiene las alarmas encendidas en el país. Entidades como la Misión de Observación Electoral (MOE) y la Defensoría del Pueblo han hecho llamados a las autoridades para que respondan ante esta amenaza, pero también a las campañas políticas en todo el país para que eleven el nivel del debate y eviten el lenguaje agresivo que puede incentivar los ataques.

En contraste con las elecciones regionales del 2015, que fueron de las más pacíficas de la historia reciente del país, las de este año presentan un balance realmente negativo. Además de la amenaza que representa la presencia de grupos armados en al menos 400 municipios del país, ya son, según la MOE, 24 los candidatos que han sido víctimas de violencia política. De ellos, 12 aspirantes a alcaldías, 10 a concejos municipales, 1 a la gobernación y 1 a la asamblea departamental.

Los medios que hacen parte de COLPRENSA hicieron un balance de cómo está la situación en las regiones del país más afectadas por este fenómeno.

MUNICIPIOS EN RIESGO

Aunque según las autoridades no existían alertas en la zona en donde fue asesinado Orley García, candidato a la Alcaldía de Toledo, el pasado 7 de septiembre, no ocurre lo mismo en el resto del norte antioqueño en donde hay presencia de las disidencias de los frentes 18 y 36 de las Farc, y del Eln, en lugares como Ituango, Briceño, Valdivia y San Andrés de Cuerquia.

En este último pueblo, ubicado a un lado de la vía principal, hombres que no han sido identificados enviaron un mensaje a Ana Carolina Carvajal, candidata del Centro Democrático en San Andrés de Cuerquia: para entrar a hacer campaña política a la zona rural tenía que pedir permiso. Ella ha denunciado a la MOE los rumores que relacionan su nombre con el paramilitarismo.

La organización hizo un llamado no solo a las poblaciones sino a las campañas políticas, “para no hacer uso de ese proselitismo. Eso hace que la tensión se incremente, abonando escenarios donde todo puede pasar”.

El departamento lidera la lista de las zonas con más riesgo electoral de Colombia. En el último informe sobre el tema de la Procuraduría, 48 municipios de Antioquia tienen alguna, o varias amenazas para el desarrollo de las elecciones.

VIOLENCIA LETAL

El cuerpo sin vida de Silvio Alonso Álvarez Villa fue hallado el pasado sábado 3 de agosto en zona rural de Versalles, Valle del Cauca, resultado de un ataque con arma de fuego. El hombre de 38 años aspiraba a ser concejal de ese municipio del norte del departamento por el Centro Democrático.

De acuerdo con la MOE, esta región es la que registra más violencia letal contra líderes políticos. Desde  el 27 de octubre de 2018 hasta el 27 de agosto de este año se reportaron tres atentados (contra el Alcalde de Obando, un precandidato a la Alcaldía de Cartago y un juez en Cali). Además, siete asesinatos (contra un precandidato a la Alcaldía de El Cerrito y otro aspirante al mismo cargo en El Cairo; en Tuluá, un líder del Partido Farc; en Palmira, un funcionario de la Defensoría del Pueblo; un precandidato al Concejo de Toro; un funcionario de la Alcaldía  de San Pedro, y el caso de Silvio Alonso Álvarez, en Versalles).

También se han reportado cuatro amenazas, con lo que se completan catorce hechos de violencia política en el departamento durante ese periodo.

De igual forma, según el último reporte de la MOE, entre julio 27 y el 15 de septiembre de este año, en el Valle se han presentado cuatro hechos victimizantes (un asesinato y tres amenazas), lo que hace que el departamento se ubique en el quinto lugar con más acciones violentas.

De acuerdo con la última Alerta Temprana de la Defensoría del Pueblo, de los 42 municipios del Valle del Cauca, 15 presentan riesgo.

LAS DENUNCIAS

Aunque Santander continúa siendo uno de los departamentos con el menor riesgo de violencia política del país, las autoridades emitieron una alerta temprana por el aumento en los índices de violencia electoral en la región.

Las primeras denuncias de violencia electoral llegaron desde Bucaramanga y Socorro, donde dos aspirantes de la Farc a los concejos de cada uno de esos municipios santandereanos advirtieron agresiones y estigmatizaciones en su contra.

La otra advertencia llegó desde el municipio de Lebrija, donde el aspirante por el grupo significativo Unidos por Lebrija Construimos Futuro, Luis Carlos Ayala, denunció ser víctima de agresiones y amenazas en su contra. Incluso denunció que un familiar suyo fue víctima de un intento de secuestro.

El caso más reciente de violencia política se registró en el municipio de Confines, donde el candidato a la Alcaldía por el Centro Democrático y Cambio Radical fue amenazado de muerte. El aspirante recibió panfletos amenazantes así como un grafiti en su finca advirtiendo que tenía los días contados. En la Fiscalía General, un aspirante a la Alcaldía de Güepsa denunció amenazas en contra de su integridad.

CÓRDOBA CON MÁS AMENAZADOS

En el departamento de Córdoba hay ocho aspirantes a cargo de elección popular amenazados por miembros de bandas criminales. La denuncia la hizo el director de la Fundación Cordobexia y defensor de Derechos Humanos en Córdoba, Andrés Chica. Sin embargo, la Policía advierte que solo tienen el reporte de un candidato a la Alcaldía de Montelíbano y dos candidatos al Concejo de Puerto Libertador.

La Defensoría del Pueblo emitió una  alerta temprana de riesgo electoral extremo y alto en 13 de los 30 municipios de Córdoba.

PRESENCIA DE GRUPOS ARMADOS

La MOE reveló que la presencia de grupos armados, corrupción y procesos de inscripción irregular de cédulas son los tres principales riesgos electorales para los municipios de Margarita, Hatillo de Loba, Córdoba Tetón, San Cristóbal, Arroyo Hondo, Norosí y Talaigua Nuevo. La entidad aseguró que Cartagena y Arenal se encuentran en alerta roja. Para la MOE, en 12 municipios de Bolívar hay presencia de grupos armados como ELN y Clan del Golfo. Recientemente un panfleto circuló por la región de los Montes de María amenazando a alcaldes. En el municipio de San Pablo, Bolívar, la circulación de un supuesto panfleto de las disidencias de las Farc y el Eln anunció que habría un paro armado en la región.

LAS DISIDENCIAS

En Tolima no hay víctimas mortales entre quienes participan en el proceso electoral, pero sí son numerosos los casos de candidatos que han sido amenazados. Una alerta temprana sobre riesgo electoral emitido por la Defensoría del Pueblo señala que en los municipios del sur como Planadas, Rioblanco, Chaparral y Ataco tienen riesgo electoral alto, mientras que Ibagué, Coyaima, Ambalema, Fresno, San Luis, Valle de San Juan, Rovira y San Antonio están con riesgo medio.

La entidad explica que en el sur se identifican riesgos asociados a la presencia de estructuras de disidentes del antiguo Sexto frente de las Farc, entre las que se destaca la columna móvil ‘Dagoberto Ramos’, así como de una estructura armada que estaría extendiendo sus operaciones desde la vereda Esmeralda Alta, de Planadas, hacia el Huila.

La Procuraduría General de la Nación alertó que en  Tolima se han identificado 18 casos de amenazas contra candidatos y líderes.

Uno de los más recientes tiene que ver con intimidaciones a Ana Judith Gamboa, candidata conservadora a la Alcaldía de Flandes, quien ha sido advertida de que si no renuncia a su aspiración, se van a contratar “gatilleros» para quitarle la vida.

La Fundación Paz y Reconciliación indica que en Tolima existe registro de 13 amenazas, siendo el tercer departamento con mayor número de hechos.

La Misión de Observación Electoral también llamó la atención por este fenómeno. Su más reciente informe sobre violencia política refiere que en el departamento hay una amenaza colectiva en Ibagué realizada a nombre de las ‘Águilas Negras’.

En total en 27 regiones de Tolima se han registrado 10 hechos amenazantes, con lo que se ubica en la décimo tercera posición con más números de casos.

Una de las situaciones más graves se vive en el municipio de Samaniego, al occidente de Nariño, allí, mediante un panfleto, supuestos disidentes de las Farc que pertenecen al grupo Oliver Sinisterra, a nombre de alias ‘Mario’, citaron a los siete candidatos a la Alcaldía de esa localidad a una reunión en La Variante La Playa, del corregimiento de Llorente en Tumaco.

De igual manera, otros grupos también han enviado ‘razones’ a los candidatos para que se abstengan de hacer proselitismo político en buena parte de la región. Debido al temor que ha causado las amenazas de muerte, el candidato Darío Dorado Galindo quien postuló su nombre con el aval de la Unión Patriótica y el movimiento Colombia Humana, renunció a su aspiración aduciendo problemas de seguridad.

Los otros seis candidatos cuentan con protección personal por parte de unidades de la Policía y el Ejército y todos se mueven en el casco urbano de la población.

En Nariño también se presentó el caso del rapto de uno de los aspirantes a la Alcaldía de Potosí. Se trató de Óscar Alejo Lombana Velasco, del partido Cambio Radical, quien fue retenido en un sector de la vereda Cuaspud. El jueves se conoció que el hombre había escapado de sus captores.

AMBIENTE CRISPADO

En Cauca hay 2.927 candidatos, pero el clima político está muy hostil  tras el asesinato de los aspirantes a la alcaldía y al concejo de Suárez por el partido Liberal, Karina García Sierra y Yeison Llantén Obando, precisamente en medio de falsas acusaciones y hostigamientos a sus campañas, como bien fue denunciado por una de las víctimas.

Esa situación, entonces, no se vive solamente en este municipio, sino en otras localidades caucanas, donde las intimidaciones, las falsas acusaciones, estigmatizaciones y los hostigamientos son las constantes, en un departamento donde hay además presencia de cuatro disidencias de las Farc y otros grupos armados, como el Eln, ‘Los Pelusos’ y las Autodefensa Gaitanistas de Colombia.

En Caloto  se documentaron ataques a dos de las campañas a la alcaldía así como intimidaciones a los candidatos, a través de las redes sociales. En Cajibío y Mercaderes, en el centro y sur del departamento, el panorama es igual.

Debido a estas situaciones, la Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana No. 035 de 2019, donde precisamente expone que en esta región hay 17 localidades en riesgo: Suárez, Santander de Quilichao, Miranda, Argelia, Corinto, Caloto, Villa Rica, Puerto Tejada, La Vega, Mercaderes, Totoró, Caldono, López de Micay, Timbiquí, Guapi, Santa Rosa y Piamonte.

Según la Policía, hay 32 candidatos que han denunciado amenazas por su ejercicio proselitista. Son 4 aspirantes a la asamblea,  19 candidatos a la alcaldía y 9 concejales amenazados.

También se tienen registradas 52 situaciones de amenazas, a través de llamadas telefónicas, de forma verbal y con panfletos. Y a raíz de esto, solo en el Cauca, ya van 33 solicitudes de protección a la UNP./Colprensa.