En alerta entidades del Estado

Tras conocerse los hechos ocurridos el cinco de octubre en la vereda El Tandil en el municipio de Tumaco, la Defensoría del Pueblo alertó a las autoridades sobre las posibles amenazas a las que se podrían enfrentar los miembros del Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera, a donde pertenecía José Jair Cortés.

 

La preocupante situación de orden público que padecen los habitantes de Tumaco (Nariño) no cesa. Así lo confirma la muerte del líder comunitario José Jair Cortés, quien fue asesinado en la tarde de este martes en dicho municipio, allí donde hace poco más de 15 días también perdieron la vida en extrañas circunstancias seis campesinos en protestas por la erradicación de cultivos ilícitos.

Tras conocerse los hechos ocurridos el cinco de octubre en la vereda El Tandil en el municipio de Tumaco, la Defensoría del Pueblo alertó a las autoridades sobre las posibles amenazas a las que se podrían enfrentar los miembros del Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera, a donde pertenecía José Jair Cortés.

Por medio de un comunicado el ministerio público expresó: “es inminente la situación de riesgo para los habitantes del municipio de Tumaco, por lo que se emite la presente advertencia con el objeto de que las autoridades realicen las acciones preventivas necesarias que eviten la materialización de amenazas tales como enfrentamientos en medio de la población civil”.

Sin embargo, el llamado de la entidad fue en vano. Hoy familiares y amigos de Cortés lamentan su muerte y claman justicia para que estos hechos no se sigan presentando.

Camilo Romero, gobernador de Nariño, rechazó la muerte del líder comunitario y le solicitó a las autoridades que se inicien las investigaciones del caso para esclarecer la muerte del líder.

Igualmente, le solicitó al Gobierno Nacional volcar su mirada al departamento para erradicar el inminente riesgo al que se enfrentan los habitantes.

Por su parte, el director de la Fundación Paz y Reconciliación, León Valencia, quien también repudió el crimen de Cortés, fue enfático en afirmar que el Gobierno Nacional “cometió un grave error y desaprovechó la situación que se presentó en Tumaco con la disminución de los actos vandálicos allí registrados”.

Para Valencia, “era necesario llevar el pacto de la Habana al territorio y hacer un acuerdo con las comunidades negras e indígenas, con los reinsertados que habían aceptado el pacto y con las autoridades locales, para fomentar un acuerdo social que pueda representar el espíritu de los acuerdos”.

Sin embargo, como los hechos registrados en días pasados hablan por sí solos, el director de la Fundación Paz y Reconciliación hizo “un llamado de atención al Gobierno Nacional para que se lleguen a acuerdos locales, de manera que prevengamos una explosión de violencia en esos territorios”.

Valencia, resaltó que Tumaco no es el único municipio que está en riesgo, también hay 10 más en los departamentos de Nariño, Norte de Santander, Antioquia y Caquetá, que se encuentran en las mismas condiciones. Por ello, la solución, según Valencia, “es retomar un camino y buscar un acuerdo de paz, de manera que se puedan reorientar a los municipios”.

Desde la otra orilla, la Fuerza Pública asegura que la responsabilidad de los hechos, es de los grupos al margen de la ley que delinquen en esa zona del país.

Para el general Sergio Alberto Tafur, comandante de la Fuerza de Tarea Pegaso del Ejército Nacional, la incidencia de los grupos residuales en los campesinos tiene mayor impacto a la hora de atentar contra la integridad de la Fuerza Pública, e incluso contra la misma población civil.

De acuerdo con el general, es el grupo criminal de alias ‘Guacho’ el que estaría tras los hechos ocurridos en el municipio nariñense, pues “presionan a la comunidad con el fin de obstaculizar las labores de erradicación. Este grupo armado residual está comprometido en las investigaciones de los hechos del cinco de octubre”, dijo el oficial.

Tafur confirmó que será la Fiscalía General de la Nación la entidad encargada de entregar detalles de lo sucedido en días pasados, y de esa manera se puedan atribuir las responsabilidades.

En cuanto a la muerte de Cortés, el oficial no descarta que el grupo residual haya tenido responsabilidad. Sin embargo, reiteró que estos hechos ya se encuentran en manos del ente investigador, y precisa que será esa la instancia en la que se definirá el caso.

Por estos hechos el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, solicitó que se adelante un consejo de seguridad en el municipio de Tumaco con el fin de poner una solución a la situación que se padecen allí.

La Fiscalía General de la Nación, tras conocer de la muerte del líder comunitario, trasladó una comisión especial que será la encargada de esclarecer la causa de la muerte de José Jair Cortés.