Corte estudia la extradición de exdirectivo de Metroagua

Diego García Arias, exgerente de expansión y nuevos negocios de Inassa y exintegrante de su junta directiva y exdirectivo de Metroagua S.A. E.S.P., fue detenido el pasado 24 de agosto, cuando quería hacer un viaje a México.

 

La Corte Suprema de Justicia se prepara para darle visto bueno a la extradición de Diego Fernando García Arias exdirectivo del Grupo Inassa en Colombia, entidad que maneja a la Triple A de Barranquilla,  y quien además ocupó un alto cargo en la desaparecida empresa Metroagua S.A. E.S.P., que operaba los sistema de acueducto y alcantarillado de  Santa Marta

El escándalo de corrupción de la Triple A de la capital del Atlántico,  entidad que supuestamente fue utilizada por su casa matriz, la española Inassa, para cubrir ‘torcidos’ del Partido Popular, quedó sepultado entre otros dos escándalos de corrupción que han zarandeado al país este año: Odebrecht y el Cartel de la Toga.

Aún así el caso del Grupo Inassa, para el cual España pactó colaboración con la Fiscalía y la Procuraduría colombianas, avanza lentamente. Por eso, Diego García Arias está hoy. De acuerdo con la información conocida, a  un paso más cerca de su extradición a España.

García Arias, exgerente de expansión y nuevos negocios del Grupo Inassa, para Suramérica  y exintegrante de su junta directiva, además exdirectivo de Metroagua S.A., de Santa Marta, fue detenido el pasado 24 de agosto, cuando quería hacer un viaje a México. Desde esa fecha permanece recluido en el pabellón de extraditables de la cárcel La Picota de Bogotá.

De acuerdo con la información conocida, durante 19 años fue ejecutivo de confianza del conglomerado español Canal de Isabel II, organización dueña del Grupo Inassa.

 

PIEZA CLAVE DE INASSA

En España este colombiano es señalado por la Audiencia Nacional Española de haber movido dinero para sobornar políticos a cambio de que el Grupo Inassa obtuviera contratos y así pudiera comprar empresas en Latinoamérica, según lo manifiesta la denominada ‘Operación Lezo’.

El Confidencial, diario español señala que, el dinero en efectivo de la tesorería del Grupo Inassa ‘se metía en bolsas o maletas y a veces el directivo que se lo llevaba iba escoltado por el personal de seguridad contratado por Inassa, en muchos casos exmilitares colombianos. Este sistema tan directo y tan evidente motivó las quejas de algunos cargos de la compañía, que avisaron a Edmundo Rodríguez, expresidente de Inassa,  de lo irregular de estos pagos y de lo peligrosos que eran, ya que el efectivo se cargaba en vehículos del grupo para trasladarlo al punto de entrega’.

El pasado 3 de octubre la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia recibió formalmente la solicitud de extradición del exdirectivo García Arias. El caso le correspondió al despacho del magistrado Luis Guillermo Salazar, quien definirá si el procedimiento cumple con los requisitos.

“El proceso no tardará mucho, mientras se determina la legalidad de los documentos entregados y si las autoridades colombianas no lo requieren para procesos judiciales que se adelanten en el país. Sin embargo, por ser este un caso de connotación, es posible que la extradición se dé en seis meses”, señaló una fuente de esa Sala.

El pasado 7 de junio, en una operación conjunta con España, se allanó una propiedad relacionada con Edmundo Rodríguez, expresidente de Canal de Isabel II.

En un apartamento ubicado en Barranquilla, miembros del CTI encontraron en una caja fuerte 262.000 euros y un fajo pequeño con billetes de $50.000. El lugar estaba a nombre de Patricia Rodríguez, hija de Edmundo Rodríguez. El ente investigador indaga su posible participación en el saqueo al Canal de Isabel II y sus empresas para enriquecerse y enriquecer al Partido Popular en España. No obstante, desde ese hallazgo no ha habido resultados públicos sobre este tema.

 

ESTÁ COLABORANDO

Diego García Arias, por su parte, ya ha tenido cinco interrogatorios ante un fiscal de la Unidad Anticorrupción. Fuentes del ente investigador aseguran que en los dos últimos empezó a cooperar con la justicia. “Inassa usó terceras empresas para concursos de contratación pública en Colombia, Panamá o República Dominicana, entre otros. El pago de comisiones a funcionarios públicos de dichos países habría permitido la adjudicación concertada de dichos contratos”, habría dicho una fuente.

Tanto la Procuraduría como la Fiscalía buscan establecer a qué políticos de la costa habrían llegado los sobornos girados desde España. La Fiscalía también indaga sobre las posibles irregularidades en el traspaso de bienes que habría realizado el empresario García Arias para, presuntamente, evitar que se los quitaran.

El ente investigador indaga sobre dos apartamentos que compró en Cartagena: uno en 2014, por $521 millones, y otro adquirido en el condominio Brisas del Mar, por $277 millones (Con información de El Espectador)