Un país de fuga en fuga

En un país donde cada semana trae su propio absurdo la aparatosa fuga de Aída Merlano Rebolledo en Bogotá el pasado martes mantiene en condición de asombro a los colombianos. La excongresista barranquillera condenada por la Corte Suprema de Justicia a 15 años de prisión tras comprobarse que compró votos para su elección en el Senado huyó gracias a la ayuda de desconocidos. Se lanzó desde un tercer piso del Centro Médico La Sabana, donde asistía a una cita odontológica, haciendo uso de una soga y luego subió a una motocicleta que conducía un rappitendero. Que la supuesta cita médica durara más de tres horas es algo que le imprime un factor mayor de certeza acerca de la ayuda que recibió para huir.

Si bien no hay todavía investigaciones concluyentes sobre lo sucedido es evidente que en los hechos quedan involucrados funcionarios del Inpec y personal médico del lugar al que acudió Merlano, luego de un detallado plan que consideró incluso la compra de pasajes aéreos a una isla en el Caribe con el único objetivo de distraer a quienes la buscarían luego de la fuga. Merlano permanecía en la cárcel el Buen Pastor, desde donde al parecer planeó cada detalle de su huida, tan pintoresca y maloliente como su misma llegada al Congreso en reemplazo del conservador Roberto Gerlein, quien impulsó su elección en la costa.

Es el colmo que a una interna de sus características se le haya asignado un esquema de vigilancia tan débil, que no estuviera esposada y que su vestimenta no fuera la de una presidiaria, como dictan los protocolos. Estas son solo algunas de las irregularidades detectadas en este caso. Hasta el momento este hecho ha ocasionado la salida de la directora del Buen Pastor, Diana Muñoz, así como la de su jefe, el director del Inpec, general William Ernesto Ruiz. Sin embargo, no es con la destitución de funcionarios como se podrá solucionar el problema que se tiene allí, donde no es la primera vez que se denuncian irregularidades y corrupción.

Los aparentes beneficiados con la huida de Merlano serían políticos ligados a las casas políticas de los Char y los Gerlein en la Costa Atlántica, ya que la Fiscalía le había planteado a la excongresista la posibilidad de rebajar su pena si entregaba información alrededor de quienes estuvieron involucrados en la compra de votos que la llevó a prisión. Esa es una línea que no puede ignorarse en las investigaciones. No obstante, en el fondo está la necesidad de revisar lo que pasa en el Inpec y tomar las decisiones que lleven en realidad a la depuración, algo que está pendiente desde hace varios años.

Es una lástima que casos emblemáticos como este, en el que los colombianos esperan que quienes la hagan la paguen, como asegura el presidente Iván Duque, terminen dejando en ridículo al Estado. Es precisamente a estos políticos corruptos a los que quisiéramos ver en las cárceles sin posibilidad de usar sus nefastos poderes para torcer investigaciones o teniendo privilegios a cambio de favores y dineros oscuros. El país tiene que reflexionar a fondo acerca de lo que está sucediendo.

La inexistencia de una política criminal ajustada a nuestra realidad también es un asunto que es recurrentemente evadido, pese a su urgencia. Si, por fin, se concretara esta política se podría avanzar en un manejo más consistente de los centros carcelarios, con menores riesgos de casos de fuga y burla a los guardianes, como ocurre con cierta frecuencia en nuestro medio. Hay miles de personas a las que la justicia no juzga de manera pronta y que ocupan por años nuestras prisiones haciendo que los esfuerzos que deberían enfocarse en objetivos de mayor valor como Merlano, tengan un tratamiento tibio y negligente.

*Internacionalista.