URIBE FRENTE A LA CORTE

El exmandatario fue citado por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, a partir de las 8 a.m., para que responda cerca de 100 preguntas relacionadas con su presunta responsabilidad en los delitos de fraude procesal y soborno.

En medio de un ambiente de tensión, hoy martes a partir de las 8 de la mañana, el senador Álvaro Uribe rendirá indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia en el marco del proceso que se le adelanta por manipulación de testigos. Uribe es el primer expresidente que acude a una diligencia de estas características.

El exmandatario fue citado por la Sala de Instrucción del alto Tribunal  para que responda cerca de 100 preguntas relacionadas con su presunta responsabilidad en los delitos de fraude procesal y soborno.

Mientras se adelanta la diligencia, que será reservada y se llevará a cabo en el Palacio de Justicia, en el centro de Bogotá, (lugar que fue cambiado por razones de seguridad) está programada una manifestación impulsada por el Centro Democrático en respaldo a su líder. La movilización iniciará en el Parque Nacional sobre el mediodía.

El domingo se llevaron a cabo varias manifestaciones en ciudades del país como Cartagena, Cali, Bogotá, Barranquilla y en algunas en Estados y Unidos y España como Miami y Madrid.

La senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, invitó a los simpatizantes del exmandatario a acudir a la manifestación. “Estamos convocando a todos los uribistas, a esos que dicen que lo que es con Uribe es conmigo, que vengan a acompañarnos al mediodía en el Parque Nacional para decirle al Presidente que aquí estamos, que lo queremos, que lo respaldamos, que confiamos en su inocencia y que pedimos una justicia justa. Colombia no puede repetir los resultados atroces del pasado, cuando en el Palacio de Justicia, quienes fueron procesados, perseguidos e injustamente encarcelados fueron los militares y los perpetradores terminaron indultados y perdonados en la política”, dijo.

Afirmó que la jornada en apoyo al exmandatario será solo en la capital del país. “Ya tuvimos la jornada en las otras ciudades. Iniciaremos a las 7:00 de la mañana con una misa pidiéndole a Dios que proteja al presidente Uribe y que se haga justicia en este país. Y luego estaremos en el Parque Nacional manifestándole nuestra confianza en su inocencia”, dijo desde el Congreso de la República.

La parlamentaria cuestionó que los congresistas de las Farc están “aquí sentados sin haber pagado un día de cárcel, sin haber reparado a las víctimas, sin haber dicho la verdad” mientras “el único sentado en el banquillo de los acusados es el Presidente que le devolvió a Colombia la esperanza al haber reducido el índice de homicidios en 45% en su gobierno”.

Señaló que con las movilizaciones no se busca presionar a la justicia. “Presiones es lo que ha hecho el senador Cepeda sobre varios testigos, presiones es lo que han venido haciendo algunos medios de comunicación filtrando ilegalmente piezas procesales, presiones es adulterar las transcripciones del CTI, es haber chuzado ilegalmente al presidente Uribe, es creer que unas chuzadas ilegales pueden utilizarse como pruebas. Esas son las verdaderas presiones”, sostuvo.

 “Estamos absolutamente tranquilos del comportamiento del presidente Uribe. Podemos decir que no hay una sola prueba que comprometa en alguna actividad delictual al Presidente (…) La Corte tiene que demostrar que tiene que actuar en derecho y que los colombianos podamos confiar en las instituciones”, subrayó.

POR QUÉ LA DILIGENCIA

La Corte Suprema de Justicia citó a al expresidente y senador Álvaro Uribe a indagatoria para que responda por su presunta responsabilidad en los delitos de fraude procesal y soborno. La investigación al líder del Centro Democrático se da por una supuesta manipulación de testigos contra el senador Iván Cepeda, del Polo Democrático.

En 2014 Uribe presentó una denuncia contra Cepeda aduciendo que estaba buscando testigos falsos que lo relacionaran con grupos paramilitares, luego que el parlamentario opositor realizara un debate en la plenaria del Senado en el que denunció presuntos vínculos de Uribe con el paramilitarismo a partir de testimonios recogidos a exjefes paramilitares en cárceles del país. Sin embargo, la denuncia tomó un giro de 180 grados cuando el alto Tribunal decidió, por el contrario, en julio de 2018, investigar a Uribe por supuesta manipulación de testigos para hacer un montaje en contra de Cepeda.

Al conocer la fecha de la citación, Uribe reiteró en agosto pasado que “siempre le doy la cara a la Corte Suprema, a la justicia colombiana. Me han fijado el 8 de octubre la fecha de indagatoria. Destaco que ese auto ordena la práctica de 29 pruebas que no las habían hecho y que hay que apurarse para cumplirle a la corte con esas 39 pruebas”. Agregó que “estamos listos ante la Corte y ante la opinión colombiana porque he trabajado por este país con amor y con honradez. Seguramente he cometidos errores, pero jamás delitos. Yo defiendo mi honra con toda vehemencia, pero no he violado las leyes”.

En las últimas semanas, la Sala de Instrucción de la Corte se ha convertido en un escenario de desfile de testigos que han declarado a favor y en contra de Uribe. 42 personas fueron citadas. Entre ellas se encuentran exfiscales, abogados, exmagistrados, exparamilitares y algunos políticos que han sido escuchados por el alto Tribunal para ser incluidos en el proceso contra Uribe. Con esto los magistrados del caso, entre ellos César Augusto Reyes Medina, podrán estudiar a fondo el caso para tomar una decisión.

¿QUE SIGUE AHORA?

El tiempo que ha pasado en el proceso ha sido suficiente para que la Corte conozca, en cabeza de César Reyes, el magistrado que lleva el caso, que el testimonio de al menos 40 personas son necesarias para desenmarañar todo el proceso que pretende determinar si hubo presiones indebidas de testigos en contra de Uribe, como argumenta la defensa, o si, por el contrario, fue el hoy senador quien impulsó la búsqueda de declaraciones que lo beneficiaran.

El magistrado Reyes tiene en su poder los testimonios de esas personas que ya declararon, con las citas que se empezaron a surtir desde septiembre y culminaron este viernes 4 de octubre, y lo que sigue ahora, según explica el exfiscal general y exmministro, Alfonso Gómez Méndez, lo ideal sería que al término de la diligencia de este martes y en un estimado de diez días hábiles, la Sala determine la situación jurídica del senador.

Sin embargo, Gómez Méndez señaló que en el ejercicio de las funciones jurídicas, muchas veces el número de días para tomar una decisión pueden llegar a ser mayor.

En caso que la Corte cumpla con los tiempos establecidos por la ley, se podría decir que a finales de octubre se estaría conociendo si se libra la orden de captura en contra de Uribe.

El exfiscal explicó que hay tres situaciones precisas por las que la Corte determinaría imponer una medida de aseguramiento.

“Además de las pruebas que el magistrado tiene en su despacho, él debe considerar tres situaciones: si se debe evitar que se fugue, si se debe evitar que entorpezca la investigación o si pone en peligro a las víctimas. En este caso, lo más preciso es que haya una medida de aseguramiento dado que el caso que se investiga es muy diciente”, señaló.

Gómez argumentó que si bien existen tales requerimientos para que se surta la medida de aseguramiento, la decisión del magistrado debe estar soportada en una prueba testimonial o documental que fue recolectada a lo largo del proceso.

En dado caso que el magistrado Reyes determine que Uribe no representa un peligro para las víctimas y que por el contrario comparecerá ante la justicia, podría dejarlo en libertad, sin embargo, vinculado al proceso.

Después de ello se determinará si es llamado a juicio.

¿Y SI RENUNCIA?

Muchas versiones se han dado alrededor de una posible la renuncia del senador a su cargo en el Congreso, lo que podría, de acuerdo con hechos específicos, cambiar el escenario jurídico para él.

Si Uribe renuncia a ser senador, como él mismo ha sugerido en entrevistas, el análisis es que si los delitos que investiga la Corte fueron ocurridos cuando el fungía como gobernador, la Fiscalía tendría que hacerse cargo de la investigación.

Si, por el contrario, los delitos fueron cometidos en su ejercicio de senador, por su fuero sigue siendo competencia de la Corte Suprema.

Así las cosas, fuentes cercanas al proceso le confirmaron a Colprensa que los hechos por los que se acusan al senador, fueron cometidos durante 2017 y 2018.

En ese entendido, el senador así presente su renuncia seguirá siendo investigado por el alto tribunal.