¿Por qué los estudiantes vuelven a protestar en las calles este jueves?

Las imágenes son difíciles de olvidar: un grupo de personas, la mayoría con el rostro cubierto atacó con palos y piedras la sede del Icetex en el centro de Bogotá hace poco menos de una semana. Antes de eso, se habían visto vídeos de otro grupo hostigando un bus del Sitp con pasajeros a bordo, al punto de casi provocar su volcamiento.

Colombia también vio la imagen terrible de un estudiante universitario con la pantorrilla destrozada por el impacto de lo que sería un artefacto explosivo hechizo que fue detonado en una caneca de basura.

Algunos de estos hechos estuvieron protagonizados por estudiantes de Bogotá, quienes por esos días se volcaron a las calles de la ciudad para protestar por casos específicos de corrupción al interior de la Universidad Distrital. Y otros, según denuncias de los mismos estudiantes, nada tuvieron que ver con ellos y agregaron que se trató de personas externas que buscaban boicotear la protesta quienes cometieron esos hechos.

Sumado a esas situaciones, los enfrentamientos con el Escuadrón Antidisturbios de la Policía (Esmad) terminaron por dejar una sensación de riesgo en las protestas, que iniciaron de manera pacífica en Bogotá.

Después de que se conocieran de estos hechos, que el gobierno calificó de vandálicos, los estudiantes pusieron sobre la mesa denuncias de abusos de autoridad por parte de las autoridades y aseguraron que las marchas que habían convocado habían sido infiltradas para hacerles perder legitimidad ante las autoridades y la opinión pública, así que convocaron a una nueva convocatoria para rechazar esto.

El nuevo llamado a las calles lo hicieron los estudiantes para mañana, jueves 10 de octubre, y esta esta vez fue convocada en el resto del territorio nacional y no solo en Bogotá. ¿Qué buscan, entonces, con este regreso a las calles?

Voceros de los estudiantes insisten en que este nuevo llamado se da a raíz de los desmanes ocurridos durante las manifestaciones de las universidades Distrital, Pedagógica, Javeriana y Nacional, y la falta de garantías del derecho a la protesta. Se prevé que la marcha se dé en las ciudades principales como Bogotá, Cali, Barranquilla y Riohacha, en donde la Universidad de la Guajira se ha declarado en paro desde hace tres semanas por problemas de financiación.

 

Financiación insuficiente

Julián Báez, miembro de la Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior (UNEES), entidad que participó en las negociaciones sobre presupuesto con el presidente Iván Duque y el Ministerio de Educación en 2018, asegura que, si bien el Gobierno Nacional ha cumplido con una serie de desembolsos y regalías para el funcionamiento de las universidades, lo invertido no ha sido destinado a las prioridades y necesidades de estas.

Y es que, en octubre del 2018, tras más de dos meses de paro y 14 intentos de negociación, los estudiantes universitarios y el Gobierno Nacional acordaron que durante el cuatrienio de Duque se aumentará el presupuesto de la educación superior pública en $4,5 billones. De estos recursos, $1,34 billones de pesos serán destinados a la base de las Instituciones de Educación Superior públicas.

Pero Báez insiste en que existen otros compromisos que no les fueron cumplidos y que eso se evidenció en los desmanes de la semana pasada.

“Con respecto a la cobertura en educación de las instituciones de Educación Superior y la garantía de seguridad en las movilizaciones estudiantiles, aún no se ha hecho mucho porque desde que se creó la Comisión Permanente de Derechos Humanos del sector educativo para contrarrestar la represión del Esmad no se ha tenido solución sobre estos aspectos”, enfatizó Báez.

Por su parte, la ministra de Educación, María Victoria Angulo respondió y aseguró que sí se ha cumplido todo los pactado en octubre de 2018.

“Se han llevado a cabo acuerdos con recursos asignados a la inversión, la infraestructura y el fortalecimiento de competencias científicas. Se han trabajado iniciativas de proyectos que le dan nuevas oportunidades a la Educación Superior pública, entre ellos, la creación de 62 espacios colectivos” recalcó.

Además, la titular de la cartera de Educación estimó que el país pueda mostrar resultados óptimos entre los años 2020 y 2022, con respecto a lo invertido y puesto en el Plan Nacional de Desarrollo

 

Derechos Humanos vulnerados

El universitario miembro de la UNEES también asegura que se ha aumentado los casos de amenazas, panfletos de grupos paramilitares, persecución a los profesores participantes de las manifestaciones y estudiantes sancionados. El gran incumplimiento que ha tenido el Gobierno, según Baéz, es el respaldo de los Derechos Humanos de los estudiantes.

“El Ministerio incluso reconoce que le ha quedado corto en dar soluciones a estos hechos, mientras que se siguen dando represiones en las universidades como la Distrital o la Javeriana”, resaltó.

En cuanto a la regulación al derecho a la protesta, Báez dice que esta medida es inconstitucional, por lo tanto, se deben dar las pautas para proteger la vida e integridad de los estudiantes, maestros y ciudadanía participante de las marchas.

Por otra parte, la Ministra de Educación recalcó que “desde el Gobierno, siempre hemos dicho que la protesta debe ser pacífica. Desde el sector educativo, estamos en una escucha activa a oír los distintos disensos y diferencias para poder construir propuestas colectivas”.

Así mismo, anunció que está trabajando con las universidades, la Personería, la Defensoría e instancias en las ciudades para hacer un gran pacto para acompañar los procesos de movilización estudiantil.

Con respecto a los casos de malversación de fondos en las universidades, Báez asegura que “ni la Procuraduría ni la Fiscalía han dado ningún informe lo ocurrido. Se espera que se haga la audiencia al primer implicado en los casos de corrupción de la Universidad Distrital, Wilmar Muñoz”, apuntó.

 

Uso indebido de la fuerza

Los disturbios presentados en la Universidad Distrital despertaron la solidaridad de la Universidad Javeriana, debido al lanzamiento de gases lacrimógenos en sus instalaciones, en especial, en el Hospital San Ignacio.

Después, las Universidades Nacional y Pedagógica se unieron a estos reclamos, sin embargo, se vieron de nuevo opacados por enfrentamientos que dejaron como saldo a cinco personas, entre ellas un estudiante y un funcionario de esta última.

Los hechos ocurrieron cuando un grupo de personas desconocidas pusieron una bolsa transparente en una caneca en la que se resguardan los estudiantes de los gases diciendo que iba a explotar. A los pocos minutos, el artefacto estalla, dejando heridas graves en una pierna y un brazo a un estudiante de la Pedagógica.

Además, la Universidad denunció que un artefacto llegó del exterior de las instalaciones, ocasionando lesiones en uno de los trabajadores de la institución.

Ante los hechos ocurridos, el pasado 1 de octubre, la Universidad Pedagógica Nacional declaró al Estado culpable de los hechos ocurridos en las instalaciones de la institución y advirtió que, si algún estudiante o miembro de derechos humanos de la institución resultaba lesionado, sería responsabilidad de las autoridades.

La institución también pidió que se llevaran a cabo las investigaciones sobre lo ocurrido, pues hay material probatorio que demuestra el excesivo uso de la fuerza por parte del ESMAD.

Frente a la situación, Báez afirma que los equipos de Bienestar Universitario y los médicos han estado al tanto de los estudiantes y trabajadores que resultaron heridos en las manifestaciones de la última semana de septiembre.

Bogotá (Colprensa).