¿la ley de financiamiento sobrevivirá en la Corte Constitucional?

La Ley de Financiamiento, aprobada el 28 de diciembre de 2018 y que entró en vigor desde el primero de enero de este año, no deja de generar polémica en el país. A su atropellada discusión en el legislativo, hoy se suma un estudio constitucional que amenaza con tumbarla definitivamente, lo cual sembraría zozobra sobre la economía, por lo que pueda ocurrir a futuro.

La maratónica tarea le corresponde a la Corte Constitucional, en la cual reposan 24 demandas que tendrán que ser estudiadas por los magistrados del alto tribunal desde el próximo miércoles, y donde prevalecen tres acciones legales que atacan la totalidad de la normativa, las mismas que pueden darle un ‘jaque mate’ al plan de salvación a los problemas económicos que atraviesa Colombia.

Por lo menos así lo ha considerado el Gobierno Nacional, que, en cabeza del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ha señalado en reiteradas ocasiones que la Ley de Financiamiento es la solución a muchos de los factores que han venido afectando el desarrollo económico del país, como la alta tasa de desempleo, el incremento en la inflación y el propio crecimiento económico.

Por eso, la cita de este miércoles en la Corte Constitucional es tan importante. Allí el alto tribunal conocerá las siete ponencias de los magistrados Alejandro Linares (2), Cristina Pardo (4) y Carlos Bernal (1), en donde argumentarán si finalmente esta norma que se implementó hace menos de un año continúa vigente o si definitivamente el Gobierno Nacional tiene que buscar nuevas alternativas.

Las 24 demandas que llegaron fueron repartidas entre ocho de los nueve magistrados de la corporación, en donde Pardo recibió en su despacho diez, Bernal y Linares, cada uno con tres; a Diana Fajardo le correspondieron dos, al igual que Antonio José Lizarazo, mientras que las restantes se asignaron a José Fernando Reyes, a Luis Guillermo Guerrero y una más para los conjueces.

Uno de los demandantes es el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien personalmente radicó en la secretaria de la Corte el documento donde exponía el motivo por el cual se debía tumbar la totalidad de la ley, así como en las otras dos acciones expuestas por ciudadanos que coincidieron que la aprobación de la norma tuvo un vacío a la hora de ser legislada.

Como en estas tres acciones no se estudiaron los artículos de fondo, sino en su totalidad, una negativa de la Corte sobre cualquiera de ellas dejaría inmediatamente sin piso las 21 restantes que reposan en el alto tribunal, ya que no tendrían motivo de estudio por que la Ley perdería vigencia. En caso contrario, la Sala Plena deberá prepararse para conocer 17 ponencias que demandan los artículos 4, 10, 11, 66, entre otros.

 

SIN LEY DE FINANCIAMIENTO

Para la decisión final que tomará el alto tribunal en los próximos días se pidieron diferentes conceptos de sectores económicos y financieros, que daban cuenta de las ventajas y desventajas que hasta el momento ha dejado la normatividad después de su entrada en vigencia el pasado primero de enero.

Uno de los consultados fue el centro de investigaciones de Fedesarrollo, que en cabeza de su director Luis Fernando Mejía, consideró que el país una vez se implemento esta medida, y que los costos asociados a declarar inexequible la Ley sobrepasan los potenciales beneficios derivados de la misma.

Para Fedesarrollo, tumbar la ley generaría un efecto negativo en cuanto a las expectativas y decisiones que tiene el país frente a la inversión, puesto que fomentaría un impacto adverso a nivel macroeconómico.

“En efecto, de reducirse el crecimiento económico, los beneficios de un mayor recaudo desaparecerían, toda vez que el debilitamiento de la actividad económica generaría menos ingresos para empresas y hogares y, consecuentemente, llevaría a un menor recaudo impositivo”, dice el concepto allegado al alto tribunal.

Los cálculos de Fedesarrollo dan cuenta que si la Corte tumba la ley, el Producto Interno Bruto (PIB) para 2020 ya no sería del 3,5 %, como se viene pronosticando, sino del 2,7 %, es decir, que el crecimiento económico tendría un impacto negativo del 0,8 %, lo que, a juicio de Mejía, pondría en riesgo la sostenibilidad fiscal.

Para el Gobierno las cifras no son descabelladas, pues el ministro Carrasquilla considera que si se cae la Ley en la Corte se generarían dos escenarios: Uno, que tiene que ver con la seguridad jurídica, debido a que “nadie va a volver a creer en una reforma tributaria ni ley de financiamiento”, pues la ley aún no cumple el año de entrada en vigencia cuando ya se está solicitando que sea tumbada.

El segundo escenario que expuso el jefe de la cartera económica fue los efectos de crecimiento inherentes a la Ley de Financiamiento, pues estos desaparecerían. “Ese segundo efecto de crecimiento también tiene un costo y si sumamos, el efecto combinado, año tras año, hasta 2030, eso nos da el equivalente a un PIB anual de Colombia. Perdemos el 10 % de nuestra capacidad de generación de ingreso de un tanganazo”.

Otro que se pronunció en el mismo sentido fue el nuevo codirector del Banco de la República, Roberto Steiner, quien advirtió que “ojalá la Corte no tumbe la Ley de Financiamiento”, ya que para el economista las expectativas de crecimiento para Colombia apuntan a una cifra mayor de 3%.

“No todo el mundo tiene la misma expectativa para este año, pero lo interesante es que todas las instituciones las han ido corrigiendo al alza”, señaló Steiner, quien ratificó que el país va en el camino correcto, con inflación da tranquilidad y unas expectativas que siguen afianzándose, pese que a hay incertidumbres a mediano plazo.

Otros analistas, como José Roberto Acosta, miembro de la Red de Justicia Tributaria, consideran por el contrario que los efectos si se llega a tumbar la Ley no serían tan graves. Precisamente, Fedesarrollo habla que una declaratoria de inexequibilidad podría en principio conducir a un mayor recaudo.

En todo caso, el Gobierno Nacional tendría que optar por presentar una nueva reforma tributaria que logre financiar el presupuesto para el próximo y plantear nuevas medidas, como las que se vienen anunciando en materia laboral, para recuperar el mercado colombiano frente a las altas tasas de desempleo y la informalidad.

 

CON LEY DE FINANCIAMIENTO

Si se declara la exequibilidad de la ley, el país continuará con un buen comportamiento económico y con la posibilidad de mantener las proyecciones de crecimiento para los próximos años, como lo ha venido pronosticando el Gobierno Nacional.

En ese sentido, el Consejo Gremial Nacional señala que la normativa ha dejado avances positivos en el país una vez fue implementada, dado que se han materializado en hechos concretos que ha servido para sostener la economía, pese la “crisis económica mundial”.

Cifras del Banco de la República, que trajo a colación el Consejo Gremial, dan cuenta que “entre enero y junio de 2019 la llegada de la Inversión Extranjera Directa a Colombia creció en un 24,4 %. Es decir, el flujo de inversión en el primer semestre de este año fue de 7273 millones de dólares, monto superior a los 1425 millones recibidos en el mismo periodo de 2018”.

El concepto del Consejo Gremial fue allegado a la Corte con el fin de evidenciar que además de estas cifras, también se ha reportado mayor inversión en sectores diferentes a la minería y el petroleo (40,3 %), como los financieros y empresariales (17,1 %), industria manufacturera (14,9 %), comercio y hoteles (7,9 %), transporte y comunicaciones (7,2 %), electricidad (2 %) y el resto de los sectores (10,6 %).

El Consejo Gremial también destacó que con la Ley de Financiamiento también se implementó el Régimen Simple de Tributación, que tiene como objetivo impulsar la micro, pequeña y mediana empresa, así como promover la generación de nuevos emprendimientos para incentivar mayor número de empleos en el país y garantizar ingresos a la clase trabajadora.

Para la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), la estimación de recaudos en razón al impuesto de renta con la ley de financiamiento en 2019 es de 67 billones de pesos, mientras que en 2020 ascendería a 69 billones. La ANDI señala que el recaudo ascendería de 6,4 % en 2019 a 6,7 % en el próximo año.

BOGOTÁ (Colprensa).