Gobierno asume el control del proyecto de la Ruta del Sol II

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A partir de la fecha, el Gobierno nacional tomó el control del proyecto vial Ruta del Sol II, con lo cual se podrán iniciar los procesos de contratación de microempresarios, administradores viales, mantenimientos y atención de emergencias.

 

De los 605 kilómetros recibidos, 215 km corresponden a doble calzada y 390 a calzada sencilla.

 

El Gobierno Nacional asumió el control del proyecto vial Ruta del Sol sector II y celebró el trabajo coordinado de las entidades adscritas, con lo cual se podrán iniciar los procesos de contratación de microempresarios, administradores viales, mantenimientos y atención de emergencias.

“Es una noticia muy positiva para la revolución que actualmente está viviendo la infraestructura del país. Felicito a los equipos de ANI y el Invías por el trabajo conjunto que vienen realizando”, manifestó el ministro de Transporte, Germán Cardona.

El Ministerio de Transporte, a través del Instituto Nacional de Vías, tendrá a su cargo los 605 kilómetros del proyecto, comprendido entre Puerto Salgar, La Lizama, San Alberto, La Mata y San Roque, así como la Transversal Río de Oro, Aguaclara, Gamarra, Puerto Capulco.

El Invías recibió la vía de parte de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), en virtud del auto del 14 de septiembre de 2017 proferido por el Tribunal administrativo de Cundinamarca, a solicitud de la Procuraduría General de la Nación.

“De los 605 kilómetros recibidos, 215 corresponden a doble calzada y 390 a calzada sencilla”, informó el Gobierno Nacional.

 

“Es una noticia muy positiva para la revolución que actualmente está viviendo la infraestructura del país. Felicito a los equipos de ANI y el Invias por el trabajo conjunto que vienen realizando”, manifestó el ministro de Transporte, Germán Cardona.

 

MINTRANSPORTE

“Es una noticia muy positiva para la revolución que actualmente está viviendo la infraestructura del país”. Así calificó el ministro de Transporte, Germán Cardona, la posibilidad de retomar el control del proyecto Ruta del Sol II. “Felicito a los equipos de ANI y el INVIAS por el trabajo conjunto que vienen realizando”, añadió Cardona al resaltar el proceso.

Así las cosas el Ministerio de Transporte, a través del Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) tendrá a su cargo los 605 kilómetros del proyecto Ruta del Sol II comprendido entre los sectores de Puerto Salgar, La Lizama, San Alberto, La Mata y San Roque, así como la Transversal Río de Oro, Aguaclara, Gamarra y Puerto Capulco.

Con esta noticia el Gobierno podrá iniciar los procesos de contratación de microempresarios, administradores viales, mantenimientos y atención de emergencias para el corredor vial.

Todo se aceleró en virtud del auto del 14 de septiembre de 2017, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en respuesta a una solicitud de la Procuraduría General de la Nación. El tribunal había dado 20 días de plazo para que el concesionario, Ruta del Sol SAS, entregara el proyecto a la ANI.

La multinacional brasileña, envuelta en un escándalo mundial por haber entregado millonarios sobornos en varios países -incluido Colombia- a cambio de contratos de infraestructura, tenía una participación de 65 % en la Concesionaria Ruta del Sol, una sociedad integrada, además, por Episol (una filial de Corficolombiana) y CSS Constructores, del grupo Solarte.

“Ahora el Gobierno podrá iniciar los procesos de contratación de microempresarios, administradores viales, mantenimientos y atención de emergencias para el corredor vial”, dijo el Ministerio, a través de un comunicado oficial.

El proyecto está comprendido entre los sectores de Puerto Salgar, La Lizama, San Alberto, La Mata y San Roque, así como la Transversal Río de Oro, Aguaclara, Gamarra, Puerto Capulco. Y, de los 605 kilómetros recibidos, 215 kilómetros corresponden a doble calzada y 390, a calzada sencilla.

Germán Cardona, ministro de Transporte, aplaudió el trabajo realizado por las entidades del sector para retomar el control del proyecto Ruta del Sol II y resaltó el proceso como una buena noticia para Colombia en este momento.

 

Con la desición el Invías tendrá a su cargo los 605 kilómetros del proyecto, comprendido entre Puerto Salgar, La Lizama, San Alberto, La Mata y San Roque, así como la Transversal Río de Oro, Aguaclara, Gamarra, Puerto Capulco.

 

LOS DAÑOS AMBIENTALES

En la quebrada La Torcoroma convergen varios de los estragos que dejó a su paso la Ruta del Sol en los departamentos que atravesó. Los socavones construidos para extraer el material necesario para las obras y el paso de volquetas desviaron el río de su cauce, generaron procesos de sedimentación y de erosión que afectaron el ecosistema que alimenta a la comunidad de San Martín en el Cesar.

Debido a las quejas de los vecinos preocupados por el fenómeno y al diagnóstico de la Corporación Autónoma del Cesar (Corpocesar) en el que se evidenció la “grave afectación ambiental” causada, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) suspendió la actividad extractiva a principios del 2015.

Luego, inició dos procesos de investigación sancionatoria en contra de la empresa Concesionaria Ruta del Sol S.A.S., a quien acusa de incumplir los requisitos ambientales necesarios para la construcción de un proyecto de esta envergadura.

De acuerdo con la Contraloría General de la República, el número “increíblemente” elevado de requerimientos hechos por la ANLA a los concesionarios de los diferentes tramos de la Ruta del Sol – 442 fueron censados en tan sólo 20 expedientes – evidenciaron no sólo el descuido de las normas ambientales en el que incurrieron los beneficiarios de las diferentes licencias del proyecto, sino su poco interés en subsanar esos actos aún después de haber sido notificados de su existencia.

En cuanto a la ANLA, fue severamente criticada en el informe de la Contraloría por no sancionar prestamente las posibles infracciones derivadas de esos requerimientos. “Ante la debilidad institucional de la ANLA” el cumplimiento de las licencias ambientales “queda en muchas ocasiones a discreción o voluntad del licenciatario”, detalla entre otras conclusiones el organismo de control.

A la fecha, de los 442 requerimientos censados por la ANLA desde 2011, tan sólo 12 han derivado en autos de investigación o procesos sancionatorios en contra de las empresas infractoras en 6 años. De estos 12, la mayoría se encuentra en etapa de descarga de pruebas, lo cual es cerca de la mitad del camino necesario para poder llegar a un primer fallo.

De acuerdo con lo que se pudo establecer la mayoría de esos casos se concentran en cuatro puntos críticos que son los municipios de Río de Oro, Aguachica y San Martín en el Cesar, así como el tramo Mamatoco-Puerto de Santa Martha en el Magdalena. Pero existen otras ocurrencias tan graves como el desvío de cauces de ríos, los malos usos de residuos sólidos de origen industrial o las afectaciones a la fauna silvestre y especies vegetales en el universo de los 430 requerimientos restantes que no han prosperado a denuncias formales hasta el momento.

 

Numerosas han sido las protestas de trabajadores, conductores y hasta de la propia comunidad por los atrasos en la culminación de la obra.

 

¿QUIÉN PAGARÁ?

Otro problema importante de la Ruta del Sol ha sido la demora en el pago de las compensaciones previstas en las leyes 99 de 1993 y subsecuentes que regulan la generación de un fondo equivalente a cuando menos 1 por ciento del costo total del proyecto, disponible para financiar procesos de mitigación de impacto ambiental, reforestación, restauración de ecosistemas y pedagogía ambiental con las comunidades afectadas.

En el caso de los diferentes tramos de la autopista que atraviesa los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Santander, Cesar y Magdalena, estos proyectos fueron negociados con las corporaciones regionales, más todavía no se ha desembolsado ni un solo peso proveniente de esta bolsa.

“No se entiende porque, si la licencia ambiental fue dada en el año 2011, tan sólo 5 años después, el concesionario radica ante la ANLA el Programa Integral de Compensaciones Ambientales (PICAM) para revisión de esta entidad”, advierte la Contraloría.

En tanto que el vocero de la ONG Movimiento Ambientalista Colombiano, Camilo Prieto estimó que “hay una enorme permisividad por parte de la ANLA en el manejo del tiempo que está estipulado para que la concesión lleve a cabo las compensaciones.”

Por su parte, la ANLA asegura que es normal que los procesos derivados del incumplimiento de requerimientos sean demorados ya que tienen que respetar las diferentes etapas del proceso judicial, además considera que cada tramo de la ruta debería estudiarse como un caso aparte y no como un todo.

Sin contar el hecho de que tienen que lidiar con los mayores proyectos de infraestructura del país con una planta de personal reducido, según sus propios términos.

 

En varias ocasiones el tramo entre Bosconia y el interior del país ha sido interrumpido por las protestas de los acreedores de la Rita del Sol II

 

LAS CORPORACIONES

Este conjunto de factores ha preocupado a las organizaciones responsables del medio ambiente en las regiones que atravesó la mega autopista.

“Nosotros concertamos en la Ruta del Sol unas compensaciones junto con las comunidades y nos hemos quedado a la espera de que se hagan esas inversiones. No puede ser que el departamento quede con los impactos ambientales ocasionados por la construcción de la vía sin la compensación” advierte el director de Corpocesar, Kaleb Villalobos Brochel, quien estima en cerca de 8.400 millones de pesos las compensaciones adeudadas en su región.

En tanto que el director de la Corporación del Magdalena Corpamag, Carlos Francisco Díaz-Granados, detalló que en su región se consideró necesaria la reforestación de 5 mil hectáreas de árboles afectados por el desarrollo del tramo 3 de la vía. Pero que el hecho de que la construcción de esta parte de la ruta fuera liderada por la empresa italiana Impregilo y no por Odebrecht le confería mayor tranquilidad respecto al pago de compensaciones ambientales por venir.

 

Dos semanas después de que el procurador general, Fernando Carrillo, radicara una acción popular contra la Concesionaria Ruta del Sol II –de la que hace parte la brasileña Odebrecht–, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca aceptó el estudio de la demanda y emitió unas medidas cautelares de urgencia, siendo la primera de ellas la suspensión provisional del contrato.

Por el momento, la contraloría anunció que iba a abrir una nueva auditoría específica para averiguar el tema de las compensaciones que no habían llegado a las regiones mientras se dilucida la cuestión de quien se quedará con el segundo tramo de la obra que ya causó una “grave afectación ambiental” a pesar de que se encuentra apenas a más de la mitad de la construcción total prevista.

 

 

LA ACCIÓN DEL PROCURADOR

Dos semanas después de que el procurador general, Fernando Carrillo, radicara una acción popular contra la Concesionaria Ruta del Sol II –de la que hace parte la brasileña Odebrecht–, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca aceptó el estudio de la demanda y emitió unas medidas cautelares de urgencia, siendo la primera de ellas la suspensión provisional del contrato.

Dicha acción popular señala que mantener a la cuestionada firma –calificada por el Ministerio Público como un “corrupto confeso”– lesiona la moralidad administrativa y pone en riesgo el patrimonio público y la confianza que demanda la sociedad en sus contratistas.

En un documento de 98 páginas, que hace un recuento de las pruebas recopiladas en las investigaciones penales y disciplinarias, el Tribunal ordenó al presidente Juan Manuel Santos tomar posesión de las obras de este megaproyecto vial de doble calzada de 528 kilómetros, entre Puerto Salgar (Cundinamarca) y San Roque (Cesar), y entregárselas a una autoridad que se encargue de administrarlas.

La decisión no solo suspende el contrato, sino las modificaciones, adiciones y otrosíes suscritos entre el Instituto Nacional de Concesiones, hoy Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la Concesionaria Ruta del Sol II, hasta que se dicte una sentencia de fondo frente a la acción popular o hasta que se resuelva la petición de nulidad del contrato, que está en manos de un tribunal de arbitramento cuyos miembros renunciaron sin tomar ninguna decisión.

“La autoridad que señale el Presidente tendrá la obligación de tomar posesión inmediata de las obras de la Concesión Ruta del Sol sector II, velar por la correcta y eficiente ejecución de los trabajos de obra, así como ejercer una constante vigilancia sobre los recursos económicos que provengan o sean fruto de la concesión; asegurar la estabilidad de los contratos laborales y subcontratos de obra, de suministro, de prestación de servicios o de cualquier otra naturaleza que estén vigentes”, señala el documento.

Según la ANI, el contrato del proyecto inicial tiene un costo de 2,47 billones de pesos y el de la adición de 82 kilómetros, (otrosí 6), entre Gamarra (Cesar) y Ocaña (Norte de Santander), suma 799.647 millones de pesos. Al analizar los cargos de la Procuraduría, el Tribunal encontró que hay amenaza contra el derecho a la moralidad administrativa, porque la licitación fue adjudicada por medio de “maniobras ilegales”. También dice que hay una vulneración del derecho al patrimonio público, consistente en que los oferentes del soborno convinieron hacer pasar ese dinero como costos de la obra.

Entre las medidas cautelares están, así mismo, el embargo de las cuentas bancarias y los dividendos de las sociedades Concesionaria Ruta del Sol S. A. S., Constructora Norberto Odebrecht S. A., Odebrecht Latinvest Colombia S. A. S., Estudios y Proyectos del Sol S. A. S. (Episol), y CSS Constructores S. A., hasta por 191.000 millones de pesos.

La Procuraduría resaltó la celeridad de la actuación del Tribunal y aplaudió, entre otras cosas, que se hiciera énfasis en la necesidad de asegurar la estabilidad de los contratos laborales y que se garantizara la viabilidad financiera del proyecto con los ingresos provenientes de los peajes que actualmente recibe la concesionaria y otras fuentes del presupuesto.

Desde que se destapó el escándalo de Odebrecht, la firma Episol, filial de Corficolombiana, con el 33 por ciento del proyecto, ha reiterado que no tenía ningún conocimiento de los supuestos pagos de sobornos hechos por la brasileña.

“Rechazamos enfáticamente cualquier actividad ilegal. Actos de corrupción como los que están siendo investigados por las autoridades deben ser sancionados con todo el peso de la ley, al igual que sus responsables”, ha señalado la compañía.

 

EL PROYECTO

El contrato con la Concesionaria Ruta del Sol se suscribió en 2010 y concluirá en 2035.

La fecha del acta de inicio del proyecto que comprende una longitud de 528 kilómetros fue el miércoles 31 de marzo de 2010.

El contrato, que se suscribió el 14 de enero de 2010 y debe concluir en el año 2035, fue entregado a la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S, conformada por la constructora Norberto Odebrecht de nacionalidad brasilera y con el 25,01% de participación, Odebrecht Latinvest Colombia S.A.S con el 37% de participación, Estudios y Proyectos del Sol Episol con 33% y CSS Constructores S.A. con 4,99%.

La construcción del proyecto tiene un costo de $2.474.398.909.000 (Troncal) + $799.647.416.266 (Otrosí 6 Transversal Rio de Oro/Aguaclara/Gamarra) millones de pesos de 2014, según información de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI.

Los 528 kilómetros incluyen la construcción de 163 puentes, 576 kilómetros de doble calzada y 481 kilómetros de mejoramiento.

La Transversal Río de Oro – Aguaclara – Gamarra es una obra cuya finalidad busca conectar el Norte de Santander con el sur del Cesar, y a su vez con el Río Magdalena, a través de 82 kilómetros de vía que se dividen en 62 kilómetros de construcción y 20 kilómetros de rehabilitación y mejoramiento, este proyecto fue añadido a la Ruta del Sol II.

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