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Con tutelas ilegales pretenden paralizar la administración y los servicios : Electricaribe

Actualmente las demandas contra Electricaribe suman más de $300.000 millones, lo cual pone en riesgo el proceso normal en la administración de la empresa para atender el servicio de energía en la región Caribe, la estabilidad de cientos  de empleados y la atención misma de los pensionados.

´Mientras que sus directivas trabajan en garantizar el servicio de energía eléctrica para siete departamentos y buscan nuevos operadores para ese importante mercado, Electricaribe enfrenta hoy decisiones controversiales de jueces y tutelas irregulares que pretenden crear una cadena insostenible de reliquidaciones en pensiones de algunos ex trabajadores de la empresa´. Así lo denunció el equipo jurídico de la citada compañía de energía hoy manejada por el Estado.

En un hecho que  juristas califican de insólito, algunos jueces de Ciénaga, Fundación y Aracataca, municipios del Magdalena que ordenan la reliquidación de pensiones de jubilados domiciliados en Barranquilla, ciudad en la cual los jueces no acogen sus reclamos por vía de tutela. ´Y esos jueces del Magdalena, ordenan la reliquidación de pensiones, conminando a los funcionarios de la empresa a pagar millonarias sumas so pena de arresto, a sabiendas de que por razones de la misma intervención no se pueden realizar dichos pagos. Y, en consecuencia, aplican normas ilegitimas de desacato´, señalaron los abogados defensores de Electricaribe

Pensionados de Electricaribe han promovido acciones de tutela   pretendiendo que se paguen inmediatamente reliquidaciones de    pensiones de jubilación, lo cual no puede hacerlo la Agente Especial encargada de la liquidación de la empresa, toda vez que cualquier fallo de tutela en ese sentido tendrá que ingresar a la masa liquidataria der la empresa.

En varios casos, hay jueces que ordenan reliquidaciones de pensiones que han promovido demandas laborales que ya tienen sentencias en contra por parte de la justicia ordinaria.

De acuerdo con diferentes sentencias de los más altos tribunales de justicia, se considera que la vía ordinaria y correcta para reclamaciones de reliquidación de pensiones son los procesos laborales, máxime cuando los accionantes tienen pensión reconocida y actualmente la están devengando mes a mes, por lo que no cabe alegar que hay perjuicio irremediable.

En efecto, no hay derecho fundamental violado en dichas acciones, pues al tener los accionantes una mesada pensional no se afecta su mínimo vital. Los ex trabajadores pensionados reciben actualmente sus pensiones, gozan de servicio médico gratuito y energía gratuita en sus residencias, becas de estudio en muchos casos, todo lo   cual es pagado por la empresa.

A la fecha, más de 700 pensionados han presentado demandas para buscar reliquidación de pensiones, agrupados en más de 100 tutelas.

Tres de esas tutelas fueron seleccionadas por la Corte Constitucional y este máximo tribunal ordenó revocarlas, por cuanto se demostró que los accionantes no tenían violado el mínimo vital y en consecuencia no era procedente la demanda. Incluso, la Corte ordenó revocar acciones de tutela que se instauraron y fallaron antes de la intervención, por efecto de las cuales la empresa española que manejaba Electricaribe pagó $3.930.356.651, pero ahora nadie responde ni devuelve el dinero que se pagó.

Recientemente, el pasado 16 de agosto del año en curso, la Corte Constitucional, mediante sentencia T-325 de 2019, revocó otra acción  de tutela –contra Electricaribe—reiterando que la  acción  de tutela no es el medio idóneo para solicitar reajustes pensionales, máximo cuando no se acredita un perjuicio irremediable, pues como en otros casos revisados por la Corte, se ha logrado demostrar que sus mesadas son en promedio de $3.000.000 por pensionado, lo cual viene asumiendo puntualmente la empresa, más el pago de los servicios de salud, auxilios de energía y algunas becas.

Además, la Corte Constitucional encontró una clara acción temeraria por parte de algunos pensionados al pretender por vía de tutela el reajuste de sus mesadas pensionales.

Actualmente las demandas contra Electricaribe suman más de $300.000 millones, lo cual pone en riesgo el proceso normal en la administración de la empresa para atender el servicio de energía en la región Caribe, la estabilidad de cientos  de empleados y la atención misma de los pensionados.

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