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Colombia solicitará la anulación de laudo en caso Glencore

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado solicitará la anulación del laudo del Tribunal de arbitramento que ordenó a Colombia devolver 19,1 millones de dólares a Glencore para cumplir con un fallo de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la República.

Inicialmente, la multinacional aspiraba a que se le cancelaran 593 millones de dólares por daños y perjuicios, como consecuencia de este fallo, que el organismo de control emitió en enero de 2016 en contra de la multinacional.

Según la Agencia, el Tribunal desconoció pruebas que mostraban las actuaciones engañosas de Glencore para obtener un otrosí que lo beneficiaba y perjudicaba a la Nación.

Tampoco tuvo en cuenta documentos que, de acuerdo con la entidad, demostraban actuaciones indebidas de Glencore que la hubieran llevado a tomar una decisión diferente, al igual que desconoció las pruebas presentadas por Colombia que demostraban maniobras engañosas de Glencore para modificar el sistema de cálculo de regalías.

En 2015 la contralora delegada Soraya Vargas, quien tenía a cargo el proceso, emitió un fallo de responsabilidad fiscal por 63 mil millones de pesos, es decir 19.1 millones de dólares al cambio de la época, en contra de Prodeco, la desaparecida Ingeominas y el Ministerio de Minas.

Glencore Prodeco acató el fallo y pagó en enero de 2016. Ese es el monto que ahora tendrá que devolver el Estado tras la decisión del Tribunal Arbitral del CIADI.

No obstante, en marzo de ese año Prodeco interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la decisión de la Contraloría y para agosto siguiente se constituyó el Tribunal Arbitral para el caso Glencore – Prodeco contra Colombia.

“La Agencia respeta y reconoce las facultades de las instancias internacionales y está convencida del uso de mecanismos alternos de solución de controversias que resuelvan con mayor prontitud los casos. La decisión del Tribunal de inadmitir ciertas pruebas obtenidas por Colombia que demostraban la ilegalidad de la suscripción del Otrosí No. 8, sin embargo, implicó la violación del derecho al debido proceso de Colombia, como estado demandado, lo que justifica la anulación del laudo”, afirmó la entidad.

BOGOTÁ (Colprensa).

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