Para quién son las 16 curules nuevas

El Gobierno y las Farc acordaron crear 16 circunscripciones especiales para la elección de igual número de representantes a la Cámara y pidieron al Congreso que así lo ordene mediante una reforma constitucional que cambia la regla de juego que siempre formó parte de nuestro ordenamiento superior: el trazado de las circunscripciones para la elección de corporaciones públicas coincide con el de los municipios y departamentos. Por eso, jamás ni el gobierno de turno ni ocasionales mayorías suyas definieron geográficamente las circunscripciones. Como no han podido amañarlas con fines electorales, no hemos tenido por ese motivo las confrontaciones a veces violentas de otros países.

Ahora crean verdadero sudoku electoral porque las nuevas circunscripciones tienen trazados caprichosos que no coinciden con los límites departamentales. Las conforman entre 4 y 24 municipios, a veces de uno solo, pero también de dos y hasta tres departamentos, que en algunas ocasiones ‘aportan’ municipios suyos a dos o tres circunscripciones. Y si el municipio tiene más de 50.000 habitantes, solo pertenece a la circunscripción su área rural, no su casco urbano, lo que producirá masivos desplazamientos de electores porque quienes sufraguen en las nuevas circunscripciones pueden votar dos veces: por la lista que prefieran del respectivo departamento y por su candidato de la circunscripción especial, privilegio que no tiene ningún otro colombiano.

¿Quién propuso que fueran 16 circunscripciones y trazó sus límites? Seguramente las Farc, que durante décadas controlaron la mayor parte de sus territorios y habitantes. No pudo ser el Gobierno, porque si así pensaba, habría llevado el proyecto al Congreso sin negociarlo con los insurgentes.

Según textos oficiales, en las citadas circunscripciones hay cultivos de coca, minería ilegal, precaria organización institucional y el conflicto no ha terminado, aunque con otros actores: últimamente, en ellas fueron asesinados 65 líderes sociales.

Sus habitantes, además, son pobres. Serán, entonces, los ‘empresarios’ de los cultivos y la minería ilegales quienes manejarán las votaciones, financiarán las campañas y presionarán físicamente a los electores si fuere necesario. En caso de que no sean las mismas personas, lo harán quienes, de hecho, hasta hace poco mandaron sobre esas poblaciones y conservan su apoyo, así como los actores ilegales del conflicto que todavía sientan allí sus reales y otras organizaciones criminales.

Elegirán así sus candidatos y tendrán voceros propios en el Congreso, que, como parlamentarios, harán todo para evitar o dificultar la acción de las autoridades que lesione sus intereses. Con estos representantes, las Farc fortalecerán el poder territorial que tuvieron como guerrilla y quieren consolidar como partido político.

Constituye ingenuidad disponer, como lo hace el proyecto, que ningún partido, incluido el de las Farc, pueda avalar candidatos para esas circunscripciones, porque quienes tengan audiencia y capacidad de convocatoria en ellas crearán, con sus amigos y simpatizantes, los “grupos significativos de ciudadanos” y las organizaciones sociales que pueden inscribirlos.

Es claro además que esos 16 representantes, sumados a los cinco que como mínimo tendrán las Farc y seguramente a los de otras organizaciones, constituirán bancada que decidirá votaciones importantes en la Cámara y con la que deberá contar el gobierno que cohabite con esa nueva fuerza política.

ExMinistro de Estado