Gobierno se quedaría con Electricaribe

Entre las nuevas condiciones está la prohibición de que los futuros dueños que adquieran la operación no podrán repartir utilidades ni dividendos durante tres años.

El Gobierno del presidente Iván Duque no solo ha dado pasos en falsos, sino que viene cometiendo una serie de torpezas que cada día alejan mucho más a los inversionistas que podrían expresar un interés por quedarse con la operación del servicio de energía eléctrica en el Caribe colombiano.

Además del accidentado cronograma que ha sido modificado y aplazado en  varias ocasiones, el Gobierno Duque acaba de darle una especie de estocada final al interés de los presuntos inversionistas,  cuando faltando poco menos de un mes para que se inicie el proceso definitivo con el que se busca entregar a inversionistas privados la operación del servicio de energía eléctrica en la región Caribe,  se cambiaron las reglas de juego imponiéndose unas condiciones que harán más difícil la consecución de los inversores.

La agente interventora de la compañía, Ángela Patricia Rojas, publicó la adenda integral número 7 del proceso, que recopila todos los aspectos que se han venido ajustando e impone mayores exigencias a los inversionistas, entre estas, cinco prohibiciones.

Uno de los requisitos más llamativos, y que no había estado en ningún documento anterior, es que las firmas que adquieran la operación conjunta de los dos mercados (Caribe Mar y Caribe Sol) o uno de estos no podrán repartir utilidades ni dividendos durante tres años.

Según la directiva, esta medida va acompañada de una restricción de disminuir el capital, buscando asegurar que los recursos que debe capitalizar el inversionista en la fecha de cierre se destinen a la ejecución del plan de inversiones, estimadas en algo más de 8,3 billones de pesos.

Igualmente, el nuevo documento les prohíbe a los inversionistas que lleguen a ejecutar acciones para bajar el nivel de capital, como la readquisición de acciones por parte de las compañías u operaciones con partes relacionadas.

“El contrato de adquisición de acciones contendrá la regulación detallada de las cinco operaciones restringidas”, precisa el reglamento en uno de sus apartes.

Para llevar a cabo el proceso, el primer intento de venta será a través de una subasta conjunta, que en caso de ser exitosa dará origen a una empresa que en el reglamento se denomina Nueva Caribe, la cual se constituirá de forma inmediata.

Hasta el momento se habían conocido tres interesados Celsia; Empresas Públicas de Medellín EPM, de quien se duda  que tenga el músculo financiero luego de la contingencia de Hidroituango, y la Empresa de Energía de Pereira (EEP), del empresario Alberto Ríos

Pero si no es posible vender la empresa conjunta y solo se adjudica uno de los mercados, no solo se creará la empresa que asuma la operación de la zona que sea adjudicada, sino también nacerá el Centro de Servicios Compartidos, sociedad que prestará servicios transitorios a las nuevas sociedades mientras cada una implementa sus propios procesos, soluciones e infraestructura.

Una vez sean adjudicados los mercados, la firma que tome su operación deberá, en primera instancia, aportar las garantías que sean necesarias para asegurar la compra de energía en el mercado mayorista y asegurar la sustitución patronal, entre otras.

Pero además, deberá constituir una garantía que respalde el plan de inversiones a ejecutar, en lo cual deberá comprometerse con la ejecución del monto mínimo.

De acuerdo con el reglamento, cada subasta se entenderá declarada desierta cuando no se presenten ofertas vinculantes elegibles, texto que estaba en la adenda anterior, pero al que se le agregó que en caso de que no se adjudiquen ni las acciones de Nueva Caribe, ni las de Caribe Mar ni las de Caribe Sol, “el agente especial propenderá por una solución ágil para garantizar la continuidad de la prestación del servicio prestado por Electricaribe”, asumiendo la obligación de tomar las medidas que considere convenientes para dar un uso a los activos que asegure la continuidad de la prestación continua, de calidad y eficiente del servicio, según lo establecido en el artículo 365 de la Constitución Política.

Dicha norma señala que si por razones de soberanía o de interés social, el Estado, mediante ley o por iniciativa del Gobierno, decide reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios públicos, deberá indemnizar previa y plenamente a las personas que en virtud de dicha ley, queden privadas del ejercicio de una actividad lícita.

Según fuentes conocedoras del proceso y de las condiciones del mercado eléctrico de la región Caribe, una fórmula que funcionaría sería una similar a la que se adoptó con la liquidación de Telecom, proceso en el que el Gobierno creó una empresa nueva, pero le vinculó capital privado, en este caso el de la española Telefónica.

SI NO LOGRA VENDERLA

Pero el campanazo del fracaso lo advirtió hace pocos días el mismo presidente Duque cuando le dijo al alcalde de Barranquilla Jaime Pumarejo que el Gobierno Nacional estaría contemplando la posibilidad de asumir la operación de energía en la Costa Caribe si a final de año ninguno de los proponentes cumple con las condiciones establecidas para comprar Electricaribe.

«A inicios del próximo año debe haber un nuevo operador en el Caribe colombiano, le hemos pedido al Presidente que nos dé la  buena noticia a todos los habitantes del Caribe antes del 24 de diciembre para  por fin adiós a Electricaribe», dijo Pumarejo.

Sin embargo,  el alcalde electo señaló que desde su administración y junto a la gobernadora electa, Elsa Noguera, también se ha pensado asumir la prestación del servicio para el Atlántico, pero que espera no tener que llegar a esta decisión porque confía en el proceso que viene desarrollando el Gobierno Nacional.

A finales de año el Gobierno espera subastar la operación de Electricaribe y encontrar una solución a la mala prestación del servicio de electricidad en la Costa Caribe, que en el momento está intervenida por el Gobierno Nacional con el fin de garantizar energía a esta zona del país.