Gobierno defiende aplazamiento de la venta de Electricaribe

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El Gobierno Nacional continuará apoyando a la compañía intervenida para asegurar la prestación del servicio de energía eléctrica en la costa Caribe.

La superintendente de Servicio Públicos, Natasaha Avendaño, explicó que la decisión de aplazar la subasta de Electricaribe se tomó para darle mayor certeza jurídica a las empresas interesadas. Según la funcionaria, hasta tanto no se apruebe la Ley de Financiamiento no se tendrán claras las reglas de juego para adelantar el proceso.

Avendaño reveló que las mismas empresas interesadas le manifestaron al Gobierno Nacional su preocupación sobre las normas tributarias, ante la inexequiblidad que declaró la Corte Constitucional sobre los artículos de la Ley de Financiamiento.

 “Nos manifestaron su preocupación, mucho más cuando se presentó el proyecto de ley en el Congreso, sin saber cuáles iban a ser las normas a futuro. Dentro de esas conversaciones, hubo solicitud en pensar en aplazar”, dijo Avendaño.

Ante esas solicitudes, la Superintendente aseguró que se tomó la decisión por “responsabilidad y certeza jurídica y tributaria, para no ir a causarle un detrimento al proceso en términos financieros o fiscales”.

Pese a los cambios, la ideal del Gobierno es que no se altere el objetivo de entregar en los primeros cuatro meses del año la operación de Electricaribe. “Seguiremos avanzando en las tareas necesarias y una vez tengamos la subasta esperaríamos que por el mismo tiempo, los cuatro primeros meses del año (2020), podamos hacer entrega”, agregó.

La funcionaria explicó que, tras la declaración de inexequibilidad, el Gobierno Nacional concluyó que varias de las normas iban a tener un impacto en la valoración de la compañía, como una reducción en el impuesto de renta y la tarifa especial para las mega inversiones.

 “Esto nos pone en un escenario que nos deja en una diferencia de valoración de medio billón de pesos que generaría una diferencia en el valor que los inversionistas tendrían que castigar la oferta vinculante que nos hagan”, explicó.

Bajo el nuevo cronograma, la presentación de sobres de oferta se realizará el 20 de febrero de 2020, la subasta por el mercado completo el 26 de febrero y por los mercados segmentados el 28 de febrero.

Según Avendaño, si no se llega a aprobar la Ley de Financiamiento, se harán las ofertas con la valoración de la empresa teniendo en cuenta las normas tributarias que estén vigentes en ese momento.

 “Los seis precalificados han tenido una interacción permanente, han mantenido su interés, algunos con mayores consultas que otros, pero podemos decir que hemos mantenido y hemos visto el interés de los participantes”, agregó la funcionaria.

Aveñando aclaró que un aumento por el cargo de distribución por las tarifas no va  haber este año y no habrá hasta que se conozca el nuevo operador que garantice nuevas inversiones.

La señora Avendaño agregó que espera que la Ley de Financiamiento quede expedida antes de finalizar el año, para que así cada proponente tenga aproximadamente un mes para analizar la situación con sus juntas directivas y enviar los sobres de ofertas el 20 de febrero y tener las subastas el 26 de febrero por la compañía completa y el 28 de febrero por Caribe Sol y Caribe Mar, una subasta en la mañana y otra en la tarde.

Ahora bien, en caso de que el Congreso no apruebe la Ley de Financiamiento, Avendaño indicó que se analizarán otras alternativas pero lo que sí queda claro es que independientemente de lo que pase el Gobierno Nacional garantizará la prestación del servicio.

 “Hemos mantenido la posición de que el gobierno garantizará la prestación del servicio público en la Costa Caribe, en la figura de intervención. Si tenemos un fracaso en la venta se mirarán las alternativas al interior de gobierno, de pasar a un esquema diferente a la intervención para garantizar la prestación del servicio, es una opción que hemos considerado pero todo está puesto en garantizar el éxito de ese proceso”, precisó.

Finalmente la señora Avendaño aclaró que pese a los cambios en el cronograma se estima que la entrega siga siendo entre los primero cuatro meses del 2020.

“Una vez tengamos las subastas esperaríamos mas o menos que en el mismo tiempo, los cuatro primeros meses del año, se entreguen las llaves, porque no vamos a parar las actividades que estamos haciendo por la movida del cronograma”.

LAS INVERSIONES

Mientras se hace realidad la llegada del nuevo operador, recordemos que el gobierno destinó $860 mil millones para el mejoramiento de redes y subestaciones de energía eléctrica en la Costa y así no permitir que colapse el servicio antes de lo pensado.

“El Gobierno Nacional está comprometido en garantizar los recursos para la operación, como hemos hecho en los últimos tres años, así como también los recursos para inversión, los $860 mil millones ya surtieron los trámites, la compañía terminó de contratar los primeros $125 mil millones del primer Conpes, los $735 mil millones restantes se van a contratar y se van a mantener en ejecución, que terminará el nuevo operador”.

Del total fueron priorizados $125 mil millones en obras y adecuaciones que ya fueron contratadas. De estos $125 mil millones iniciales, para Cartagena se destinaron alrededor de $11 mil millones que irán a mejoras de circuitos y sustitución de transformadores.

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