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Las 16 curules y la Ley de Víctimas, apuestas de la Mesa

Lo que dice el gobierno en cabeza del Consejero para la Reparación Emilio Archila, es que desde el Estado se están generando mecanismos en pro de las víctimas. «Hemos renovado la Unidad de Víctimas y un año y medio antes de que se venza la ley, esta se renovará», dijo Archila.

«Cuando llegué a mi casa encontré 11 hombres armados y encapuchados hablando con mi mamá», así recuerda Jhon Segundo Cardenas fue como llegó el conflicto armado para él y su familia en Casanare.

Jhon Segundo, que padece de enanismo y tiene 24 dedos, seis en cada extremidad, y es de tez morena, señaló que en 1998 empezó una disputa en Casanare luego de que asesinaran a uno de sus tíos. La persecución en su contra fue tan «agresiva» que tuvieron que sacar a su mamá a las 2:00 de la mañana río abajo hacia Vichada para evitar que atentaran contra ella de la misma forma como lo hicieron con su hermano.

El hombre, que hoy hace parte de la mesa departamental de víctimas de Vichada, dijo que se ubicaron en ese departamento y nunca pudieron regresar a su lugar de origen, pues la persecución en contra de su familia era feroz.

Tras toda la persecución y luego de que el Gobierno implementara acciones para ayudar a la víctimas del conflicto, Jhon Segundo logró vincularse a las iniciativas del Estado, que a su juicio, poco a poco han ido cumpliendo, pues hoy en día, hace parte de un proyecto productivo de ebanistería.

Sin embargo, aseguró que muchos de sus paisanos no han corrido con la misma suerte, pese a que el Gobierno ha entregado recursos para que los campesinos de esa zona surjan, Jhon Segundo precisó que en muchas ocasiones no les han cumplido con lo que han pactado.

Precisamente por eso, y por su condición de discapacidad, decidió ser parte de la mesa departamental de víctimas que lo llevó además a congregarse en Paipa (Boyacá) donde se instaló la nueva Mesa Nacional de Víctimas, que tiene diferentes enfoques y hechos victimizantes.

LA NUEVA MESA DE VÍCTIMAS

Por su parte, Orlando Burgos, quien se posesionó como el nuevo coordinador de la Mesa Nacional, aseguró que hay retos importantes en razón a su comunidad vulnerada.

Aseguró que le están apostando a que la ley 1448 que fue creada con ocasión a los acuerdos de paz, se amplíe por 10 años.

«La extensión debe ser con recursos. El monto es algo con lo que le debe cumplir el gobierno a las víctimas que son alrededor de 50 billones de pesos», precisó, y añadió que otro reto son las 16 curules en el Congreso, que también se pactó en el acuerdo final con las hoy extintas Farc. «Le estamos pidiendo a (presidente Iván) Duque que dé las curules. Además de las indemnizaciones».

Añadió que si «realmente quiere reparar a la víctimas lo que le solicitamos al gobierno es educación superior gratis, que nosotros tengamos derecho a estudiar para que las familias puedan surgir».

UN MILLÓN DE DÓLARES

Por su parte, lo que dice el gobierno en cabeza del Consejero para la Reparación Emilio Archila, es que desde el Estado se están generando mecanismos en pro de las víctimas. «Hemos renovado la Unidad de Víctimas y un año y medio antes de que se venza la ley, esta se renovará», dijo Archila.

Precisó que el Estado ha priorizado 170 de los municipios más afectados por la guerra, por lo que no descartan usar recursos adicionales como el del fondo multidonante donde hay un millón de dólares para las reparaciones colectivas.

«Son gigantescos los presupuestos para las víctimas, se incrementó en el Plan Nacional de Desarrollo nos autoimpusimos metas. Incluimos el concepto la hoja de ruta para los temas de planeación y retorno de quienes han sido desplazados», aseguró.

Por último, señaló que trabajan desde el Estado para evitar que la vulneración a la víctimas vuelva a ocurrir.

Por otro lado, el Director de la Unidad de víctimas, Ramón Rodríguez, aseguró que el foco de trabajo de la mesa nacional es hacer incidencia frente a la política pública hacia la víctima en escenarios de reparación prevención y retorno. «Es histórico porque la mesa que va a trabajar de la mano del gobierno para la prorroga de la ley».

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