Chile sacudido y perplejo por estallido que no para

Desde aquel viernes 18 de octubre, cuando el aumento en la tarifa del metro destapó ira en las calles de Santiago, los chilenos reclaman contra las desigualdades en un país con una economía próspera de libre mercado pero con un Estado ausente o laxo en educación, salud y pensiones.

A tres semanas de manifestaciones pacíficas y disturbios muy violentos, gran parte de la ciudadanía sigue pidiendo correcciones a las desigualdades, pero Chile luce perplejo ante un descalabro social que se alarga sin que sus autoridades den con la fórmula para bajar la tensión.

«La tercera marcha más grande de Chile» o «La tercera es la vencida», son las consignas para este viernes en la tarde, cuando diversas agrupaciones se sirven de Whatsapp, Facebook e Instagram para convocar a marchas pacíficas que buscan rivalizar con los 1,2 millones de personas que el 25 de octubre se reunieron históricamente en el centro de Santiago, y con otra no tan multitudinaria del 1 de noviembre.

Pero los incidentes violentos, liderados por encapuchados que se suceden desde el 18 de octubre también han desinflado las convocatorias multitudinarias.

«Desafortunadamente las necesidades de la gente están siendo el ‘Caballo de Troya’ para todo lo malo que está pasando en la calle», dijo Hernán, un conserje de un edificio de Santiago, de 60 años, indignado con la destrucción que ve a diario.

Desde aquel viernes 18 de octubre, cuando el aumento en la tarifa del metro destapó ira en las calles de Santiago, los chilenos reclaman contra las desigualdades en un país con una economía próspera de libre mercado pero con un Estado ausente o laxo en educación, salud y pensiones.

Veinte muertos y más de mil heridos dejan tres semanas de manifestaciones diarias, que muchas veces terminan en disturbios, afectando a pequeños y medianos empresarios de una de las economías más estables de América Latina.

Felipe Berríos, sacerdote jesuita y referente de opinión pública, dijo a la AFP que cree que el gobierno de Sebastián Piñera, uno de los hombres más ricos de la región, ha sido muy lento para reaccionar, porque justamente está tocando intereses de los más poderosos.

«Hay cosas urgentes como el tema de las pensiones, el sueldo mínimo (de 418 dólares). Eso es para calmar la fiebre, pero para terminar con la enfermedad se requiere hacer un cambio de Constitución, ya que tenemos una que protege el privilegio de algunos, entonces es un desafío mayor y por eso es que hay tanta tensión», indicó Berríos.

Una reforma a la carta magna, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-90), parece ser la propuesta clave para salir de una crisis que el gobierno se empeña en tratar como un tema de desorden público.

Para la activista Javiera Parada, exagregada cultural de Chile en Estados Unidos durante el gobierno de la socialista Michelle Bachelet (2014-18), «claramente ha habido una falla en el sistema político». «El descontento ciudadano es con una política que no está al servicio de la gente», dice.

Parada renunció al partido de izquierda Revolución Democrática tras rechazar el respaldo que esa agrupación le dio a una acusación constitucional para destituir a Piñera. En una carta pública, pidió a sus pares responsabilidad política y unidad.

«Cuidado con bajar los estándares democráticos cuando nos conviene», advirtió esta actriz y política, de 45 años, cuyo padre, José Manuel Parada, fue asesinado durante la dictadura.

Como promotora de cabildos ciudadanos, Parada ve un proceso Constituyente como solución. «Creo que sin ese horizonte constitucional no habrá manera de descomprimir la movilización», agrega.

SANTIAGO DE CHILE AFP