Contratista de ‘apoyo’ para el alumbrado público debe suspenderse: Contraloría

Una situación que podría terminar afectando los bolsillos de los samarios, en tanto exista un escenario de demanda por parte de un privado al Distrito, es el que alertó la Contraloría Distrital tras las indagaciones realizadas a las fórmulas actuales de cobro del impuesto de alumbrado público en la ciudad.

La alerta que emite el representante del órgano de control en la ciudad, Edilson Palacio Castañeda manifestó que un derecho de petición interpuesto por un ciudadano ante la Contraloría General de la República y que fue remitida a su contraparte en Santa Marta fue el detonante de una investigación que hoy evidencia presuntas irregularidades en lo que respecta al cobro del alumbrado público.

En un comunicado de prensa emitido por el ente, se señala que, “dentro de las presuntas irregularidades señaladas por el denunciante se encuentra que el Distrito está cobrando el impuesto de alumbrado público, como un porcentaje sobre el valor mensual de la facturación por servicio de electricidad y no como un costo de servicio de alumbrado público, lo que genera el cobro de valores mayores a los que establece la Ley” precisa el documento.

Además, agrega la alerta del ente de control que frente a este hecho se incorporó al proceso auditor que se encontraba ejecutando a la Concesión Alumbrado Público de Santa Marta, las denuncias ciudadanas, determinándose 5 hechos que sustenta el llamado de atención sobre un escenario no beneficioso para el Distrito a futuro.

Según la Contraloría Distrital, el artículo 2.2.3.6.1.7 del Decreto 943 del 30 de mayo de 2018, menciona que para establecer el impuesto de alumbrado público los municipios y Distritos deben aplicar como mínimo, los siguientes criterios, “el tipo de usuario, el estrato, la ubicación geográfica, la tarifa del servicio de energía aplicable, y el valor del impuesto predial, en el caso de los usuarios que no estén conectados al servicio de energía eléctrica” señala Palacio Castañeda.

Tras las indagaciones realizadas se evidencia que “la Administración Distrital tiene regulada la tarifa de Alumbrado Público a través del Acuerdo Distrital No. 04 de diciembre 16 de 2016, sin embargo, no ha sido actualizado conforme a las disposiciones del Decreto 943 de 2.018 «Artículo 2.2.3.6.1.7.- Criterios técnicos para la determinación del impuesto de alumbrado público, se entiende entonces que el Distrito está incumpliendo dicha disposición, toda vez que el acuerdo no establece los requisitos descritos en el mencionado artículo” reza el comunicado de prensa.

Estos hechos según el ente de control dan «como resultado de la evaluación adelantada, esta contraloría determinó hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por incumplir el Decreto 943 de 2.018 «Artículo 2.2.3.6.1.7.- Criterios técnicos para la determinación del impuesto de alumbrado público” precisa.

DEBE SUSPENDERSE ELECCIÓN DE CONTRATISTA “APOYO”:

Teniendo en cuenta que en la actualidad está vigente el proceso de elección de un contratista que preste los servicios de operación, administración y mantenimiento del sistema de alumbrado público en el Distrito, específicamente a través de la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta, Essmar, en declaraciones a HOY DIARIO DEL MAGDALENA el contralor distrital, Edilson Palacio Castañeda hizo un llamado para que se suspenda este proceso.

Según Palacio Castañeda las condiciones que hoy se están fijando para poder contratar al nuevo operador que vaya a prestar los servicios a la Essmar, van a ser sobre unos valores que hoy se facturan de manera indebida porque no se está aplicando la norma, lo que a futuro causará acciones legales por parte del privado contra el Distrito y que de llegar a ser contrarias terminaría perjudicando el bolsillo de los samarios.

 “Al tomarse esos ítems que establece la Ley, muy seguramente dará un valor inferior si se compara con los valores que se cobran en la actualidad, lo que causaría un desequilibro financiero al nuevo operador y de esta manera podría abrirse la posibilidad a una demanda de ese contratista toda vez que este irá a conseguir el valor que se fijó en las condiciones” precisó el Contralor Distrital.

 Ante esto el representante del órgano de control fiscal en el distrito aseguró que el proceso que avanza de forma rápida y que para el próximo 15 de noviembre está programado su elección, “debe suspenderse ese proceso hasta tanto no se conozca verdaderamente lo que debe facturarse como impuesto de alumbrado público, es decir, todos los estudios que establece el decreto que regula la facturación y las formulas de cobro del impuesto de alumbrado público” señaló en declaraciones a HOY DIARIO DEL MAGDALENA el contralor distrital, Edilson Palacio Castañeda.

Según lo manifestado por el Distrito, la polémica contratación en la que se postularon dos interesados entre esos, la Unión Temporal Dypilect y el Consorcio Santa Marta Iluminada y Segura – Conlus, no debe confundirse con una concesión se realiza por la necesidad de concentrar en un solo contratista la operación de varios de los procesos que requiere el alumbrado público, siendo que en la actualidad se tiene subcontratado a diferentes empresas, y con esta decisión se está buscando economía a escala maximizando los recursos por un período más extenso.

De acuerdo, a declaraciones previas del alcalde Rafael Martínez la escogencia de este contratista que será como un apoyo para la Essmar en la operación del alumbrado público de las 33 mil luminarias de la ciudad por los próximos 10 años, en una operación avaluada en $71 mil 432 millones, “el contratista elegido le presenta factura a la Essmar, así como lo hacemos con todo lo que nos prestan servicio, miramos y verificamos las tareas desarrolladas, entonces aquí no hay una delegación del recaudo y por consiguiente de la prestación del servicio, sino lo que hay es un apoyo cómo se contrata por ejemplo en el acueducto, donde nosotros contratamos quién nos suministran los químicos, el personal, el software” aseguró el alcalde Martínez frente a las voces de le entrega de una nueva concesión en la ciudad.