Alcaldes podrían decretar la ley seca

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Las centrales obreras del país y distintas organizaciones sociales  participaran este jueves 21 del paro nacional promovido contra el Gobierno del Presidente Iván Duque.

En las próximas horas el presidente Iván Duque expediría un decreto para que alcaldes y gobernadores puedan poner ley seca en las zonas del país donde lo consideren pertinente para el paro del 21 de noviembre

La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, aseguró que para garantizar el orden público se puede decretar también el toque de queda.

Por otro lado, desde el Gobierno Nacional también se está contemplando la posibilidad del cierre de fronteras aunque no se ha definido el tiempo de cierre ni el día.

Cabe recordar que el cierre de las fronteras se podría dar luego de que Migración Colombia informara que 14 extranjeros fueron capturados porque pretendían infiltrarse en la marcha y realizar actos vandálicos.

La ministra Gutiérrez aseguró que las medidas para las marchas del 21 de noviembre se extremaron debido al ambiente que se presenta en otros países de la región como Chile y Bolivia.

 “Definitivamente es compleja la situación en otros países de América Latina y eso genera preocupación (…) En el supermercado, en la iglesia, en los restaurantes me preguntan que si estamos seguros y yo les respondo como Gobierno y les digo que claro que estamos seguros”, añadió la funcionaria.

FISCALES ESPECIALES

Para actuar de manera coordinada con la Policía Nacional y con el propósito de atender cualquier situación irregular o de violencia en el país durante el paro del próximo 21 de noviembre, el fiscal general (e), Fabio Espitia, anunció la conformación de un grupo especial de investigadores para judicializar y actuar de manera inmediata ante cualquier eventualidad.

 “La Fiscalía dispuso de un grupo de fiscales asistentes investigadores, para atender situaciones irregulares que se presenten durante las jornadas de paro”, dijo Espitia, durante los anuncios de medidas especiales de cara a las marchas del jueves de esta semana.

Aseguró también que “en cada seccional habrá 107 fiscales; 48 especializados y 58 de URI (Unidades de Reacciones Inmediata) que adelantarán las judicializaciones ante conductas delictivas”.

Por su parte la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, reiteró que fue activado el Puesto de Mando Unificado (PMU) para verificar la seguridad en la jornada de paro.

 “El Estado garantiza el derecho a la protesta pacífica; rechazamos los actos de violencia que se puedan estar tramando para ese día, pero tengan la seguridad que el Estado estará preparado para garantizar el orden público y la seguridad”.

Agregó que en las próximas horas se expedirá un decreto para facultar a alcaldes y gobernadores para que definan si hay o no toque de queda en sus territorios y por cuenta de los riesgos en materia de seguridad.

Según la ministra Gutiérrez, “las decisiones que se tomarán a nivel local corresponden a las evaluaciones que hagan las autoridades territoriales con las Fuerzas Militares y la Policía Nacional”.

Al respecto, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, aseguró que garantizarán la protesta pacífica pero recalcó que no permitirán actos violentos: “Continúa el proceso de coordinación con el fin de garantizar el ejercicio de la protesta pacífica y, naturalmente, avanza también el proceso para hacer frente a manifestaciones violentas”.

El presidente de la República, Iván Duque, aseguró en las últimas horas que respalda la protesta pacífica en el país, pero recalcó que ante disturbios y vandalismos la fuerza pública será la única que podrá actuar.

 “Son estas fuerzas las que deben garantizar la protesta pacífica como expresión de la democracia, pero son las mismas que deben proteger a los ciudadanos para que no haya vandalismo, agresiones y tampoco pretendan algunos usurparle las acciones que solo le corresponden a la fuerza pública”.

El mandatario de los colombianos hacía referencia al anuncio de grupos “antidisturbios” en Bogotá y Medellín, que aseguraron que neutralizarían cualquier acción delincuencial.

Las intenciones de estos grupos se dieron a conocer en un video que circula en redes sociales, donde el abogado Jaime Restrepo, conocido como ‘El Patriota’, anunció la creación de un grupo antidisturbios en Antioquia, a propósito de la movilización nacional del próximo 21 de noviembre.

APOYO DE LAS BARRAS

Las barras de los equipos de fútbol Millonarios, Santa y Fe y Nacional fueron de las últimas organizaciones en anunciar que se suman a la marcha del próximo jueves 21 de noviembre. Con ellos, la convocatoria ya suma a sindicatos, estudiantes universitarios, comunidades étnicas, campesinos, así como a artistas y miembros de la farándula.

El presidente de la Confederación General de Trabajadores (CGT), Julio Roberto Gómez, reiteró durante el fin de semana que el compromiso de los participantes de las manifestaciones es salir a las calles de forma pacífica y destacó que se marchará sin máscaras ni capuchas. También dijo que está al tanto de los planes de las autoridades para evitar que haya infiltraciones violentas en las protestas.

SEGURIDAD, LA GRAN PREOCUPACIÓN

Al respecto, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, dijo que se han adelantado planes conjuntos de seguridad con alcaldes y gobernadores para identificar los posibles riesgos que se puedan presentar en las aglomeraciones y crear planes de atención.

Sin embargo, la Ministra hizo énfasis en que la “Fuerza Pública estará disponible para intervenir en algún sitio donde haya alteraciones”.

EXPULSAN EXTRANJEROS

En las últimas horas Migración Colombia expulsó del territorio nacional a 6 ciudadanos extranjeros, todos de nacionalidad venezolana, quienes se encontraban realizando actividades que afectarían el orden público y la seguridad ciudadana. Se estima que podrían haber afectado las marchas del 21, según labores de inteligencia.

Los extranjeros, 4 hombres y 2 mujeres, fueron ubicados en diferentes procedimientos adelantados, de manera conjunta entre Migración Colombia y la Policía Nacional, en la ciudad de Bogotá y el municipio de El Rosal en Cundinamarca.

Tras adelantar las verificaciones correspondientes, los 6 ciudadanos extranjeros fueron notificados de la medida de expulsión en su contra, por parte de la Regional Andina de Migración Colombia.

Una medida discrecional y soberana, que les impediría la entrada al territorio nacional hasta dentro de 10 años, tiempo después del cual deberán tramitar una visa para poder ingresar al país.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

El Gobierno Nacional publicó el borrador de un decreto con medidas de seguridad relacionadas con el paro nacional convocado por varios sectores para el próximo jueves 21 de noviembre en las principales ciudades del país.

El documento explica que se suspenderá el porte de armas, de acuerdo con lo que dispone el decreto 2362 del 24 de diciembre 2018 y serán cerradas las fronteras desde las 00:00 horas del 21 de noviembre, por 24 horas.

“Se exceptúan de la restricción los tránsitos que deban realizarse por razones de caso fortuito o fuerza mayor, así como los tránsitos Aduaneros Internacionales de Mercancías que se encuentren autorizados desde una aduana de partida ubicada en el exterior o por una aduana colombiana; que por términos deban cruzar la frontera para darle cumplimiento al Régimen de Tránsito”, aclara el borrador.

Asimismo, el Gobierno explica en el documento que los alcaldes y gobernadores locales deberán dictar la medida de toque de queda, restricción de venta de alcohol y restricción de circulación de personas por vías y lugares públicos “si la situación de conservación o alteración del mismo lo amerita”.

“Las medidas deberán ser aplicadas de forma exclusiva para mantener el orden público o restablecerlo si fuere turbado, pero en ningún caso podrán tener por objeto limitar o impedir la protesta social y el derecho a la libre expresión conexo al mismo”, agrega el borrador.

El decreto no ha sido firmado ni publicado y empezará a regir una vez sea publicado. En las últimas horas el presidente de la República, Iván Duque, aseguró que los alcaldes y gobernadores locales deben garantizar el derecho a la protesta pacífica.

El Jefe de Estado dijo que la manifestación es un derecho constitucional pero el Gobierno debe garantizar la seguridad, por lo que rechazó que se den actos violentos y que se generen sentimientos exacerbados.

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