Contraloría afirma que SGP no ha servido para reducir inequidad en las regiones

El contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, afirmó que el Sistema General de Participaciones (SGP) no ha logrado reducir de manera contundente las brechas sociales y los niveles de inequidad en los regiones de Colombia.

“El SGP ha terminado siendo víctima de los corruptos, que han acudido a maniobras criminales como inventarse pacientes inexistentes para apoderarse de recursos que debían favorecer a la población más pobre, aseguró Maya Villazón.

Estas afirmaciones las hizo el funcionario, luego de que la entidad realizara un estudio sobre brechas de desigualdades en las regiones del país. Una de las principales conclusiones del estudio es que los municipios más alejados y en estado de pobreza son los más vulnerables a este flagelo.

El informe se centró en evaluar los resultados del SGP específicamente en los sectores de Educación y Salud. Otra de las conclusiones fue que los recursos del sistema no cumplen su objetivo y no se está verificando su destinación real.

“Esta situación la están aprovechando los corruptos, tal como se ha visto con los casos del ‘Cartel de la hemofilia en Córdoba’ y el ‘Cartel de los enfermos mentales en Sucre’, ambos puestos al descubierto por la Contraloría en sus labores de vigilancia a los recursos que hacen parte del Sistema General de Participaciones”, dice el texto.

El contralor anunció nuevas acciones contra estos carteles de la corrupción y  citó algunas de las brechas sociales que detectó el estudio de la Contraloría:
“Existen territorios en nuestro país, con índices de desarrollo humano similares al de países europeos de desarrollo medio-alto. Y mientras ello sucede, otras regiones del país presentan indicadores de desarrollo solamente comparables con los países más pobres del planeta”, señaló Maya quien también mencionó graves cifras de inequidad que se dan en el país: “En términos de producción, el PIB per cápita de Bogotá corresponde a casi 5 veces el del Vaupés”, precisó y añadió que mientras que en Bogotá el 4,7% de las personas son pobres, en la Región Pacífica (sin incluir Valle) la cifra asciende a 33,8%.

Según la Contraloría en la Región Atlántica la pobreza llega a 31,2%. “En términos de esperanza de vida, un bogotano vive 79 años, en comparación con los 71 que vive un chocoano o un caqueteño”, precisó el ente de control.

Según el contralor, la distribución del SGP debe ser más diferencial y progresiva: los municipios más pobres deberían recibir un SGP per cápita superior al promedio y notoriamente mayor al de los municipios más ricos, que pueden generar recursos propios.

 

ACCIONES CONTRA EL CARTEL DE CORRUPCIÓN

El contralor anunció que pronto se tomarán nuevas medidas procesales contra los funcionarios públicos  involucrados en el llamado  Cartel de la Hemofilia, entre las que se incluyen los embargos a que haya lugar.

“Lo irónico en el departamento de Córdoba es que en 2016, bajo la administración de un Gobernador diferente al primer autor, se hicieron nuevamente pagos irregulares por más de 1500 millones de pesos, por los mismos conceptos que ya se habían evidenciado, y que de manera inédita dimos a conocer al país”, afirmó Maya.

Sobre el caso del Cartel de los Enfermos Mentales en Sucre, afirmó que le solicitó al Fiscal General de la Nación la acreditación probatoria de las maniobras fraudulentas y delictivas usadas para estructurar el desfalco, y proceder así a obtener el levantamiento del velo corporativo de las sociedades IPS’s involucradas, que fueron utilizadas como fachada para adueñarse de los recursos del SGP.

“Las acciones de la Contraloría en este caso no se limitarán a la responsabilidad de los funcionarios implicados, sino que la colaboración con el fiscal y el procurador, nos permitirá perseguir de manera directa el patrimonio individual de los accionistas y administradores de dichas IPS’s, que incurrieron en maniobras fraudulentas y que dieron origen al daño patrimonial a los recursos de la salud”, explicó Maya Villazón.

El próximo mes, la Contraloría publicará los resultados de una nueva auditoría a las vigencias 2012 y 2013,  en las que se hicieron pagos a favor de tres IPS’s que atendían igualmente supuestos pacientes de enfermedades mentales, y donde se hicieron pagos por más de 3000 millones de pesos.

 

EL PAE

Actualmente, la Contraloría adelanta nuevas auditorías al Programa de Alimentación Escolar (PAE). En el departamento del Magdalena, la entidad ha evidenciado nuevamente irregularidades en el proceso de selección de los contratistas, violando el deber de selección objetiva, así como graves demoras en la contratación que el año pasado llevaron a que se dejaran de entregar más de 2’300.000 raciones de alimentos.

“Igualmente estamos adelantando una Auditoría de Cumplimiento a los recursos del SGP ejecutados por el Distrito de Cartagena, y dentro de las próximas semanas daremos a conocer los resultados con relación al Programa de Alimentación Escolar, cuyas 2 últimas contrataciones superaron los 32.000 millones de pesos”, agregó el contralor.

Para el año 2016 el PAE en Cartagena presentó una cobertura sólo del 58%, sustancialmente menor a la cobertura de otros entes territoriales como el departamento del Chocó que atendió el 88%, y la ciudad de Montería, que tuvo una cobertura de casi el 80%.

“Cartagena no ejecutó el Programa desde el primer día del calendario escolar, lo que afectó a la población estudiantil. Pese a lo anterior, en abril de 2016, el alcalde que hoy se encuentra bajo medida de aseguramiento, declaró una urgencia manifiesta para poder celebrar de manera directa la contratación del PAE, situación que fue aprobada, muy a pesar de su evidente ilegalidad e irregularidad, por la contralora de esa ciudad”, agregó Maya.  Colprensa.