Atentado a estación de policía: La nueva posible amenaza que hay en el Atrato

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Esta semana, mientras que después de 17 años los bojayaseños terminaban de enterrar los muertos de la masacre del 2002, una nueva amenaza se cernió sobre la población: fuentes de inteligencia le confirmaron a Colprensa que fueron alertados de un posible atentado que se pretende realizar a la Estación de Policía de Vigía del Fuerte, Antioquia.

El ataque que supuestamente estaba pronosticado para hacerse semanas atrás, incluso antes de que llegaran a la zona los cuerpos de la masacre del 2 de mayo de 2002, sería perpetrado por miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Fuentes oficiales señalaron que la intención sería disparar tres lanzagranadas y hostigar con ráfagas de fusil durante la noche, mientras se movilizan en una embarcación que subiría por el río Atrato.

En este momento, las autoridades estudian el riesgo que una situación de estas puede causar a los habitantes de la ladera del río. Pues en caso de que ocurra, los subversivos podrían continuar navegando hasta Bellavista, Bojayá y delinquir en esa zona.

El riesgo que padecen los bojayaseños no es ajeno a las autoridades ni a los habitantes de la región, pues en el marco de la entrega e inhumación de los cuerpos, la comunidad alertó sobre el desamparo que sufren de parte del Gobierno de Iván Duque.

“El Gobierno colombiano no ha sido efectivo en garantizar los derechos de esta población. Antes, por el contrario, nuevamente se percibe una actitud omisiva y complaciente con el accionar de los actores armados”, fue lo que expuso un representante de la comunidad tras señalar que, a pesar de que la Defensoría del Pueblo ha emitido dos alertas tempranas y cinco informes de consumación de Riesgos, la situación sigue siendo la misma.

Además de esto, señalaron que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas ha documentado sobre hechos violatorios a los derechos humanos en contra de la población del municipio de Bojayá.

Del mismo modo, argumentaron que las organizaciones afro e indígenas y la diócesis de Quibdó, durante el periodo del mandato de Duque, han emitido diferentes comunicados y denuncias a la opinión pública sobre la grave crisis que viven los pobladores del municipio.

Para el representante y sus comunidades, “lo que se pretende con esta vulneración de derechos a los pueblos étnicos, es apoderararse de nuestros recursos económicos, específicamente la explotación de recursos naturales y mineros que se encuentran en el municipio”.

El representante señaló que el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o más conocidas como el ‘Clan del Golfo’ hacen presencia en el sector, imponiendo control del territorio social, político, económico, desconociendo los reglamentos internos.

“Lo paramilitares exhiben su poderío militar en armas y hombres, siendo evidente que su desabastecimiento lo hacen abiertamente por el río Atrato en embarcaciones tipo bote y pangas, en algunos casos con centenares de combatientes”, expresó y añadió que todo esto ocurre bajo “la mirada impávida del control de la Fuerza Pública.

Para la comunidad es claro que nuevamente “se ciernen sobre nuestros pueblos y territorios hechos amenazantes de desplazamiento, confinamientos, masacres, torturas, desapariciones y reclutamiento, que creíamos superadas con el acuerdo de paz”.

Por su parte, Yuber Palacios miembro del Comité de Víctimas de Bojayá anunció que los acuerdos “nos dieron una luz de esperanza. Por unos meses logramos vivir en una falsa ilusión”.

Para Palacios, no es descabellada que una situación como la de 2002 vuelva a ocurrir pues se ha vuelto aparecer temor en la comunidad por cuenta de reclutamientos, desplazamientos y asesinatos.

Por eso, aseguró que “les decimos a los actores que no los queremos en este territorio”.

BOJAYÁ, CHOCÓ (Colprensa).

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