¿Pasó el examen Carlos Holmes en su estreno como Ministro de Defensa?

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Con menos de una semana en el cargo el nuevo ministro de Defensa,  Carlos Holmes Trujillo, ya tuvo que cumplir con la difícil tarea de planear todo el dispositivo en materia de orden público de cara a la jornada de protesta del 21 de noviembre./Colprensa

Carlos Holmes Trujillo apenas cumplió una semana como Ministro de Defensa y tuvo que planear todo el dispositivo en materia de orden público de cara a la jornada de protesta del 21 de noviembre. Esa fue su bienvenida. Previo al jueves, el excanciller dio las declaraciones a medios desde el puesto de mando unificado que se hizo desde la Dirección de la Policía, donde se monitoreó la jornada, pero el jueves quien tuvo la vocería fue la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez.

El inexplicable cambio tuvo motivos políticos, según versiones internas desde el propio Ministerio. El día anterior fue revelada una conversación entre el embajador de Colombia ante los Estados Unidos, Francisco Santos, y la designada canciller Claudia Blum, que dejó al país con la incertidumbre de si Trujillo era un buen estratega.

No fue la única controversia que tuvo que sortear previo a la masiva movilización convocada por diferentes sectores en atención a las reformas planteadas por el Gobierno en varios frentes. El ministro también se vio obligado a responder por unos cuestionados allanamientos que se hicieron en Bogotá y que, supuestamente, tenían como fin contrarrestar los actos vandálicos.

Las sedes del Congreso de los Pueblos, del Movimiento Estudiantil Anarquista y de la revista cultural Cartel Urbano hicieron parte de las 27 diligencias adelantadas por la Policía, previa información de inteligencia y que tuvieron el visto bueno de la Fiscalía, según lo confirmó horas después el fiscal interino Fabio Espitia.

En Cartel Urbano revisaron instalaciones, incluso de la contabilidad y de los documentos de constitución del medio de comunicación. Una de las periodistas del medio, que pidió no ser identificada, aseguró que los uniformados se llevaron material gráfico de la redacción.

La Fundación para Libertad de Prensa, FLIP, rechazó estos procedimientos y los calificó como una clara muestra de agresión, ya que a partir de ese momento se gestó un ambiente de miedo y censura entre los medios de comunicación y colectivos que hacen uso de su libertad de expresión para informar u opinar sobre asuntos de interés público.

“Desde el punto de vista de la FLIP, la justificación para el allanamiento fue insuficiente, el procedimiento no se realizó bajo las garantías de ley y se realizaron acciones que violaron la reserva del archivo y la fuente periodística”, señaló la organización.

Sobre este punto, Yessica Hoyos, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, señaló que es importante tener en cuenta que la hora establecida para realizar allanamientos es entre las 6:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde.

“Se puede hacer un allanamiento después de este horario, pero tiene que dar presencia del Ministerio Público. Si se allana un lugar en horas de la noche o en la madrugada se tiene que exigir el derecho a que se presente un miembro de este”, recalcó Hoyos.

Aunque el general Gustavo Moreno, subdirector de la Policía, insistió que los materiales hallados iban a ser empleados para ocasionar caos y vandalismo en la ciudad, en diez allanamientos los jueces de garantías decretaron la ilegalidad de los procedimientos, porque no se encontraron elementos de prueba suficientes que permitieran vincular dichos objetos con eventuales conductas criminales.

OTRAS MEDIDAS

El Gobierno facultó a gobernadores y alcaldes para que, “en uso de facultades legales y constitucionales”, adoptaran las medidas que consideraran pertinentes de acuerdo a la situación que se vivieran en sus ciudades y departamentos. Fue así como el alcalde de Cali, Mauricio Armitage, y el de Facatativá, Pablo Malo García, optaron por decretar el toque de queda debido a la violencia desbordada el jueves.

Enrique Peñalosa, mandatario de Bogotá, hizo lo propio el viernes, primero en Bosa, Kennedy y Ciudad Bolívar, y posteriormente para el resto de la ciudad, cuando la situación de orden público se salió de control por cuenta de los saqueos a medianos y grandes supermercados, así como las reyertas entre fuerza pública y vándalos que se enfrentaron con lo primero que encontraban para lograr su cometido.

También se prohibió la venta y consumo de alcohol en la ciudad, comúnmente llamada ley seca, para garantizar el orden y la seguridad.

Las medidas, sin embargo, fueron tomadas en una ciudad en la que ya había presencia de militares en las calles por cuenta de una petición de la administración surgida tras un consejo de seguridad una semana antes del 21N y ante la cual también tuvo que responder Trujillo, quien negó que se tratase de una militarización.

“En Bogotá, por solicitud de las autoridades locales durante un consejo de seguridad, se acordó el acompañamiento de miembros de la Brigada 13 a los patrullajes de la Policía hasta el miércoles 20 de noviembre”, dijo en conferencia de prensa previo al día del paro y desde el puesto de mando unificado en la Dirección General de la Policía.

La presencia de los militares en las calles no fue de buen recibo por parte de analistas. Néstor Rosanía, director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz, consideró que las fuerzas militares en los centros urbanos es una condición atípica en el mundo.

“Creemos que eso es antilógico, por eso cuando llegan los extranjeros se asustan tanto, porque ver un batallón en la mitad de la ciudad, eso no pasa”, señaló el experto en temas de seguridad.

Por su parte, el constitucionalista Víctor Hugo Vallejo recalcó que el caso de Tunja el pasado jueves 21 de noviembre, en el que la marcha fue completamente pacífica sin la presencia del Esmad, se dio por el consenso entre ciudadanos y fuerza pública, para que se dieran estos espacios sin ningún altercado de por medio. “Por medio del diálogo entre las partes, se puede dar pie para que se realice un acto ciudadano sin eventos que perturben su realización”, enfatizó.

En su explicación apuntó que esa disposición envía un mensaje a la comunidad de que el control de la situación en las calles no fue respondido de la mejor forma por la Policía, a quien le corresponde garantizar el orden en las ciudades. De allí que en caso de disturbios el Escuadrón Móvil Antidisturbios y la Fuerza Disponible sean los cuerpos encargados de disipar estas protestas.

No obstante, sobre el Esmad pesa un estigma por no acatar un protocolo de actuaciones. Previo a la jornada, desde la Dirección de la Policía promovieron la estrategia #NuestroEsmad con el que, mediante el uso de vídeos y testimonios de quienes conforman esta unidad, pretendían darle un carácter más humano a los que están detrás del uniforme.

La campaña se desdibujó por dos razones: la primera, como sucedió en 2014 cuando la Policía de Nueva York promovió la campaña #MyNYPD en la que invitaban a los neoyorquinos a que compartieran imágenes de las buenas acciones que hacían los uniformados en la llamada capital del mundo.

El efecto fue negativo ya que la gente publicó imágenes de agresiones y abuso policial. En Colombia sucedió igual y los tuiteros emplearon la misma etiqueta para denunciar acciones de sus integrantes en diferentes ciudades colombianas.

La otra razón que mandó al traste la estrategia fueron las imágenes del desproporcionado uso de fuerza de un patrullero, de apellido Cardozo, contra una mujer a la que le propinó una patada en la cara. También se replicaron grabaciones de los disparos de bombas de aturdimiento que hicieron a marchantes que protestaban de manera pacífica.

En el último reporte del puesto de mando unificado, que fue entregado poco antes de la 1:00 de la mañana del viernes, Trujillo dijo una y otra vez que había un total respaldo a las actuaciones de la fuerza pública. En su intervención, la única de la jornada, antes de dar el panorama de daños y ataques, se refirió a los uniformados que, presuntamente, fueron atacados.

“70 miembros de las Fuerzas, entre ellos 14 mujeres, fueron agredidos por la turba violenta que causó daños en distintas ciudades. (…) La Fuerza Pública cumplió con el deber de hacer frente mediante el uso de la fuerza legítima a los violentos”, dijo.

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