El esfuerzo para llegar a las víctimas que aún no han declarado

327

El 5 de julio pasado, no hubo clases en la escuela del corregimiento El Caramelo de Tierralta (Córdoba), pero el bus escolar recorrió la misma ruta de todos los días.

En vez de recoger a los niños de la zona para ir a estudiar, en él se montaron las víctimas del conflicto que viven en el corregimiento. Todos iban a la escuela, pero no a recibir clases, sino a declarar su condición de víctimas.

En esta zona, ubicada muy cerca de Santa Fe de Ralito, el corregimiento que sirvió entre 2003 y 2006 como zona de ubicación de los paramilitares, alrededor de 200 familias cumplieron en un mismo día con este requisito que exige la ley.

Además de la presencia paramilitar, esta zona fue afectada en muy diferentes formas por el conflicto. Allí viven víctimas de desplazamiento forzado, de despojo de tierras y de violencia sexual, entre muchos otros crímenes. Aún así, buena parte de las víctimas sigue aún sin ser reconocida como tal.

“Tierralta, que es un municipio que tiene cinco desmovilizaciones, siempre ha estado azotado por la violencia y a las víctimas en algunos casos les ha tocado convivir con los victimarios. Es difícil venir a hacer una declaración de un hecho victimizante y regresar a sus tierras. Por eso, por miedo, muchas personas nunca hicieron su declaración”, manifiesta Orlando Triana, coordinador de la mesa de víctimas del municipio de Tierralta.

Lo más grave para ellas es que el plazo para declarar la condición de víctimas, ya está vencido. De acuerdo con la ley 1448 de 2011, las víctimas tenían un plazo de 2 años, luego de expedida la ley, para registrarse. Aunque la misma ley prevé algunas excepciones, en general, esa posibilidad ya está cerrada para la gran mayoría de las víctimas.

Solo probando razones de fuerza mayor es posible para ellas registrarse. Con la esperanza de que el temor sea reconocido como una causa de fuerza mayor, las víctimas de El Caramelo se acercaron ese día a la escuela del corregimiento.

La actividad de registro fue posible gracias a una jornada especial de atención que, con apoyo del programa de Justicia para una paz sostenible, de USAID, varias entidades llevaron a cabo en ese corregimiento.

El propósito de la jornada, similar a otras que se han llevado a cabo en diferentes lugares del país, era que los habitantes de la comunidad pudieran tener más cerca a entidades como la Fiscalía o el Bienestar Familiar, entre otras, a las que en condiciones normales podrían tardar horas en llegar por las dificultades de desplazamiento que hay en estas zonas. En el caso de las víctimas, la Personería de Tierralta es la entidad que de acuerdo con la ley está habilitada para recibir su declaración.

“Nos preocupa que hay muchas zonas abandonadas, muchas comunidades que tienen problemas y necesidades que no se llegan a suplir por falta de institucionalidad y por toda la confianza que han perdido en la institucionalidad. El Caramelo ha sido una zona muy abandonada después del proceso de paz que se hizo en Ralito. Mucha institucionalidad no llegaba hasta allá y vimos la necesidad de recuperar nuevamente esa confianza en la comunidad y ver qué tanto era la necesidad de esa población”, explica la personera de Tierralta, Maria Alexandra Ferraro.

Para muchas de las víctimas, que ni siquiera sabían que tenían derecho a una reparación, esta fue la oportunidad de aprender a exigir lo que les corresponde. Otras víctimas, que ya conocen más sobre estos derechos, las orientaron sobre cómo ejercerlos.

“Nuestro corregimiento fue bastante afectado por la violencia y hay personas a las que el Gobierno no les ha solucionado la reparación como víctimas. Nos pareció que la actividad era importante, hablamos con el rector para que nos permitiera utilizar el colegio, se le compró la gasolina y nos prestaron el bus para traer a la gente”, explica Isidro Galeano, presidente de la junta de acción comunal del corregimiento El Caramelo, uno de los organizadores de la jornada.

“Les damos a las víctimas confianza para hacer esa declaración. No es lo mismo que se los diga un funcionario a que se los digamos nosotros. Para una víctima no es lo mismo atreverse a decirle a un funcionario lo que sufrió, que decírselo a otra víctima. Eso es lo que hacemos, asesoramos”, agrega Orlando Triana, de la mesa de víctimas.

En algunos casos, atender a las víctimas significó mucho más que recibirlas y escucharlas. Así ocurrió en el caso de una señora con discapacidad, que es víctima, pero no tenía cómo acercarse a la escuela a declarar.

“Ella vive sola en una casita, rodeada de barro, en condiciones muy difíciles. Redactamos el hecho victimizante con lo que nos contaron y mandamos a un funcionario en una moto a un lugar un poquito apartado. Fue muy riesgoso para él porque le podía pasar algo. Lo mandamos a tomar la huella y la firma de la señora, que está postrada en su cama”, explicó la personera Ferraro.

Unas semanas después, algunas de las víctimas que participaron en la jornada ya han recibido respuesta de la Unidad para las Víctimas, pidiéndoles más información sobre su declaración. Esperan que a pesar de estar vencido el plazo para declarar, se les permita inscribirse como víctimas y con ello reclamar una reparación.

Sería el resultado más exitoso posible de una jornada que, a pesar de haber durado solo un día, les ha ayudado a recuperar en parte su confianza en el Estado.

Bogotá (Colprensa).

También podría gustarte