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Córdoba fue secuestrada el 21 de mayo de 1999 en Medellín y liberada 15 días después. Durante audiencias ante magistrados de Justicia y Paz se refirió que el secuestro fue ordenado por Carlos Castaño tras conocer una serie de grabaciones telefónicas que le entregó el entonces subdirector del Departamento Administrativo de Seguridad, José Miguel Narváez.
A lo largo de las sesiones, la propia dirigente hizo saber que “su filiación política para el momento de su secuestro se concretaba en la defensa de los derechos humanos, desde el Senado, como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos” y que de allí se pudo derivar el delito del que fue víctima.
Sin embargo, la decisión consideró que se trataba de un secuestro simple y de allí la apelación que la defensa de la exsenadora planteó en el sentido que se trató de un secuestro de filiación política.
Eduardo Carreño, abogado defensor del Colectivo José Alvear Restrepo, también apeló la indemnización que le otorgaron a Córdoba. “No estamos de acuerdo con la indemnización que se le reconoció de 10 salarios mínimos mensuales por perjuicios morales que se le causaron, por cuanto el perjuicio moral en este hecho fue supremamente grave, pies a la familia conllevó incluso a su desplazamiento, puntualmente al exilio por cerca de seis meses”, dice el jurista.
La decisión debe informarse en la mañana de este lunes, de acuerdo a la programación de la Corte Suprema de Justicia.
BOGOTÁ (Colprensa).