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Las decisiones disciplinarias de la Procuraduría en Santander

Por irregularidades en la contratación de obras para el mejoramiento de la red de alcantarillado en varios sectores del municipio de Vélez, la Procuraduría destituyó e inhabilitó por diez años a la exsecretaria de Transporte e Infraestructura de Santander, Claudia Janeth Toledo Bermúdez.

En fallo de primera instancia, la Procuraduría Regional de Santander estableció que se presentaron deficiencias en la etapa previa a la contratación, que ocasionaron modificaciones, adiciones y suspensiones en la ejecución de las obras.

Para el Ministerio Público la exfuncionaria desconoció los principios de planeación y economía en la contratación pública, pues las suspensiones y modificaciones en tiempo y cantidades presentadas durante la ejecución de los trabajos, obedecieron a omisiones durante la etapa de diseño y priorización del proyecto.

Por esos hechos la Procuraduría calificó la conducta de la exfuncionaria como una falta gravísima cometida a título de culpa gravísima.

Por otro lado, en otra decisión del órgano de control citaron a juicio disciplinario al interventor de la remodelación del teatro municipal Manuela Beltrán, de El Socorro, Santander, José Luis Larrota Maldonado, y a los supervisores de la obra, Francisco Rangel Castro y Johana Paola Santos Rey, por presuntas irregularidades en la ejecución de esos trabajos.

En este caso, la Procuraduría Regional de Santander los investiga disciplinariamente porque aparentemente recibieron a satisfacción la totalidad de las obras, sin que los trabajos se hubiesen culminado.

De acuerdo con la investigación, al parecer, los investigados certificaron la finalización de las obras sin hacer ningún tipo de observación, pese a que el ascensor de la edificación no se encontraba instalado y la planta de micrófonos, el sistema inalámbrico y el aire acondicionado no estaban en funcionamiento.

Por esos hechos, el Ministerio Público consideró que habrían vulnerado los principios de moralidad administrativa y responsabilidad en la contratación.

El Ministerio Público calificó la presunta conducta de los tres investigados como una falta gravísima, cometida a título de culpa gravísima en el caso de José Luis Larrota y Johana Paola Santos, y como culpa grave en lo relacionado con Francisco Rangel Castro.

BOGOTÁ (Colprensa).  

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