Destituciones en Santander por apropiación de recursos públicos

Por 15 años fue destituido e inhabilitado el secretario de Hacienda de Barbosa, Santander, Luis Hernando Castiblanco Marín (2012-2013), y por 20 años a la auxiliar administrativa, Sonia Ortiz Guiza, por apropiación de recursos públicos.

Las investigaciones de la Procuraduría señalan que Ortiz Guiza se apropió de al menos 49 millones recibidos de los contribuyentes por concepto de impuesto predial y licencias de construcción, entre el 13 de agosto de 2012 al 25 de febrero de 2013.

Además se le señaló de generar irregularmente recibos, facturas y paz y salvos que sirvieron a los contribuyentes para soportar los valores pagados.

Tras la generación de estos documentos públicos, Ortiz Guiza expedía una segunda factura con un valor inferior al recibido que sirvió para alimentar el sistema contable, presupuestal y financiero del ente territorial.

Con este comportamiento, según el Ministerio Público, tanto Ortiz Guiza como Castiblanco Marín desconocieron normas penales, que dieron lugar a que se configuraran delitos como peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.

“Los exfuncionarios generaron un grave daño social, dado que, por disposición legal, los recursos apropiados por la disciplinada tenían como destino el bienestar de los gobernados, la comunidad o la población menos favorecida”, señala el documento de la decisión.

Entre las investigaciones, el exsecretario de Hacienda se apropió en provecho de la auxiliar administrativa de más de 100 millones, que los contribuyentes del impuesto predial y licencias de construcción cancelaron en efectivo en su despacho, entre el 11 de enero y el 12 de agosto de 2012, fecha en la cual Güiza fue contratista, y entre 13 de agosto de 2012 y el 25 de febrero de 2013, como servidora pública.

La Procuraduría Provincial de Vélez calificó las faltas de los entonces funcionarios como gravísimas a título de dolo, teniendo en cuenta que conocían la ilicitud de su actuar y dirigieron su voluntad a lesionar los intereses de la administración pública.