Fiscalía investigará el negocio del papel de seguridad de las notarías

2.139

Por estos días se cumplió en Yakarta, Indonesia, el Congreso No. 29 de los notarios del mundo que tenía como fin, entre otros temas, elegir al presidente de la Unión Internacional de Notarios para el periodo 2020 – 2022.

Aspiraba a ese cargo Álvaro Rojas Charry, Notario 37 de Bogotá, y actual presidente de la Unión Colegiada del Notariado Colombiano (UCNC), pero no alcanzó la votación necesaria. Ahora, regresará con el sinsabor de la derrota y preparado para dar explicaciones por unas presuntas anomalías que son analizadas por la Fiscalía y por la Superintendencia de Notariado.

Ante el ente acusador fue radicada una solicitud de investigación penal en la que advierten de supuestas irregularidades, una de ellas la relacionada con el papel de seguridad que emplean las notarías nacionales en diferentes trámites. Advierte el documento en poder de la Fiscalía que la UCNC suscribió en 2016 un contrato con la firma Cadena para el suministro de las resmas a las notarías que así lo requieran.

“Las ganancias para esta Unión Colegiada superan incluso las de la misma empresa que lo fabrica. Las ganancias que van a las arcas de la UCNC superan un valor de 16.500 millones de pesos en los últimos cuatro años”, dice uno de los apartes del escrito en manos de la Fiscalía y que fue presentado por Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías de Colombia.

Bustos sostiene que ese sobrecosto incide en el valor de algunos trámites notariales lo que significa que se encarece el costo que el ciudadano del común paga por estos servicios. Escrituras, hipotecas y constitución de sociedades son algunos de estos trámites que requieren este tipo de papel de seguridad.

LA LUPA DE LA SUPERNOTARIADO

Aunque los notarios son particulares que prestan una función pública, es decir no son funcionarios estatales, ya el tema es motivo de preocupación en la Superintendencia de Notariado a raíz de la denuncia que elevó Bustos.

Colprensa conoció que se le dio alta prioridad y se iniciaron las pesquisas de rigor, una de ellas la relacionada también con la biometría.

Este procedimiento no es otra cosa que la identificación personal del ciudadano mediante su huella dactilar. A la fecha las empresas 3D Technology presta dicho servicio en 857 notarías y Gear Electric lo hace en 46. La primera firma es el aliado tecnológico de la UCNC para prestar este servicio, pero varios notarios han puesto quejas debido a las constantes caídas del software, que no es otra cosa que el molesto ‘se cayó el sistema’.

De allí que hayan pedido que se les habilite la prestación del servicio con los dos operadores, a lo que la Supernotariado dio su visto bueno, pero no así la Registraduría Nacional, como consta en la denuncia que hizo Bustos.

“Al negar la habilitación de que el servicio lo presten dos operadores es un abierto desconocimiento de las normas que rigen la libre competencia en igualdad de condiciones. De allí que radicaré una queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio”, anuncia el denunciante.

En 2015 la UCNC, en cabeza de Rojas Charry, emitió una circular dirigida a los 903 notarios nacionales en la que advertía que el proceso biométrico era exigible a todos los actos notariales y que dicho costo debía ser asumido por el usuario. Sin embargo, solo hasta este año la Supernotariado le puso tatequieto a esa práctica contraria al decreto de la llamada ley antitrámites promulgada en 2012.

Desde la entidad emitieron una circular en la que precisaban que no todos los actos requerían la presentación mediante huella dactilar. Si bien la UCNC busca darle mayor seguridad a los trámites notariales, su propuesta fue interpretada como una manera de conseguir más recursos ya que por cada vez que se pone la huella se cobra un monto.

De hecho, algunos trámites requieren que el usuario ponga su dedo dos o tres veces en el mismo procedimiento ya que, por alguna extraña razón, el programa no permite que la primera huella sea válida para todo el trámite. Y cada vez que se pone, se debe cobrar.

“Se ignora si la DIAN o la Contraloría de Bogotá – se pregunta Bustos en su denuncia – han adelantado visitas y auditorías, verificado los ingresos y manejos de los miles de millones de pesos que ingresan a esta asociación ‘sin ánimo de lucro’ denominada UCNC”.

LA PLATA DE LAS CAPACITACIONES

Rojas Charry ha insistido ante los notarios que los recursos que consigue a través de las biometrías y de la intermediación que hace en la venta del papel (fabricado por una empresa denominada Cadena) son reinvertidos en las mejoras de las sedes seccionales de la UCNC, en pólizas y en capacitaciones para los funcionarios notariales.

Sin embargo, las cuentas de la Supernotariado son otras ya que, de acuerdo a su documentación, las capacitaciones se hicieron con dineros del Fondo Cuenta Especial del Notariado. Esta figura fue creada para financiar a notarios de menores ingresos, es decir, a los de los municipios a donde no llega mucha escrituración o no tienen un ingreso considerable.

“Ese fondo – explica una fuente de la Superintendencia – se nutre de unos aportes y recaudos de los notarios del país y de ahí salen unos ocho millones de pesos mensuales para las notarías más pequeñas para que ellos tengan cómo prestar el servicio”.

Una parte de ese rubro se destina a temas de capacitación. Entre 2013 y 2019 se giraron unos 22.000 millones de pesos de este Fondo para temas de capacitaciones y actualización para los notarios, monto que fue girado a la UCNC. Aparentemente, no se suscribió un contrato para el desarrollo de estas iniciativas.

En la Superintendencia, el tema de estos recursos es motivo de “preocupación”, de acuerdo a las fuentes consultadas. Están revisando uno a uno los soportes y documentación frente a este tema que se empezará a revelar más a fondo en las próximas semanas.

LA POLÉMICA POR SU EDAD

Otra de las razones que ha generado inquietud en la Superintendencia está relacionado con una aparente negativa de Rojas Charry a entregar la actualización de la hoja de vida. Hace unas semanas se les pidió a los notarios del país que enviaran los documentos que la soportan, entre otros, el registro civil.

Rojas Charry ha pedido plazos para entregar dicho registro, lo que llamó la curiosidad de los solicitantes quienes ya empiezan a sospechar del porqué de la negativa. La respuesta está en la primera parte de la denuncia de Bustos.

Rojas Charry asumió la Notaría 37 de Bogotá mediante el decreto 2048 del 26 de julio de 1985. Siete días después, la entonces jueza 24 civil, Gladys Vargas de Franco, autorizó una corrección de la partida de registro civil de nacimiento de Rojas Charry. Dicho ajuste consistía en cambiar la fecha de nacimiento que según él es el 8 de noviembre de 1954 y no el 8 de noviembre de 1955, como le figuraba.

El 4 septiembre de ese 1985 se realizó el cambio y dos días después se posesionó como notario 37 de Bogotá. Pero 13 años después, Rojas volvió a pedir otro cambio asegurando que la fecha correcta de su nacimiento era el 8 de noviembre de 1955, en lugar de 1954. La Notaría Primera de Neiva, como por arte de magia, le quitó un año a la existencia del presidente de la UCNC.

“Esto quiere decir que tomó posesión como notario sin el cumplimiento de los requisitos establecidos por el mismo Estatuto Notarial que estipula que para ejercer un cargo de esa naturaleza se debe tener más de 30 años de edad”, explica Bustos.

Para el denunciante esta conducta insinuaría un fraude en documentos públicos y privados, induciendo a error a la administración al no cumplir con los requisitos de ley. El martes se vence el plazo para que entregue a la Supernotariado los documentos que tanto ha demorado en enviar. Sin embargo, no es el único pendiente que tiene ante la entidad.

También podría gustarte