Exfiscal solicitó que se mantengan excepciones a vehículos blindados en Bogotá

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El exfiscal Eduardo Montealegre interpuso este martes un derecho de petición al alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, con el fin de que se mantengan las excepciones a los vehículos blindados para su libre circulación durante los días de pico y placa.

El exjefe del búnker solicitó también que se retire la contribución voluntaria de cuatro millones de pesos, como condición para ser exonerado de dicha restricción, dado que esto genera medidas que son discriminatorias.

Montealegre aseguró que “esta petición se fundamenta en un análisis constitucional sobre la vulneración que estas disposiciones representan al derecho fundamental a la igualdad, establecido en el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia”.

El exfiscal argumentó que las medidas anunciadas por el mandatario local para modificar los decretos que modifican las excepciones y establecen el pago de 4 millones de pesos para poder circular sin restricción, violan dos aspectos fundamentales de la Constitución: la vida e integridad, y el principio de igualdad.

“En particular, los argumentos expuestos se refieren a las garantías para el ejercicio de los derechos fundamentales a la vida, integridad y seguridad personal de los sujetos que, sin contar con medidas de protección otorgadas por la Unidad Nacional de Protección (UNP), y con ocasión de su situación de riesgo, hacen uso de vehículos blindados y de escoltas”, aseguró.

De igual forma, agregó que “a la luz del principio de igualdad, este escrito plantea la duda que surge respecto a la constitucionalidad de la medida de compensación económica, contemplada para obtener un permiso especial de acceso al área con restricción vehicular. Concretamente, se describe la preocupación alrededor del establecimiento de lo que la doctrina y jurisprudencia constitucional ha denominado como un trato igual entre desiguales”.

El exfiscal enfatizó en que el Alcalde debe comprobar que no existen otras alternativas idóneas y menos lesivas para restringir los derechos ciudadanos que las anunciadas a través de los polémicos decretos.

En el derecho de petición, que tiene diez páginas, el exfiscal concluyó que los usuarios de vehículos blindados son personas que se encuentran en situación de riesgo, aunque no cuenten con medidas de protección por parte de la UNP, su exposición al peligro de muerte o de grave daño a la integridad surge de las circunstancias de su profesión, oficio, cargo o actividad económica que ameritan la utilización de este tipo de blindajes.

Añadió que la situación de riesgo de estas personas es acreditada ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, quien es la encargada de emitir la autorización de compra y uso de esta categoría de vehículos.

BOGOTÁ (Colprensa).

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