Contra la inercia, acción

Las administraciones todas, particularmente la administración pública, requieren en manera perdurable de importantes rangos de gobernabilidad en dirección a mantener la paz social, la estabilidad económica y la generación de condiciones de viabilidad para el desarrollo presente y futuro de un territorio; especialmente cuando estamos inmerso en un ámbito de creciente complejidad e inestabilidad mundial global, que muestra signos preocupantes que deben ser atendidos con la celeridad y contundencia necesaria por todas las instituciones del Estado, a fin de garantizar los márgenes de gobernabilidad y evitar que se pierdan los muy débiles sostenes que de una u otra forma mantienen funcionando a la ciudad y el departamento.

Preocupa el incremento en la inseguridad y la violencia, entre otras falencias, producto del crimen organizado y delincuencia común de distinto origen y propósitos. No crecemos como debiéramos, lo que traduce la poca o ninguna recuperación de los ingresos de las familias; como igualmente la pérdida de un muy valioso espacio de tiempo, en la construcción de un modelo económico capaz de generar un crecimiento sostenido con equidad. Se trata de una condición estructural en la que importa recaudar más y distribuir sobre la base, cierta por demás, de criterios explícitos de justicia social para garantizar universalmente todos los derechos, más cuando afectados están los niveles de pobreza y vulnerabilidad social, requiriéndose políticas de corte económico y social dinámicas, suficientes, camino a quebrarle el espinazo a los denominados ciclos intergeneracionales de la pobreza, la pobrería y la miseria, que hace crecer exponencialmente la informalidad laboral.

La inercia no puede continuar y mucho menos podemos dejarnos subsumir por ella, siendo necesario construir un nuevo pacto fundacional en lo político, lo económico y lo social que nos dé sentido y cohesión como ciudad y departamento, que nos permita avanzar hacia un nuevo escenario donde inversión pública y privada puedan darse protegidas por un sólido Estado de derecho; y en donde su objetivo sea el cumplimiento estricto del mandato constitucional y legal.

La inercia que enfrentamos y debemos romper irremediablemente, es más que grave, toda vez que no se desprende de un problema de diseño e ineficiencia en la administración, gestión y gerencia públicas; sino de la rampante corrupción, como de la falta de voluntad y decisión políticas, aunado a la renuncia de construir una ciudad y departamento incluyente y justo. Urgente ese nuevo pacto que incluya lo hasta hoy excluido para la toma de decisiones, a efecto que participen y bien puedan ser y sentirse parte diciente y activa de la sociedad. [email protected]