Empresarios habrían pagado a directivos de Fedefútbol para quedarse con venta de boletería

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Para la Fiscalía General, en el marco del proceso de licitación del contrato para la venta de boletería para los partidos de la Selección Colombia, para la eliminatoria del Mundial de Rusia 2018, se presentaron graves irregularidades promovidas por los empresarios que conformaban el consorcio TicketYa.

La investigación arrojó que en agosto de 2015, cuando se adelantaba el proceso de licitación, el entonces presidente del Real Cartagena Rodrigo de Jesús Rendón contactó a un grupo de empresarios de ‘tiqueteras’ para que pagaran una comisión para así garantizarles la entrega del cotizado contrato.

Tras recibir el visto bueno de otras empresas –entre ellas TicketShop- intentó contactar a varios directivos de la Federación Colombiana de Fútbol y la Dimayor con el único fin de fijar la hoja de ruta para designar la entrega de este millonario contrato antes de la licitación convocada para el 12 de agosto de 2015.

“Pese a todas las irregularidades se adjudica el contrato”, precisó el fiscal del caso al señalar que se fijó la entrega de millonarios pagos a los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol con el fin de garantizar la adjudicación del mismo.

En ese momento se fijó la entrega de tres mil millones de pesos para tres directivos de la Federación. El 19 de agosto de 2015, los empresarios de TicketYa manifestaron la necesidad de contratar una camioneta blindada para transportar el dinero.

Estas pruebas se conocieron en el marco de la imputación de cargos contra el exdirectivo de TicketYa, Medardo Alberto Romero, quien fue uno de los beneficiados con la adjudicación de este millonario contrato.

El ente investigador le solicitará al juez noveno de control de garantías de Bogotá que emita medida de aseguramiento en centro carcelario contra Romero.

En la diligencia judicial celebrada este lunes, la Fiscalía General le imputó los delitos de agiotaje agravado (especulación para modificar los precios de los productos), corrupción privada y concierto para delinquir.

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