Garantía de derechos humanos en Colombia sigue siendo baja para población civil

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Este 10 de diciembre se conmemora el Día internacional de los Derechos Humanos, no obstante, en el contexto que vive Colombia actualmente, la garantía de estos sigue siendo baja, en especial para líderes sociales, indígenas y sociedad civil en general.

Recientemente, Amnistía Internacional realizó un llamado a las autoridades colombianas para poner fin a la represión de las protestas sociales y al uso excesivo de la fuerza en contra de quienes se movilizan, pues estos hecho son un claro indicio de vulneración a la libertad de expresión de los ciudadanos.

La organización considera que el Paro Nacional representa un reclamo legítimo de derechos humanos por parte de distintos sectores de la sociedad en Colombia, debido a que el número de personas que han salido en las calles para protestar pacíficamente muestran el incremento del descontento social hacia la postura de las autoridades frente a los derechos humanos.

Líderes y defensores de Derechos Humanos asesinados

Para Érika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, “la situación de Derechos Humanos en Colombia continúa siendo crítica. En un contexto en donde las promesas de implementación de mecanismos de protección de DDHH en las comunidades afectadas por el conflicto armado no han pasado de la retórica, es evidente que en muchos casos la situación se ha ido deteriorando”.

Guevara recalca, además, que las comunidades históricamente vulnerables, como los pueblos indígenas y afrodescendientes, siguen afectadas por la reorganización y presencia de grupos armados, en un contexto de graves violaciones de derechos humanos que van desde el desplazamiento forzado hasta los asesinatos de líderes y lideresas sociales, y personas defensoras de los derechos humanos.

Según cifras de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los DDHH, en lo que va del 2019 al menos 86 personas defensoras de los derechos humanos han sido asesinadas en Colombia. A pesar de la situación, las autoridades del gobierno del presidente Iván Duque no han enfocado esfuerzos suficientes en la protección individual y colectiva de las comunidades.

Por otra parte, Ariel Ávila, analista y subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, resalta que, pese a la situación actual con respecto a derechos humanos en Colombia, ha habido avances en la reducción de minas antipersona y secuestros.

“En general, producto del Proceso de paz, ha habido una mejora sustancial en el tema de violación a derechos humanos, en cuanto a desplazamiento forzado ha habido una reducción del 10% con respecto a la peor época del conflicto; los afectados por minas antipersonal disminuyeron en un 90% y el secuestro se ha reducido sustancialmente. Anualmente, 200 personas son víctimas de este delito, frente a 3000 que se reportaban anteriormente”, recalcó Ávila.

Sin embargo, el experto considera fundamental que el Gobierno y las instituciones encuentren medidas de protección para los líderes sociales en el país, pues cada dos días, un líder es amenazado o asesinado por actores armados.

Acciones arbitrarias en el Paro Nacional

Con respecto al Paro Nacional, la Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH) denunció que habría, aproximadamente, 25 personas heridas y 831 casos de retenciones de ciudadanos y ciudadanas entre los días 21 y 24 de noviembre, sin contar con la muerte del joven Dilan Cruz por un artefacto disparado por un agente del Esmad.

La CIDH recordó al Estado que el uso de la policía y de las fuerzas de seguridad debe centrarse en la contención de actos de violencia; así como garantizar el derecho a la protesta, sin ningún tipo de represión directa o detención arbitraria de los manifestantes pacíficos.

Frente a este aspecto, Ávila indica que los defensores de Derechos Humanos han realizado una función vital para que se eviten acciones violentas contra los manifestantes.

“La comunidad internacional ha jugado un papel esencial. Este ha sido constante en los últimos 25 años. Ha sido un trabajo en conjunto con organizaciones sociales de base y ONG colombianas, Human Rights Watch y la Corte Penal Internacional. Este, sin duda alguna, es un trabajo invaluable”.

Bogotá (Colprensa).

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