Listo borrador de proyecto que busca regular la protesta social

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Quienes incurran o promuevan actos violentos serán castigados con multas de hasta 100 salarios mínimos, sanciones pedagógicas y pérdida de beneficios educativos.

El senador del Partido Conservador, Juan Diego Gómez alista los últimos detalles del proyecto de ley estatutaria con el que se busca regular la protesta social, consagrada como derecho en el artículo 37 de la Constitución.

En el proyecto se prohíbe, entre otras cosas, la presencia de encapuchados, los actos de violencia, los graffiti y se prohíbe la obstrucción de la vía pública por más de 10 horas o por medios violentos.

Quienes incurran o promuevan actos violentos serán castigados con multas de hasta 100 salarios mínimos, sanciones pedagógicas y pérdida de beneficios educativos como créditos del Icetex o becas otorgadas por el Estado.

En el proyecto se obliga al Estado a garantizar el derecho a la movilización social, controlar proporcionalmente las alteraciones al orden público y se le prohíbe usar armas de fuego.

“Para controlar de manera proporcional los actos de violencia o de vandalismo que puedan presentarse en el ejercicio de la manifestación Social y Pacífica en las zonas urbanas, el ESMAD, la Policía Nacional y el Ejército Nacional deberán emplear equipamiento y armamento tales como pistolas eléctricas tipo Taser y las demás que permitan el control de los actos violentos sin afectar la integridad física de ningún interviniente. No podrán utilizar armas de fuego”, se señala en el borrador.

En el proyecto se propone la creación de un fondo, financiado con recursos públicos, para “indemnizar a los afectados por los daños personales físicos, no mentales, y patrimoniales causados al patrimonio público y privado durante el desarrollo de la manifestación social en el territorio nacional”.

En el proyecto se establece cuáles son las obligaciones del Estado, de la Policía y el Esmad y de los promotores de las protestas antes, durante y después de las mismas.

PARA LOS MANIFESTANTES:

Uno de los puntos fundamentales es que se prohibiría la presencia de encapuchados durante cualquier tipo de marcha.

El proyecto establece que: “No se permitirá la presencia de encapuchados o de personas que empleen cualquier mecanismo que impida su identificación en el desarrollo de la manifestación o en los comunicados que sirvan como medio de invitación a participar en marchas”.

Asimismo, se establece que las personas que participan en la movilización, no podrán usar elementos contundentes para atentar contra la Fuerza Pública o el patrimonio público y privado.

 “No se permitirá el uso de cualquier elemento que pueda ser empleado para atentar en contra de la integridad física de los miembros de la fuerza, terceros y el patrimonio público y/o privado. Su uso implicará la imposición de sanciones señaladas en la presente Ley”, indica.

Habrá lugares prohibidos a la hora de adelantar una manifestación. “solo se podrá marchar o reunirse pacíficamente a una distancia de 500 metros de hospitales, centros de salud, puertos marítimos y fluviales, aeropuertos y bienes considerados como patrimonio cultural”.

Los marchantes tampoco podrán grafitear los bienes de los colombianos: “Están prohibidos los grafitis o cualquier mecanismo para marcar, sobreponer, escribir, destruir, obstruir los bienes de carácter público y privado en ejercicio de la manifestación social en lugares no autorizados por el reglamento para el efecto”, añade el texto del proyecto.

PARA EL ESMAD Y EL ESTADO:

El proyecto reglamenta la norma constitucional que obliga al Gobierno y al Estado colombiano a garantizar el buen desarrollo de la protesta pacífica en el país.

Sin embargo, le entrega algunas herramientas para proteger a los manifestantes y también preservar la vida, honra y bienes de los colombianos que no participan en las marchas.

El Esmad, según la iniciativa, podría utilizar armas no letales para controlar a los violentos, incluidas las pistolas Taser. “El ESMAD, la policía nacional y el ejército nacional deberán emplear equipamiento y armamento tales como pistolas eléctricas tipo Taser y las demás que permitan el control de los actos violentos sin afectar la integridad física de ningún interviniente. No podrán utilizar armas de fuego”.

La Fuerza Pública deberá acudir a los sitios en donde se esté desarrollando la protesta con los siguientes elementos:

-Una (1) ambulancia por cada trescientos (300) miembros de la fuerza pública que deban intervenir para recuperar el orden público.

-Un (1) equipo de bomberos contra incendio por cada quinientos (500) miembros de la fuerza pública que deban intervenir para recuperar el orden público.

También deberán “prohibir que en el ejercicio de la manifestación que se presenten encapuchados o personas que no permitan su identificación”.

Los integrantes del Esmad o de la Policía podrán, “cuando la jurisdicción territorial así lo permita”, dirigir a los manifestantes violentos y a los saboteadores de la manifestación social a lugares especializados de reclusión para iniciar la imposición de las sanciones correspondientes.

LOS CASTIGOS:

Los promotores de la protesta social que violen las restricciones contenidas en esta ley, podrían enfrentarse a tres tipos de castigos: Sanciones económicas, pedagógicas o pérdida de beneficios educativos.

Estarían expuestos a pagar multas que van desde los 5 hasta los 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

También podrían ser obligados a prestar servicio social, a pedirle perdón a la ciudadanía por las faltas cometidas durante la manifestación, participar en campañas educativas y desarrollar actividades de limpieza en las calles y los bienes públicos afectados durante la protesta.

De igual forma, si se comprueba que los actos de vandalismo fueron protagonizados por estudiantes, podrían perder beneficios educativos adquiridos como créditos del Icetex, becas, entre otros.

El proyecto de ley también obligaría a los promotores de la protesta a adquirir una póliza de seguro especial que cubra la totalidad de los daños que eventualmente sean causados durante las marchas. También se crearía un fondo especial para indemnizar, por una sola vez, a los comerciantes que resulten afectados por las movilizaciones sociales.

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