Llamado a juicio el exmagistrado Camilo Tarquino

Se conoció a que la Fiscalía radicó el escrito de acusación en contra del exmagistrado Camilo Tarquino Gallego por su presunta participación en el escándalo de corrupción que se habría presentado en la Corte Suprema de Justicia entre 2013 y 2015, por el supuesto accionar de una red de juristas y abogados que habrían influido en el curso de procesos para favorecer a políticos investigados, en lo que también se ha llamado el ‘Cartel de la Toga’.

La Fiscalía acusó ante el Juzgado Sexto Penal a Tarquino Gallego, quien fue presidente de la Corte  Suprema, por los delitos de concusión y asociación para la comisión de un delito contra la administración pública.

Tarquino fue vinculado a esta investigación después de que en 2017 el entonces fiscal General, Néstor Humberto Martínez, compulsara copias a la Corte Suprema y a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, después de que la justicia de Estados Unidos le entregara evidencia de una conversación que de manera oculta grabó en ese país entre el prófugo exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, y el abogado Leonardo Pinilla, quien en esa oportunidad viajó a territorio norteamericano acompañado por el entonces fiscal anticorrupción, Gustavo Moreno.

En la conversación Pinilla le ofrece a Lyons ayudarlo en el proceso que tiene en la Corte a cambio de una fuerte suma de dinero, y aseguró que para ello contaba con la ayuda de magistrados y exmagistrados.

Por estos hechos están en etapa de juicio el suspendido magistrado Gustavo Malo, mientras que el ex magistrado Leonidas Bustos fue acusado por la Cámara y se está a la espera de que el Senado confirme esta decisión. También está en juicio el exsenador Musa Besaile y Moreno fue condenado a seis años de prisión.

En septiembre pasado el exmagistrado Tarquino dijo “rechazo los cargos”, ante la pregunta del juez 28 de control de garantías de Bogotá.

Sin embargo, la Fiscalía señala a Tarquino que como abogado le pidió a Lyons una cifra cercana a los $2 mil millones para desviar las investigaciones que se adelantaban en su contra por hechos de corrupción en el departamento.