Candidatos deben entregar este viernes las cuentas de elecciones

Hernán Penagos, presidente del Consejo Nacional Electoral dijo que hoy en día, la violación al techo en los gastos de campaña es un asunto más grave a partir de 2017 por efecto de la Ley 1864, que introdujo modificaciones al Código Penal (Ley 599 del 2000) en el capítulo sobre delitos contra los mecanismos de participación democrática.

El 27 de este mes vence el plazo que tienen los partidos y movimientos políticos para presentar al Consejo Nacional Electoral (CNE) los informes consolidados de ingresos y gastos de sus campañas para los comicios de autoridades locales, que se celebraron el pasado 27 de octubre.

La revisión de estos libros permitirá establecer si fueron respetados o no los límites que estableció el organismo en esta materia.

Vale señalar que la violación de topes de gastos de campaña anteriormente se consideraba una infracción a la normatividad electoral, por lo cual se contemplaban sanciones a los directivos de los partidos, que podía ser la suspensión o la destitución del cargo; así como a los partidos que se exponían desde la suspensión de la financiación estatal hasta la cancelación de la personería jurídica.

Sin embargo hoy en día, la violación al techo en los gastos de campaña es un asunto más grave a partir de 2017 por efecto de la Ley 1864, que introdujo modificaciones al Código Penal (Ley 599 del 2000) en el capítulo sobre delitos contra los mecanismos de participación democrática.

Por ello, quienes violen los topes o límites de gastos en las campañas electorales y quienes utilicen recursos para la financiación de éstas de fuentes prohibidas enfrentarán penas de prisión que oscilan entre los 4 y los 8 años, y altas multas.

Según la norma, también el delito de omisión de información del aportante significará para el responsable prisión de 4 a 8 años y multa de 400 a 1.200 smlmv.

El Consejo Nacional Electoral realiza un control a las campañas para cuidar que cumplan los topes de financiación, para ello los candidatos tienen hasta un mes después de las elecciones para hacerle entrega del libro de ingresos y gastos al partido que los avaló. En tanto que las colectividades contarán hasta con dos meses luego de las elecciones para hacer entregas consolidadas al organismo electoral.

Se ha identificado que la financiación de las campañas políticas es una de las grandes troneras por donde se cuela la corrupción en el país, pues si bien algunos candidatos gastan más de lo que está permitido, con lo cual obtienen ventaja sobre sus competidores, también se presenta financiación de origen oscuro asociado a actividades como el narcotráfico y la minería ilegal.

En julio pasado, tres meses antes de las elecciones regionales, el presidente Duque advirtió que “hay grupos ilegales al servicio del narcotráfico y minería ilegal, que se quieren hacer al poder para proteger sus intereses criminales. Hay que identificar a esos candidatos que desde ya buscan alianzas con esos grupos”.

En tanto que en septiembre pasado la directora Ejecutiva de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, dijo también antes de las elecciones regionales de este año que “vemos una relación muy compleja entre economías ilícitas y financiación de campañas. Eso es lo que encontramos hoy. Tenemos un dólar que está subiendo, entonces pueden imaginarse qué deben estar haciendo las economías ilegales que exportan, pues tienen mayor capacidad de recursos que les permiten financiar de manera ilegal candidatos o abastecerse con mayor armamento para tener un control militar de la zona”.

Sin embargo la mayor fuente de corrupción por la financiación de campañas políticas se presenta por aportes de particulares que hacen aportes con la plena confianza de que si su candidato gana, les devolverá ‘favores’ después de ser elegido.

Sobre el particular a principios de este mes Transparencia por Colombia reveló en un informe que “la tercera parte de los financiadores (empresas y personas naturales) de las campañas territoriales de 2015, celebraron contratos con el Estado después de haber entregado sus aportes”.

A esa conclusión esta ONG llegó tras confrontar información que suben los candidatos al aplicativo Cuentas Claras con el sistema de contratación pública SECOP.

CUENTAS CLARAS

Desde hace varias elecciones se instauró este aplicativo para que en tiempo real los candidatos suban los ingresos y gastos de sus campañas, esto con el fin de que los ciudadanos tengan la oportunidad de hacer una veeduría.

Sin embargo la realidad es que a pesar de la obligatoriedad de ello, como lo establece la Resolución 3019 de 2013 del CNE, la mayoría de los candidatos se pasan por la ‘faja’ a Cuentas Claras.

Así lo confirmó Transparencia por Colombia, que a cuatro días de los comicios regionales del pasado 27 de octubre reveló que “del total de los candidatos registrados en el aplicativo Cuentas Claras (118.109), el 86% no ha hecho ningún reporte sobre el origen de sus ingresos y sus gastos para estas campañas”.