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Corte constitucional inicia estudio de ponencia sobre la JEP

La Sala Plena de la Corte Constitucional se apresta a estudiar desde esta semana el Acto Legislativo 01 de 2017 que crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, compuesto por la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos. 

La Sala Plena estudia una ponencia que presentó el magistrado Luis Guillermo Guerrero que pide hacer ajustes a esa reforma constitucional que toca temas trascendentales como las sanciones que se impondrán a las personas que sean juzgadas en la JEP, la responsabilidad de altos mandos militares y la participación en política de las FARC. 

Uno de los puntos cruciales de la ponencia es procedimental pues asegura que las sanciones de la JEP no deben ser introducidas a la Constitución, sino solo reglamentadas por la Ley Estatutaria, por lo que pide tumbar esos artículos. 

Si se caen esas sanciones, no significa que los responsables de graves crímenes no quedarán sin sanción, sino que las mismas deben ser reguladas por ley, cosa que está en tramite precisamente en el Congreso. 

Otro elemento clave es que la ponencia pide avalar la participación política de las FARC tal y como está en el Acto Legislativo, es decir, que la imposición de sanciones de la JEP no inhabilitará a los sancionados para participar en política. 

Sobre el tema de la responsabilidad de mando de los altos mandos militares que fija esa reforma y que ha sido cuestionado severamente por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, por ser supuestamente contraria al derecho internacional, la ponencia pide dejar el tema tal y como está. 

Es decir, que la determinación de la responsabilidad del mando de los oficiales por crímenes cometidos por sus subordinados, no podrá fundarse exclusivamente en el rango, la jerarquía o el ámbito de jurisdicción de los oficiales, sino «en el control efectivo de la respectiva conducta, en el conocimiento basado en la información a su disposición antes, durante, o después de la realización de la respectiva conducta”. 

La ponencia que será estudiada por los magistrados de la Sala Plena, también hace un ajuste sobre los terceros que tendrían que ir a la JEP, al señalar que no solo tendría que haber una participación determinante de estos en delitos cometidos en el marco del conflicto sino también que sea «voluntaria». 

La Sala Plena tiene plazo para estudiar esta ponencia y dictar fallo hasta el próximo 15 de noviembre. Colprensa.

 

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