El 2019: El año más violento para los excombatientes de las Farc, según la ONU

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En un informe de 19 páginas la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia entregó un reporte de lo que, según su análisis, ha avanzado la implementación de la paz.

En su entrega respalda y celebra la acción que la Jurisdicción Especial para la Paz que ha adelantado una vez entró en vigencia. El documento sacó a colación los avances que tiene la justicia transicional en relación a los casos que investiga.

En relación al caso 001, relativo a la retención ilegal de personas por las antiguas FARC, el documento resaltó que la JEP ha celebrado seis audiencias territoriales en diferentes zonas del país, cuatro de ellas en antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación, para escuchar la versión colectiva de los excombatientes, los cuales han participado y contribuido a la verdad, entre otras cosas reconociendo su responsabilidad.

En el caso 003, que relaciona las ejecuciones extrajudiciales presentadas como bajas en combate más conocidas como ‘falsos positivos’, 156 miembros de las Fuerzas Militares han proporcionado versiones voluntarias y, por primera vez, un grupo de familiares de víctimas formuló observaciones sobre las versiones en una audiencia pública.

Sobre el caso 004, que vincula la situación en la región de Urabá, la JEP ordenó medidas cautelares para proteger a las comunidades indígenas y afrocolombianas de la región con el fin de garantizar su participación en el caso. Además de ello, en el caso 007, que relaciona al reclutamiento y la utilización de menores en la guerra, la JEP  tiene un expediente que incluye 8.839 casos de niñas y niños reclutados por las antiguas FARC, y se ha identificado a 37 excomandantes de las FARC-EP para que comparezcan ante el tribunal de paz.

“La Jurisdicción Especial para la Paz ha acreditado a más de 60.000 víctimas hasta la fecha y ha llevado a cabo las primeras acreditaciones colectivas de comunidades étnicas. Además, sigue examinando caso por caso las 657 solicitudes presentadas por agentes del Estado y terceras partes del conflicto para someterse voluntariamente a ella”, dice el documento.

El documento internacional pone de presente que se siguen celebrando audiencias con antiguos agentes del Estado y terceras partes del conflicto y que, algunas de estas, incluso víctimas, han denunciado haber recibido amenazas. En noviembre recibieron amenazas 23 abogados que defienden a excombatientes de las FARC ante esta Jurisdicción.

CULTIVOS ILÍCITOS

El documento también sacó a colación cifras de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en la que da cuenta de las 60.082 hectáreas de coca que fueron registradas por 99.097 familias que participan en el Programa de Sustitución de Cultivos. Desde agosto de 2017 se han erradicado voluntariamente alrededor de 40.506.

Si bien las cifras son alentadoras, el informe da cuenta que las personas y organizaciones sociales que participan en el Programa siguen siendo objeto de amenazas, ataques y asesinatos, por lo que el Gobierno está promoviendo iniciativas encaminadas a caracterizar los riesgos específicos a que se enfrentan las personas que participan de manera activa y visible en el programa, con miras a implementar medidas preventivas.

“También según la UNODC, el 95 % de las familias cumplen los compromisos voluntarios de erradicación. Algunas de las familias que participan en el Programa han expresado preocupación por las demoras en la implementación de proyectos productivos alternativos y en las inversiones en desarrollo local, que son fundamentales para apoyarlas en su transición hacia el abandono de las economías ilícitas”, dice el documento.

LA POLÍTICA

En razón al sector político, la ONU evidenció que los exintegrantes de las Farc y el partido político como tal participaron en sus primeros comicios que se llevaron a cabo durante octubre.

Allí, referenciaron que diferentes coaliciones que vinculaban a la Farc avalaron a más de 300 candidatos, de los cuales el 67% no eran excombatientes. Algunos de los exmilitantes también se presentaron a las elecciones por otros partidos.

El documento da cuenta que se eligió a 12 candidatos para ocupar diferentes cargos, incluidos 3 alcaldes, de los cuales dos eran exmiembros de las FARC avalados por otros partidos, y el tercero, que no era exmiembro, se presentó por una coalición de la que formaba parte FARC.

En cuanto a las mujeres excombatientes, se evidenció que participaron activamente en las elecciones, pese a las dificultades que tuvieron para acceder a recursos y a esquemas de protección. De los candidatos elegidos, dos son mujeres. 28.

“A pesar de su estigmatización, las limitaciones de financiación y los problemas de seguridad que sufrieron durante la campaña, el partido FARC y los excombatientes participaron activamente en las elecciones, en particular ejerciendo su derecho de voto”, dice el informe.

El documento dejó estipulado que la colaboración oportuna entre las autoridades electorales y gubernamentales fue crucial para superar obstáculos, incluso para que los excombatientes pudieran votar en su actual lugar de residencia.

LA SEGURIDAD

En el tema que más preocupa a la población civil, la Misión verificó 20 homicidios de exmiembros de las FARC-EP, lo que, según el documento, “convierte a 2019 en el año más violento para los excombatientes desde la firma del Acuerdo de Paz”.

Las cuentas del ente internacional confirman que en lo corrido del año van 77 asesinatos, frente a 65 en 2018 y 31 en 2017. El número total de asesinatos es ya de 173, a los que se suman 14 desapariciones y 29 intentos de homicidio.

Aunque el Ministerio de Defensa ha afirmado en repetidas ocasiones que seguirá garantizando la seguridad alrededor de los antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación, una reglamentación clara para normalizar el despliegue de la Fuerza Pública en esas zonas, el ente internacional también dejó de presente que es importante ampliar las medidas de seguridad a las nuevas áreas, donde la situación de los excombatientes es aún más precaria.

BOGOTÁ (Colprensa).

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