HOY DIARIO DEL MAGDALENA
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Crónica de una incursión armada ilegal anunciada en Bojayá, Chocó

Desde años memorables, los bojayaseños han padecido la guerra. Hace menos de dos meses estaban cerrando un doloroso ciclo cuando enterraron a los muertos de la masacre del 2002 que le costó la vida a más de 80 personas luego de los enfrentamientos ocurridos entre guerrilleros de las Farc y paramilitares.

Hoy, si bien la situación es diferente por cuenta del proceso de paz que se adelantó con la extinta guerrilla de las Farc, paramilitares de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), los mismos denominados ‘Clan del Golfo’, hicieron una incursión en el corregimiento de Pogue, Bojayá (Chocó), el pasado 31 de diciembre.

El reporte oficial que tiene la Defensoría del Pueblo es que podrían haber 600 personas confinadas en el territorio. No descartan que la incursión, a juicio de los pobladores, de 300 hombres alzados en armas, que aunque no ha sido confirmada en su totalidad por las autoridades, sea verídica ya que la “avanzada” de estos grupos al margen de la ley “es alta”, según Luis Murillo delegado de la Defensoría en Chocó.

“No tenemos noticia que la situación haya cambiado desde cuando se da la incursión de las AGC en la población de Pogue. Lo que preocupa es que el confinamiento podría generar desplazamiento de la población”, anunció el funcionario en diálogo con Colprensa.

Murillo, quien alista una comisión de la Defensoría para hacer presencia en la zona, confirmó que los habitantes “no han visto a la Fuerza Pública”. La hipótesis del delegado es que los uniformados pueden estar adelantando labores operativas en zona rural. Sin embargo, destacó que la “zozobra es alta”.

Pogue queda a tres horas en lancha desde Bellavista, Bojayá, el lugar donde ocurrió la masacre en 2002 y el único acceso allí es por el Río Atrato, por lo que Murillo no descarta que hubiesen enfrentamientos entre bandas en las riberas del río y zonas rurales del sector.

“Lo que pedimos es la presencia del Estado, y no en cuestión de Fuerza Pública, sino que llegue institucionalmente. Necesitamos presencia del Instituto Nacional de Bienestar Familiar, la Unidad de Víctimas, entre otras, que ayuden a la población en cuanto a acompañamiento psicosocial”, dijo Murillo.

La respuesta del Gobierno a esta petición la entregó el mismo presidente Iván Duque, quien aseguró que desde que se conoció la alerta de la Defensoría han robustecido las tropas para combatir “personas armadas que frecuentaban esas veredas, desde ese entonces hemos fortalecido la Fuerza Pública”, dijo.

En razón a lo ocurrido finalizando 2019, el jefe de Estado aseguró que “el día de hoy el comandante de la Séptima Brigada estará en las veredas donde hay información de haber visto personas armadas”.

Para el presidente, no es una situación ajena que los grupos al margen de la ley se hayan querido apropiar de ese territorio. “El ‘Clan del Golfo’ muchas veces ha tratado de controlar rutas en esa región y nosotros los venimos atacando con contundencia, producto de ello son las 37 capturas que se registraron donde cayeron dos cabecillas. Le quitamos 44 kilos de explosivos y 1000 galones de combustibles usados para la base de coca”, dijo.

Sin embargo, el pueblo bojayaseño se siente abandonado por el Estado, pues en noviembre pasado cuando el Gobierno entregaba los restos de sus seres queridos, hicieron una grave denuncia que dejaba ver la preocupación de que un hecho como el de 2002 pudiese volver a ocurrir. Cuando hicieron la denuncia no había ningún miembro del alto gobierno.

Hoy, casi dos meses después, el presidente se pronunció sobre tal situación “espero no solamente fortalecer la presencia de la Fuerza Pública, sino que le demos total tranquilidad a los habitantes del municipio y de las veredas aledañas. Hoy estoy monitoreando esa situación desde por la mañana y espero tener parte del comandante”.

LA INCURSIÓN ESTABA ANUNCIADA

Una situación paradójica ocurrió en el acto ecuménico que se adelantó en noviembre del año pasado, en el que le daban el último adiós a los más de 80 cuerpos de las víctimas que perecieron en 2002. Un líder miembro de la comunidad que representa al Foro Interétnico Solidaridad Chocó, Cocomacia, Fedeorewa, Mesa Indígena del Chocó y la Diócesis de Quibdó, anunció que temían por el desamparo del Gobierno, que en cabeza de Duque, se venía registrando.

«El Gobierno colombiano no ha sido efectivo en garantizar los derechos de esta población. Antes, por el contrario, nuevamente se percibe una actitud omisiva y complaciente con el accionar de los actores armados», fue lo que expuso el representante tras señalar que, a pesar de que la Defensoría del Pueblo ha emitido dos alertas tempranas y cinco informes de consumación de Riesgos, la situación sigue siendo la misma.

Además de esto, señaló que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas ha documentado sobre hechos violatorios de los derechos humanos en contra de la población del municipio de Bojayá.

En ese entonces, el líder dijo que las organizaciones afro e indígenas y la diócesis de Quibdó han emitido diferentes comunicados y denuncias a la opinión pública sobre la grave crisis que viven los pobladores del municipio desde que se inició el mandato de Duque.

Para el representante y sus comunidades, «lo que se pretende con esta vulneración de derechos a los pueblos étnicos es apoderarse de nuestros recursos económicos, específicamente la explotación de recursos naturales y mineros que se encuentran en el municipio».

El representante señaló que el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia hacen presencia en el sector, imponiendo control del territorio social, político, económico, desconociendo los reglamentos internos. Hechos que en este momento no son desconocidos por la situación que padece Pogue.

«Los paramilitares exhiben su poderío militar en armas y hombres, siendo evidente que su desabastecimiento lo hacen abiertamente por el río Atrato en embarcaciones tipo bote y pangas, en algunos casos con centenares de combatientes», expresó y añadió que todo esto ocurre bajo «la mirada impávida del control de la Fuerza Pública”.

Los bojayaseños, en medio de su relato, señalaron que «se ciernen nuevamente sobre nuestros pueblos y territorios hechos amenazantes de desplazamiento, confinamientos, masacres, torturas, desapariciones y reclutamiento, que creíamos superadas con el acuerdo de paz».

BOGOTÁ (Colprensa).

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