15 años de justicia y paz: Avances en reparación y deudas en justicia

En 2020 se cumple el tercer lustro de la Ley de Justicia y Paz en Colombia, y aunque el trabajo de los tribunales se empezó a ver desde 2009 en el caso de Bogotá y 2011 en Medellín y Barranquilla, los resultados, según los mismos jueces, son satisfactorios y positivos.

En números, los tribunales de Justicia y Paz de las ciudades mencionadas, en donde trabajan 10 Magistrados de Conocimiento y 5 con Funciones de Control de Garantías, han emitido 66 sentencias, condenado a 642 postulados, juzgado 13.036 hechos. También se reportaron 71.339 víctimas y las indemnizaciones superaron los 812 mil millones de pesos.

El presidente de la sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, magistrado Juan Guillermo Cárdenas, afirmó que con esta ley se entró, por primera vez, a investigar los crímenes de sistema cometidos por integrantes de grupos armados ilegales como las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) y de guerrilleros como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), Ejército de Liberación Nacional (Eln), Ejército Revolucionario Guevarista (Erg) y el Ejército Revolucionario del Pueblo (Erp).

“Es un balance satisfactorio, que incluso supera en cifras lo que hicieron otros tribunales internacionales como los instalados en la antigua Yugoslavia, Sierra Leona, entre otros”, afirma el magistrado.

Sobre las dificultades que se dieron al pasar los años, el presidente de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, cree que el principal obstáculo era enfrentarse ante una nueva ley, con un conflicto Sui géneris, que obligaba a recopilar información en lugares remotos donde dominaban los ilegales.

“Investigar crímenes de sistema frente a los grupos armados ilegales era primera vez que se hacía en el país, no había sentencias por desapariciones forzadas, por homicidios de personas protegidas. Esta justicia dejó todo ese valuarte y estadística positiva. Hemos compulsado mas de 13 mil copias en contra de funcionarios del estado y terceros que hoy son materia prima para las investigaciones de la Justicia Especial para la Paz”, argumenta el jurista.

¿Qué dicen las víctimas?
El balance que deja la Ley de Justicia y Paz para quienes sufrieron el horror del paramilitarismo y demás grupos ilegales que acoge esta ley es incierto.

Para la Línea Fundadora de las Madres de la Candelaria, que representa a cientos de mujeres que perdieron a sus hijos o seres queridos en el conflicto armado, hay puntos altos y otros muy bajos, si se analizan los objetivos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

“Nosotras siempre dijimos que esa ley nos facilitó saber la verdad, saber que pasó con algunos de nuestros seres queridos en el conflicto, aunque insistimos que fue un enorme error del expresidente Álvaro Uribe, autorizar la extradición de los jefes paramilitares, con ellos se fue la verdad que aún falta”, afirma Amparo Mejía de las Madres de la Candelaria.

Sobre la justicia, Amparo considera que el trabajo está a mitad de camino, aunque aclara que para la mayoría de víctimas la verdad absoluta es justicia. “Tenemos madres con 5 desaparecidos, que solo han logrado saber que pasó con tres de ellos. Queremos seguir escuchando la verdad, que por dolorosa que sea, nos deja reconstruir el tejido social dañado”.

Sobre las reparaciones y garantías de no repetición, el balance es negativo. “Hay víctimas que se están muriendo y no han recibido un peso, puede que la cifra que presenten sea alta, pero no hay avances. Ni hablar de la no repetición, menos en un país donde siguen desapareciendo personas todos los días”, añadió Amparo.

Para Álvaro Villarraga, exdirectivo del Centro Nacional de Memoria Histórica, el resumen de la Ley de Justicia y Paz en términos de verdad es que “hubo aportes pero no fue suficiente. En todo caso son aportes que se traslucen en versiones libres de paramilitares que revelaron el impacto de los crímenes”.

Sobre justicia, Villarraga afirma que los resultados son precarios, de los más de 4 mil paramilitares acogidos, una fracción pequeña (642) ha sido condenada.

“La reparación se reconoce como un fracaso, hay consenso en decir que el fondo de reparación no tuvo recursos de los paramilitares. Mientras, en términos de no repetición, el objetivo quedó a medias ante la desarticulación parcial de paramilitares”, explica el experto en el conflicto armado colombiano. Porque aunque ya no tengan el mismo nombre, mucha de la guerra sigue reciclada.