Hallazgos por $ 3.740 millones en el Ejército

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Los equipos de la Contraloría General de la República encontraron debilidades en la labor de supervisión de los contratos No. 004, 006, 016, 030, 055 de 2016, suscritos por la IV Brigada, que conllevó al pago de servicios sin los soportes que evidencien la efectiva realización de las actividades, lo que genera un presunto daño por $251.999.932.

La Contraloría General de la República realizó 28 hallazgos que configuran un presunto detrimento patrimonial por $3.740.794.997,39 relacionados con contratos del Ejército Nacional.

Las evidencias fueron producto de una Actuación Especial de Fiscalización realizada por equipos de auditoría del nivel central y de la Gerencia Departamental Colegiada de Antioquia.

Uno de los casos más relevantes se relaciona con un contrato que tenía por objeto la reparación de componentes de la División de Aviación y Asalto Aéreo, en el que la institución militar hizo los desembolsos sin contraprestación alguna. A juicio de los auditores, se habría configurado entonces un daño fiscal estimado en $465.516.590.

El contrato, con número de radicación 407-CENACAVIACIÓN, se vio además afectado porque los responsables de su ejecución fueron eximidos, sin sustento legal, de pagar una sanción por incumplimiento en cuantía de US$32.600 (cerca de $100 millones a la tasa de cambio actual).

La Contraloría General de la República encontró, paralelamente, que el contratista encargado del suministro de combustibles se habría visto favorecido irregularmente al utilizar bienes fiscales en beneficio propio.

En efecto, consiguió que el Ejército le prestara aeronaves oficiales o le facilitara otras contratadas por horas de vuelo. El presunto detrimento patrimonial asciende en este caso a los $453.713.616.12.

Otro contrato que atrajo la atención de los investigadores fue celebrado por la Central Administrativa y Contable Regional Usaquén, del Comando de Logística, para la realización de obras de infraestructura. Al comparar lo ejecutado contra lo cancelado, no fue posible evidenciar las cantidades descritas en las respectivas Actas. Las diferencias en cantidades llegaron a $160.349.266.

VIÁTICOS Y SEGUROS SIN SUSTENTO

La Actuación Especial de Fiscalización determinó también que, durante las vigencias 2016-2017 el oficial a cargo del Comando de Educación y Doctrina (CEDOC) recibió viáticos sin la debida legalización.

De hecho, no existen Informes Ejecutivos sobre las actividades desarrolladas, requisito indispensable de conformidad con la Directiva 006 de 2015 y Plan 1037 del 9 de marzo de 2017, para acreditar el gasto.

Los equipos de la Contraloría General de la República encontraron debilidades en la labor de supervisión de los contratos No. 004, 006, 016, 030, 055 de 2016, suscritos por la IV Brigada, que conllevó al pago de servicios sin los soportes que evidencien la efectiva realización de las actividades, lo que genera un presunto daño por $251.999.932.

También hallaron evidencia del pago injustificado de la prima de seguro para el Hangar de oficinas en Guaymaral, que no pertenecía al Ejército. Con esta conducta se generar un presunto daño fiscal por $54.000.000.

En la ejecución de los contratos No. 008, 028, 049 de 2016 y CO1_253281, C_141 y 080 de 2017, para la adquisición de productos de cafetería y restaurante para las diferentes Unidades de la Cuarta Brigada, no hay evidencia del uso y destino final dado a las compras realizadas.

Estos hechos han sido atribuidos a debilidades en los controles, que han conllevado un posible detrimento al patrimonio público por $98.960.129.

Una situación similar se ha presentado en una Orden de Compra de la Séptima División para contratar al operador logístico de sus actividades de bienestar social. No hay soportes de la ejecución física de este programa que permitan determinar y evaluar la calidad y cumplimiento de los requisitos exigidos a los proponentes y cuantificar las cantidades ejecutadas de cada actividad contemplada en la propuesta del contratista, acorde a los estudios previos. El detrimento aquí sería del $70.000.000.

NO APARECEN EXCEDENTES DE KIT PARA SOLDADOS

Al revisar con detenimiento el contrato Nro.309-BASPC4-2016, por $471.481.040 (incluido IVA), celebrado por la Cuarta Brigada del Ejército, los auditores se encontraron con un mayor gasto al requerido para la dotación a 4.402 soldados incorporados en la vigencia 2016.

En este caso no existen soportes que permitan tener certeza sobre el destino final, justificación, utilización y beneficiarios de los elementos adicionales por valor de $140.659.200, monto del presunto detrimento patrimonial.

Otras posibles irregularidades incluyen la débil supervisión a los trabajos de mantenimiento de inmuebles incluidos en el Contrato No. 298 de 2016, para las unidades centralizadas del BASPC4. Entre los documentos ligados a la operación contractual no aparece el registro fotográfico específico que permita comprobar que los trabajos fueron recibidos a satisfacción. Aquí se presume un detrimento al patrimonio por $275.659.120.

EJÉRCITO SE PRONUNCIA

Como respuesta a los hallazgos que este miércoles hizo públicos la Contraloría General con relación a un presunto detrimento patrimonial en el Ejército, la entidad se pronunció afirmando que rechaza todo tipo de conductas que estén por fuera del marco de la Constitución Política y los marcos legales vigentes.

“En tal sentido, a través de la creación de la Dirección de Aplicación de Normas de Transparencia del Ejército Nacional, DANTE, soporta su política de dar continuidad al mejoramiento de los procesos y procedimientos de prevención, detección y eliminación de las amenazas dentro del actuar misional de la Fuerza, por lo que ha ido fortalenciendo la transparencia de quienes integran la Institución”, añadió el Ejército en un comunicado.

Además, informaron que la Inspección General del Ejército, “en uso de sus funciones, adelantará la verificación y posterior evaluación de los hallazgos señalados por la Contraloría General de la República”, dice la institución en el comunicado emitido.

“El Comando del Ejército Nacional reitera el compromiso estipulado en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, Alianza contra la Corrupción”, concluye la comunicación.

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