Pese a revelaciones, Duque insiste en que salida de general Nicacio fue por razones personales

El presidente de la República, Iván Duque, aseguró que es respetuoso de la información revelada en las últimas horas y que relaciona al saliente comandante del Ejército Nacional, general Nicacio Martínez, con casos de interceptaciones ilegales a magistrados, políticos y periodistas.

En medio de su visita a la población de Bojayá (Chocó), el presidente señaló que “quiero ser muy claro en esto: como presidente de Colombia aquí hay cero tolerancia con cualquier conducta de miembros de la Fuerza Pública, que atente contra la Constitución y la Ley. Esa es la instrucción que han tenido siempre todos los comandantes”.

El presidente aseguró también que “hoy tuve la ocasión de hacerle unas precisiones muy claras al general Navarro, al general Zapateiro y al Ministro de Defensa y es que avancen hasta el fondo con todas las investigaciones sobre hechos de malas conductas. Pero aquí tenemos unas FFMM que se han destacado siempre por ser honorables y al servicio de los colombianos. Donde haya manzanas podridas, llevarlos a que se les apliquen sanciones”.

Sobre la salida del general Nicacio Martínez, Duque indicó que “salió porque él me dio a mí razones personales que entendí y terminó su servicio después de 38 años de servirle a Colombia. Él argumentó razones personales, las entendimos, y nombramos al general Zapateiro”.

Frente a las investigaciones en contra del oficial, dijo que “la tranquilidad es que si hay miembros de la Fuerza Pública que están teniendo conductas contrarias a la Constitución y la ley, nosotros mismos vamos a sancionarlos, a denunciarlos y ese debe ser el espíritu mío como comandante supremo de las FFMM, pero también de todos los que ejercen Comandancia”.

Cabe mencionar que a raíz de la publicación de la revista Semana en las que se relaciona al oficial (r) con casos de interceptaciones ilegales,  el senador Iván Cepeda aseguró que “es un escándalo que sólo es equiparable al del DAS, ya que se trata de un gigantesco aparato de seguimientos y espionaje político dirigido desde el alto mando militar, contra personas que defendieron el proceso de paz y contra magistrados que llevan casos muy importantes. También periodistas”.

Cepeda agregó que es importante que se determine cuál es la responsabilidad del presidente de la República “porque una operación de esta magnitud dudosamente no está en su conocimiento y además las responsabilidades del Centro Democrático que también fue mencionado”.

En las últimas horas, la Revista Semana reveló que el general Martínez habría participado al paracer en varios casos de interceptaciones ilegales a magistrados, otros generales y hasta periodistas.

Uno de los detalles de la publicación destaca que “el primer indicio de que algo andaba mal llegó a oídos de los organismos de inteligencia estadounidenses. Estos habían donado un par de sofisticados equipos técnicos, pero empezaron a recibir información según la cual algunos militares los estaban usando para fines ilegales”.

De la misma forma se conoció que algunos apoyos económicos llegaron “para pagar fuentes que pudieran entregar valiosa información terminaban en los bolsillos de algunos oficiales. Empezamos a notar que nos estaban pidiendo más dinero del habitual con el pretexto de conseguir fuentes de mucho interés».

El integrante de inteligencia, quien al parecer ha venido entregado detalles de estos hechos, también precisó que «nos dimos cuenta que estaban bajando la información de internet”.

De acuerdo con Semana, uno de los militares que trabaja en un batallón de ciberinteligencia les confirmó que “acá se empezó a hacer lo que se hacía en otras unidades de inteligencia como la Rimec. Se creaban informes falsos, basados en fuentes que no existían para conseguir unos recursos que se repartían entre los mandos”.

Lo que habría revelado este suboficial es que le asignaron un número celular y le entregaron datos como el correo electrónico supuestamente de otra integrante de esa institución que estaba afectando los intereses del Ejército, aunque se buscaba a la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, quien tuvo hasta mediados del año pasado el caso de manipulación de testigos contra el expresidente Álvaro Uribe.

También se denunció que otro militar activo tuvo a cargo interceptaciones a políticos como Roy Barreras.

También se menciona que a través del sistema ‘El hombre invisible’, se dio orden el año pasado el comando de apoyo de Inteligencia Militar (Caimi) comprar una plataforma tecnológica que fue entregada a un militar retirado y a un activo, por 3.000 millones de pesos.

Fuente: Sistema Integrado de Información