Se ´embolató´ venta de Electricaribe

Durante muchos años la Superintendencia de Servicios Públicos nunc a sancionó a Electricaribe por la mala prestación de sus servicios a los usuarios. Ahora ocurre lo mismo. Bajo la administración de la Superservicios, ésta actúa como juez y parte y pese a las deficiencias que se denuncian, nada se hace.

Ya no será en el primer trimestre de este 2020 que el Gobierno enajene los dos bloques en la que ha ofrecido la empresa Electricaribe. Este nuevo aplazamiento que lo tenía guardado el Gobierno nacional se conoció en el fin de semana y otra vez el proceso se ve truncado.

La ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, al igual que la superintendente de Servicios Públicos, Nathasa Avendaño pusieron al  Presidente de la República, Iván Duque Márquez anunciar recientemente en la ciudad de Barranquilla que el Gobierno Nacional esperaba adjudicar en el primer trimestre de 2020 el operador de la empresa Electricaribe para la prestación del servicio de energía en la Costa.

 “El Gobierno Nacional ha hecho todo lo que está en sus manos para hacer esa transformación y estamos en este momento, con la Ministra de Minas y con la Superintendencia de Servicios Públicos, avanzando en este proceso para que en el primer trimestre podamos darle esa solución en términos de operadores”, dijo el Mandatario hace dos semanas. A renglón seguido, el Jefe de Estado afirmó que el mercado eléctrico de la costa Caribe se dividirá en dos operadores. “Uno sería bajo el nombre de CaribeMar y el otro de CaribeSol y sobre esa base hemos venido recibiendo propuestas”, recalcó el Presidente Duque, al momento de resaltar que se espera que “nosotros podamos adjudicar esos operadores en el primer trimestre de este año; esa es nuestra meta”.

Sin embargo esos propósitos se cayeron como una estantería. Las razones sería eminentemente jurídicas y hay mucha prevención en tres de los cuatro oferentes con respecto al proceso de transformación estructural, con las inversiones, con la operación, con la sostenibilidad, pero sobre todo con la normatividad que aun no sale y tal como lo esperan los nuevos futuro inversores.

´Nadie va a invertir sin saber cómo va a recuperar su dinero y bajo el actual esquema tarifario, bajo las actuales circunstancias de rezago tecnológico es imposible. La Costa tiene una alta cultura de no pago en este servicio la cual creció por la ineficiencia que ha tenido Electricaribe. Ahora bien el tema de los subsidios no se ha definido. Como va a ser el operador para suspender el servicio en una zona de las llamadas rojas, donde nadie puede llegar, ni siquiera la fuerza pública, hay muchos detalles que no ha querido aclarar el Gobierno´, dijo  uno de los asesores de uno de los grupos interesados.

LO QUE SE HA HECHO

Inicialmente estaba previsto que la licitación se llevaría a cabo a finales del año pasado. No obstante, la decisión fue aplazada tras la caída de la Ley de Financiamiento en la Corte Constitucional en octubre.

La superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Natasha Avendaño, señaló entonces que “se mantiene el mismo proceso que estamos ofreciendo: tres compañías, que es el mercado completo, o Caribe Mar, Caribe Sol por separado. Simplemente se ve el impacto por no poder contar con unas normas tributarias en particular”.

La funcionaria insistió en que “esta prórroga se aplica dentro del proceso de búsqueda de uno o más inversionistas para el sistema de distribución local y de transmisión regional, así como para la actividad de comercialización de energía eléctrica que realiza la empresa en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre, con el fin de tener certeza sobre los aspectos fiscales que se están tramitando actualmente en el Congreso de la República”.

Afirmó que el nuevo cronograma contempla la presentación de sobres de oferta el 20 de febrero de 2020. La subasta por el mercado completo se realizará el 26 de febrero y por los mercados segmentados, el 28 de febrero. Mientras tanto el Gobierno nacional continúa apoyando a la compañía intervenida para asegurar la prestación del servicio de energía eléctrica en la costa Caribe. Por su parte, la empresa continuará contratando y ejecutando su plan de inversiones por más $800.000 millones que se traducen en obras dirigidas a mejorar progresivamente la calidad en la prestación del servicio.

INTERÉS DE EPM

Hace dos semanas Empresas Públicas de Medellín (EPM) presentó una solicitud de preevaluación relacionada con la adquisición de la totalidad de las acciones de Caribe Mar, una de las dos empresas que el gobierno propuso segmentar la compañía. Caribe Mar prestaría el servicio de energía a 1,5 millones de clientes de los departamentos de Bolívar, Córdoba, Sucre y Cesar. Mientras que la otra empresa, Caribe Sol, tendría cerca de 1,2 millones de clientes y haría presencia en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.

APORTES POR $1,3 BILLONES

Recursos por $1,3 billones ha invertido el Gobierno para garantizar la operación de Electricaribe, de acuerdo con la Superintendencia de Servicios Públicos, que aseguró que este año se giraron $860.000 millones para inversión.

La funcionaria indicó que los recursos están disponibles para la compañía y se giran en la medida que los contratos se van ejecutando. Avendaño explicó que el objetivo es que esto quede ejecutado durante 2020, independientemente de que la empresa siga intervenida o que entreguen las llaves en febrero, esos recursos son un compromiso del Gobierno nacional. “Cuando entreguemos las llaves quedarán depositados en un instrumento financiero, una fiducia para que se acaben de pagar esas obras. Eso no lo va a tener que pagar ni el operador, ni los usuarios vía tarifa”, explicó Avendaño, agregando que esto es por el lado de las inversiones.

LA DEMANDA

Por otro lado, actualmente el Gobierno nacional afronta una demanda contra de Gas Natural por la mala prestación del servicio de Electricaribe en siete departamentos de la Costa,

El proceso ya ingresó a su fase final y según Camilo Gómez, director de Defensa Jurídica del Estado, Colombia va por buen camino en el reclamo de $1,7 billones por los perjuicios de la electrificadora. La audiencia que se desarrolló en Washington duró una semana, del 5 a 13 de diciembre, en las instalaciones del Ciadi, donde Gas Natural, ahora Naturgy, insistió en su reclamación de US$1.500 millones. Lo anterior, bajo el argumento de que la intervención de Electricaribe no fue procedente por “supuestas violaciones al estándar de: trato justo y equitativo; protección y seguridad plenas”.

 “Colombia se concentró en demostrar que Electricaribe se encontraba en una precaria situación financiera que le impedía prestar el servicio de energía eléctrica en los siete departamentos de la costa Caribe. Colombia demostró que fue necesario intervenir a Electricaribe para garantizar el suministro de electricidad en la región Caribe y prevenir que se desarrollara una crisis financiera en el sector de energía eléctrica en Colombia”, indicó Gómez. Uno de los principales argumentos de Colombia es que la intervención de Electricaribe no fue un acto político y no constituye una expropiación, como alega Gas Natural.