Samarios miran con reserva el aborto legal

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Sobre la mesa de la Corte Constitucional vuelve a estar uno de los temas más controversiales de últimos los tiempos. Se trata del debate que busca despenalizar por completo el aborto, en al menos, las primeras 12 semanas de gestación.

Un proyecto de fallo que cabe resaltar fue elaborado por el magistrado Alejandro Linares y el cual hoy tiene a Colombia dividida en dos, por un lado están aquellos quienes lo apoyan, mientras que los sectores más conservadores del país lo condenan.

El tema se puso a la orden del día nuevamente, producto de la demanda interpuesta por una abogada con la que busca que se reconozca que la vida comienza desde la gestación y, por ende, los fetos deben salvaguardarse a ultranza, “al pertenecer a la especie humana, no debe haber ninguna justificación para que sean excluidos de protección constitucional”, expresó la abogada Natalia Bernal.

Y es que cabe resaltar que hasta el año 2006 en Colombia, el aborto era sinónimo de Cárcel, sin embargo, luego de la  sentencia C-355 del mismo año por parte de la Corte, en el país se despenalizó la Interrupción Voluntaria del Embarazo, por supuesto, la medida se avaló bajo tres causales: cuando el embarazo es producto de una violación, cuando haya malformación del feto o cuando corra peligro la vida de la madre. Desde entonces, han sido muchos los intentos de reversar esa decisión judicial.

No obstante y pese a ser despenalizado por la Corte Constitucional, durante los últimos 13 años, según reportes entregados por la Mesa Nacional por la Vida y Salud de las Mujeres, 1.200 han notificado barreras para acceder a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, IVE. De acuerdo con el informe, entre los tipos de barreras se encuentran: La negación del servicio en la EPS; el desconocimiento del tema; el acceder al procedimiento pero sin autorización del medicamento para el dolor, entre otros.

Las mujeres que han reportado barreras para la interrupción voluntaria del embarazo, tienen entre 15 y 25 años.

LO QUE OPINAN LOS  SAMARIOS

 En Santa Marta la posible decisión de levantar la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, trajo consigo opiniones divididas con argumentos tanto a favor como en contra del aborto.

Para Yuvidis Duran, la sentencia es algo que debería seguir como está, bajo las tres causales por la cual se aprobó, “el aborto debería ser una decisión propia y voluntaria, sobretodo en todos esos casos aberrantes que ahora se presentan, como que el mismo padre violó a su hija menor de edad”, aseguró la samaria.

Además, Duran resaltó: “Aunque él bebe es el menos culpable de la situación, tenemos que ponernos a pensar que será más delante de la vida de ese niño y su crianza producto de una violación, hay muchas madres que desconocen a sus hijos y hasta los llegan a aborrecer por el simple hecho de que le recuerdan esa violación o ese hecho traumático y ese niño quien sabe mañana al día como pueda crecer o el sufrimiento que esto le pueda causar”.

Mónica De La Hoz, es otra de las samarias que se encuentran totalmente a favor de la decisión de la Corte Constitucional, alegando que una interrupción segura del embarazo, es un derecho fundamental de las mujeres.

 “Dentro de los derechos que tenemos las mujeres tanto sexuales como reproductivos tenemos la libre decisión de realizar el procedimiento del aborto de una manera segura cuando  la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida y cuándo el embarazo sea el resultado de una conducta, como abuso sexual debidamente denunciada”, manifestó De La Hoz.

Asimismo, De La Hoz señaló que volver a penalizar la Interrupción Voluntaria del Embarazo, podría traer consecuencias como el incremento del aborto en establecimientos clandestinos, los cuales en la mayoría de los casos no cumplen con ninguna norma médica y en donde los procedimientos son realizados por personas no capacitadas, que pueden llegar a poner en riesgo la vida de la madre.

Por otro lado, Isabel Reatiga, enfermera y madre samaria, manifestó que no se encontraba en total acuerdo con la despenalización del aborto, esto debido a una de las premisas por las que fue despenalizado el aborto.

 “Como enfermera sé lo que puede causar un embarazo complicado, por lo que estoy de acuerdo bajo esos términos, asimismo cuando el embarazo es sinónimo de malformaciones que pueden llegar a causar dolor e incluso hasta la muerte del feto cuando nazca, pero con lo que no estoy de acuerdo es con la interrupción del embarazo en casos de violación”, expresó Reatiga

Según la enfermera, esto se debe a que si bien el tema es complicado, existen opciones más allá del aborto para casos en donde la mujer haya sido víctima de ese delito.

“No estoy de acuerdo con la interrupción de un embarazo en donde el feto se desarrolle con completa normalidad y la vida de la madre no se vea afectada, no podemos permitir que apaguen una vida por el simple hecho de no quererlo, hay otros métodos como por ejemplo entregarlo en adopción o entregarlo a un familiar que pueda criarlo de forma correcta, segura y en el seno de un hogar amoroso”, puntualizó la enfermera.

 Del mismo modo, Isabel Nova argumentó que la vida de un ser humano prevalece como derecho fundamental en la constitución y expresó que aunque nadie puede ponerse en los zapatos de una mujer víctima de delitos sexuales, deberían buscarse alternativas en donde los fetos sean los menos perjudicados en toda la situación.

Los hombres por su parte, aseguraron que: “debe ser legal, seguro y gratuito. Interrumpir un embarazo no es obligatorio. Lo que sí es obligación por parte del Estado y el sistema de salud es respetar y garantizar el derecho de las mujeres a decidir”, aseguró Ever Gamero.

Asimismo, su sobrino Alder Gamero también detalló: “Si no está de acuerdo con el aborto, no aborte. Detrás de cada decisión de interrumpir un embarazo hay una historia, un contexto y una mujer diferente. Tratar de  imponer las convicciones de las mayorías atenta contra los derechos de las mujeres”.

WOMEN’S EQUALITY CENTER

Catalina Calderón, representante de Women’s Equality Center para Latinoamérica y el Caribe, organización que trabaja por los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, indicó  a HOY DIARIO DEL MAGDALENA que aunque en Colombia están aprobadas tres causales para la interrupción voluntaria de un embarazo, muchas se ven obligadas a acudir a procesos judiciales:

“Ocurre que cuando las mujeres son diagnosticadas con casos graves de embarazos especiales como cuando el feto no desarrolla pulmones o son víctimas de violación o su vida está en peligro a causa del embarazo y va a su EPS o al sistema subsidiado a atender la necesidad de entumir su embarazo lo que encuentra es muchísimas barreras, entonces no solamente es un momento difícil, sino que el Estado a través del sistema de salud lo hace más difícil todavía”, señaló.

De acuerdo con la representante de Women’s Equality Center, gran parte de esas barreras son producto de la desinformación desmedida que existe alrededor del tema, “así como también nos cuesta trabajo informarnos de este tema porque  genera aún muchos tabús, y al no tener información ni las mujeres, ni los prestadores de salud, al final quienes terminan sufriendo las consecuencias son las mujeres”.

OBSTACULOS

 Entre los obstáculos identificados para la prestación de los servicios de interrupción voluntaria del embarazo se encuentran: El desconocimiento de las mujeres sobre la existencia de esta norma legal, los mecanismos de acceso y su amparo en el Sistema General de Seguridad Social en el país. Todas las actividades, procedimiento e intervenciones, están amparadas y son libres de copago o cuotas moderadoras, por ser una intervención prioritaria en salud pública en el país.

Así como también los imaginarios, preceptos, preferencias religiosas de los funcionarios que propician asesorías y orientaciones poco idóneas, privilegiando la aplicación de prácticas de desistimiento y no el cumplimiento del deber legal, de suministrar información completa, veraz y oportuna, para que la Mujer en libertad de conciencia, elija lo que considere mejor para ella.

Uno de los más graves es el desconocimiento de funcionarios de los sectores involucrados sobre los contenidos y real alcance de la norma, que hace que se brinde información no acorde con lo despenalizado, tergiversada o errónea. Ambas circunstancias generan desinformación, por omisión o por negligencia. Es obligación para todas las Entidades hacer la difusión del derecho con contenidos claros, oportunos y veraces.

En Colombia falta establecer rutas y procesos claros para el acceso a la atención, de parte de EPS e IPS. Por ello se viola el derecho a la información, el secreto profesional y el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo. Se prioriza la judicialización de casos y no el restablecimiento del derecho.

El abuso de la objeción de conciencia, fundamentada en el derecho que le asiste a los médicos a no realizar procedimientos de interrupción del embarazo por convicciones religiosas. Se reconoce y respeta el derecho, pero obliga al objetor a derivar rápidamente a un no objetor.

Limitaciones en la asesoría y provisión efectiva de anticoncepción, por baja oferta institucional para la provisión efectiva de métodos de anticoncepción. El POS dispone de una amplia gama de métodos modernos de anticoncepción, con tecnologías que pueden estar disponibles en todos los municipios del país, y totalmente gratuitos.

Y finalmente, la última traba se encuentra porque las direcciones, instituto o secretarías departamentales o distritales de salud no realizan de manera sistemática actividades de acompañamiento al establecimiento de rutas, de vigilancia y control a la red de prestadores para garantizar el acceso al derecho. Algunas desconocen la competencia y asumen posturas personales, desconociendo la aplicación de las causales y convirtiéndose en barreras de acceso.

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