Plan de choque contra el enfrentar hacinamiento carcelario en todo el país

“Los sindicados que están en las URI y en las estaciones de policía, son responsabilidad de los entes territoriales; la Corte Constitucional en varias sentencias, les ha llamado la atención y los ha instado a que ayuden en este hacinamiento”, dijo.

En ese sentido agregó, “el artículo 17 del Código Penitenciario asigna a los entes territoriales la función de encargarse de los sindicados o procesados, y dos sentencias de la Corte Constitucional confirmaron que era una responsabilidad de dichos entes, manifestando que los presupuestos municipales y distritales deben incluir partidas para tal fin”.

Este pronunciamiento lo hizo luego de que la personera de Bogotá, Carmen Teresa Castañeda, pidiera que se declare de manera urgente la emergencia carcelaria ante el grave hacinamiento en las URI y las estaciones de Policía de la ciudad.

En su momento, la funcionaria indicó: “¿Cuántos muertos se necesitan para que den una solución definitiva? Esos lugares no son centros carcelarios, allí máximo deben estar 36 y hasta 48 horas y no ser utilizados como sitios de reclusión permanente”.

En ese sentido agregó: “ni el Distrito, ni el Inpec, ni la Fiscalía toman medidas de fondo para evitar casos como el de una estación con capacidad para 20 personas y que tenga 101. La URI de Puente Aranda con una capacidad para 70 personas tiene 119”.

La Personera de Bogotá advirtió que la URI de Kennedy que tiene cupo para 60 retenidos, alberga actualmente a 77 personas, además de las unidades de paso de Ciudad Bolívar y La Granjaque se encuentran cerradas.

 “Las URI no son lugares para tener privadas de la libertad a las personas que delinquen o infringen la ley penal, ni tampoco las URI o las estaciones de policía. Así estuvieran todas funcionando, no deberían ser un lugar de manera permanente como se hace actualmente”, precisó.

Frente a esto, Cabello reconoció que es grave la situación pero indicó que, el Gobierno entiende que es complicado para los alcaldes y gobernadores, con sus presupuestos, asignar recursos para la construcción de cárceles.

Reiteró que a través de su cartera, se busca implementar un plan de choque que garantice 20 mil nuevos cupos para los centros carcelarios de Colombia.

 “En total ayudaremos con unos 20.000 nuevos cupos, pero ese no es el único problema. Existen otros relacionados con Política Criminal que originan el hacinamiento”, afirmó la ministra.

Con relación a la situación que afronta Bogotá, señaló: “queremos colaborar, pero hay que reconocer que hay mucha responsabilidad del ente territorial, además de un problema social de valores y principios. Aquí no se trata de discutir responsabilidades, sino de trabajar para solucionar un problema que aqueja a la sociedad”.

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