El paro y la conversación

El pasado 21 de enero el Esmad intervino 25 veces en las manifestaciones alrededor del país. Muchos candidatos electos que prometieron en campaña no usar la fuerza antimotines tuvieron que recurrir a ella, pues entendieron la razón de su existencia. Cuanto entra en tensión el derecho a la protesta y el derecho a la movilidad y la seguridad de los otros ciudadanos, se requiere controlar la protesta, y salvaguardar la ciudadanía que también tiene derecho a no estar en paro. El Esmad es una fuerza diseñada para no ser letal, entrenada para soportar ataques y minimizar los riesgos para los manifestantes.

La protesta es un derecho, pero tiene como todos, limitaciones; no admite violencia, ni vías de hecho, ni bloqueos. Si los manifestantes usaran su derecho dentro de los términos legales, el Esmad sería innecesario; sin embargo, como se filtran vándalos, como algunos colombianos consideran que para pedir algo no sólo hay que pedirlo sino hacerlo de manera extorsiva (causándole daño a otros para obligar al Gobierno a ceder), pues el Esmad es indispensable. Su función es restablecer los derechos y libertades públicas.

El 21 de enero hubo 10 policías heridos y más de 7 personas capturadas. En Bogotá, 77 buses fueron vandalizados; en Medellín, agredieron vigilantes de bancos, y atacaron una estación del Metroplús. Fenalco estima las pérdidas en 150 mil millones pesos diarios. El Banco de Bogotá calcula que el paro del año pasado podría tener un impacto del 0,2% del PIB.

El llamado «paro nacional» está sobretodo inspirado en los diferentes movimientos internacionales como los de Francia y Chile. Se habla de una crisis de la participación ciudadana, potenciada por la existencia de las redes sociales que ha permitido mucha más coordinación y activismo de los ciudadanos, que, en consecuencia, encuentran insuficientes los mecanismos de la democracia representativa. Los gobiernos han intentado conversar con todos los actores, sin embargo, es poco probable que esa sea la vía de solución; primero porque lo que dicen no es lo que quieren y, segundo, porque no hay interlocutor válido.

No es claro que quieren o a que aspiran los manifestantes, pues el discurso se refiere a la inconformidad fundamental sobre cómo es el mundo. Así que sería ingenuo creer que en ello algún gobierno puede cambiarlo. Las cuentas hay que pagarlas, solo disponemos de recursos económicos finitos y limitados de nuestras economías, no hay plata para todo… así es y así seguirá siendo.

 Y con quién conversar, también es un imposible de contestar. Cuando le preguntan a un manifestante quién lo representa en el autodenominado “Comité Nacional de Paro”, no lo sabe.  La encuesta CNC, a finales del año pasado, reveló que el 52% no conoce ni ha oído hablar de ese Comité. Ese Comité ha sido utilizado por diferentes actores políticos para llevar a cabo su modelo de país. Empezaron con 13 exigencias, y ahora son 134. Y por supuesto la crítica democrática de para qué se elige un presidente con un programa de gobierno, si unos pocos a través de paro pretende tomar las decisiones del gobierno.

Las exigencias del comité están conectadas con los modelos socialistas, y los ahora llamados “progresistas”. Arrancan con pedidos de las tradicionales de las Farc y el Eln como el desmantelamiento del Esmad, modificación de estructura militar, negociación de paz con todos los grupos armados, libertad de supuestos “presos políticos”, movimientos de casos de la Justicia Penal Militar. Piden la estatización de Ecopetrol y del sistema de Salud. Piden que no se tramiten reformas laborales, pensionales ni de salud; así como la derogación de la ley naranja, ley de Tics. En fin… de todo y para todos los gustos.

Conversar es fundamental para tratar de avanzar sobre acuerdos sobre lo importante, pero con un paro con propósitos políticos esa no será la solución. Los mandatarios locales deben afrontar que esto continuará y que son ellos los encargados del orden público en sus ciudades.

*Senadora