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En la segunda instancia se podría echar rever
UBER comenzó a prestar un servicio público que está regulado por la Ley, dice el Gobierno.
Desde el 1 de febrero, Uber dejó de operar en Colombia tras una orden de la Superintendencia de Industria y Comercio. La compañía anunció al Gobierno de Iván Duque que someterá su caso a arbitraje internacional, conforme al Tratado de Libre Comercio.
Sobre este hecho, también se pronunció el embajador de Estados Unidos en Colombia, Philip S. Goldberg, quien dijo que le preocupa que Uber haya salido del país, mientras que otras aplicaciones que funcionan de forma similar continúan operando.
Al respecto, el ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo Abondano, recordó en diálogo con La FM que la sanción a Uber fue una decisión en primera instancia y que todavía falta una segunda ante un tribunal.
«El caso Uber se refiere a una decisión en primera instancia por parte de la SIC pero en atribuciones jurisdiccionales, eso significa que está actuando como rama judicial (…) esta es una rama distinta a la rama ejecutiva. Soy respetuoso de esa primera decisión de la rama judicial y esperamos la segunda, todavía falta la segunda instancia ante un tribunal», afirmó.
Explicó que en esa segunda instancia se contempla en el Tratado de Libre Comercio para garantizar el derecho a la competencia.
«La mejor forma para dar seguridad jurídica es dar todas las garantías para que se cumplan o diriman las diferencias, y el TLC con EE.UU. contempla esas diferencias pero también mecanismos para resolver estos conflictos», aclaró.
El alto funcionario manifestó que ahora se abre un camino, de alrededor de 90 días, para que el Gobierno y la aplicación estadounidense lleguen a un acuerdo.
«Se trata de la prestación de un servicio público esencial, y este es un servicio público que está tremendamente regulado», agregó.
No obstante destacó que Colombia ha venido construyendo un modelo económico basado en atraer y motivar la iniciativa privada.
Sobre si Airbnb podría correr con la misma suerte que Uber, el ministro explicó que este es un caso distinto porque «no es un servicio regulado como sí lo es el sistema de transporte».
«En el marco de la mesa de formalización turística hemos tenido acercamiento con estas plataformas, que deben contribuir al registro nacional de turismo y con recursos al sector», puntualizó.
LAS PREOCUPACIONES DEL EMBAJADOR DE EE.UU.
El embajador de Estados Unidos en Colombia, Philip S. Goldberg, manifestó su preocupación por el reciente cierre de la aplicación estadounidense, la cual dejó de operar luego de ser notificada de una sanción por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.
Según el diplomático, es preocupante que mientras esta empresa estadounidense se ve obligada a cesar sus operaciones, existan otras aplicaciones que funcionan bajo las mismas circunstancias.
«Nos preocupa que una empresa estadounidense se vea obligada a cesar sus operaciones mientras que otros competidores sigan operando con el mismo modelo de negocio aparentemente», dijo el embajador.
En ese sentido, Goldberg pidió seguridad jurídica para las empresas y la inversión extranjera en Colombia, lo cual atizó aún más la controversia.
«Confiamos en que el sector privado se transforme aportando nuevas tecnologías, que abran mercados nuevos, para esto se debe proporcionar un marco para la transparencia y nivelar el campo de juego para que las empresas reciban un trato justo y equitativo», añadió.
La compañía Uber anunció que ya presentó al gobierno del presidente Iván Duque una notificación formal de su intención de someter su caso a arbitraje internacional, conforme al Tratado de Libre Comercio (TLC).
La intención es tratar de resolver ante esa instancia la controversia suscitada por el fallo emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), el 20 de diciembre de 2019, que obligó a que dejar de operar en el país desde el 1 de febrero de 2020.
Uber, a través de un comunicado, también reveló que dado a que el TLC exige presentar una estimación aproximada de los daños y perjuicios sufridos a raíz de las presuntas violaciones del Tratado. Sus cálculos preliminares indican que los daños superarían los 250 millones de dólares.
Respecto a la decisión de la SIC de bloquear la aplicación en Colombia obligándola a dejar de operar con su servicio de transporte privado de pasajeros, Uber advierte que esto «constituye un acto de censura en contra la neutralidad de red, la libertad de expresión en Internet, y el uso de Internet».
