Seguimientos y torturas del batallón de inteligencia llegan a manos de la JEP

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Como “un complejo andamiaje de seguimientos, investigaciones, infiltraciones y colaboración entre estamentos militares y paramilitares y entre organismos gubernamentales” es calificada la labor realizada por Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia Charry Solano, que posteriormente pasó a llamarse Brigada XX, en contra de grupos políticos, sociales y familiares de personas que fueron víctimas de detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.

El documento será entregado este viernes ante la Jurisdicción Especial para la Paz y fue elaborado Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos. Relata, entre otros, lo ocurrido en contra de esas personas entre 1977 y 1998.

Uno de los casos a los se hace referencia es el del estudiante Claudio Medina que hacia parte del Movimiento de Defensa Obrera y fue detenido en enero de 1979.

Tras su captura fue llevado a la temida ‘caverna’ de la Escuela de Comunicaciones del Ejército y murió tras ser víctima de varias torturas.

También se hace referencia a lo ocurrido con la médica Olga López de Roldán, que siendo funcionaria del hospital San Juan de Dios atendió a Augusto Lara Sánchez, quien fue miembro del comando superior del M-19.

Después de que este grupo asaltó el Cantón Norte del Ejército y robó armamento, los militares emprendieron acciones para detener a todos los que tuvieran conexión con este grupo. En una de esas ofensivas López y su hija fueron detenidas.

Reseña el documento que “el 3 de enero de 1979, a las 4:00 a.m., un grupo de militares -más de setenta-, bajo la dirección del capitán Leopoldo Hincapié Segrera, llega de forma violenta a la residencia de la doctora López quien se encontraba con su hija de cinco años, Olga Helena Roldán (…) y son conducidas a la Brigada de Institutos Militares -BIM. En el marco de las torturas la intentan drogar con burundanga y posteriormente la amenazan con la violación”.

La médica fue dejada en libertad en enero de 1981 al ser declarada inocente en el Consejo Verbal de Guerra, sin embargo, tres meses después sale exiliada del país debido a que continua la persecución contra ella y su familia.

Los estudiantes Alejandro Arcila y Ángela Trujillo, y el dirigente del Partido Comunista, Óscar William Calvo, asesinados por integrantes del batallón Charry Solano el 20 de noviembre de 1985; José del Carmen Cuesta, detenido el 18 de junio de 1988 por hombres armados que lo llevaron hasta la sede del Charry Solano donde fue interrogado en medio de sendas torturas, y la profesora Amparo del Carmen Tordecilla desaparecida desde el 25 de abril de 1989 por agentes de la mencionada brigada que se la llevaron en un taxi adscrito al Ejército son otros nombres y episodios que se condensan en el documento.

“Las conductas delictivas relacionadas en el presente informe fueron cometidas por Agentes Estatales que, vinculados a las principales unidades militares de inteligencia, se valieron de la formación adquirida a nivel internacional y nacional y del contexto del conflicto para realizar investigaciones, seguimientos, torturas con el objetivo de obtener información y estrategias de encubrimiento”, dicen los autores del texto.

AL DESCUBIERTO

El informe documento el patrón que se seguía por parte de los hombres del Charry Solano para controlar y vigilar aquellas personas que se consideraban como ‘enemigo interno’. Esta descripción se aplicaba a “todo actor político o social que se oponga al estado de cosas existentes”.

El mecanismo a seguir, advierte uno de los párrafos, consistía en indagar sobre la vida personal del señalado, es decir, horarios, hábitos, lugar de residencia y trabajo, y a quienes frecuentaba.

“Posteriormente, se pasaba a la privación ilegal de la libertad por parte de integrantes de las unidades de inteligencia del Ejército, quienes podían estar con el uniforme distintivo o vestidos de civil”, dice uno de los apartes del documento.

Las evidencias documentadas por las organizaciones autoras del escrito también indican que las víctimas eran conducidas a instalaciones de las Fuerzas Militares o a lugares clandestinos, normalmente usando vehículos particulares que estaban registrados bajo estas unidades militares. Sin embargo, no se presentaba una boleta de detención expedida por un juez y tampoco se les permitía tener contacto con sus familiares.

Sobre los procedimientos de tortura se advierte que se hacían “para conseguir información sobre los grupos insurgentes u obtener señalamientos contra otras personas. La crueldad de estas torturas llegaba al punto que muchas de las víctimas fallecieron a pesar de que estas eran realizadas bajo técnicas especializadas en tortura física y de presión psicológica que eran diseñadas para que la víctima sufriera el máximo dolor posible sin dejar huellas visibles”.

Lo que se busca con este informe es poner de presente cómo desde el área de inteligencia del Ejército “se ejecutaron graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos” de la que tuvieron conocimiento por lo menos cinco generales, cuyos nombres nos abstenemos de publicar para no afectar el curso normal del proceso.

En el Batallón Charry Solano se identificaron dos grupos que se encargaban de las tareas mencionadas. A uno de ellos lo llamaban ‘Blanco’ y su función principal era recopilar información de aquellas a quienes consideraban enemigo interno a los que también se conocían como ‘blanco’.

El segundo contingente eran los grupos de tareas especiales encargados de capturar, interrogar y eliminar a los ‘blancos’.

El informe trae a colación que “estas actividades gozaron de un marco de legalidad entre la década de los 60 y principios de los 70, pero se volvieron clandestinas por las reformas legislativas a las facultades judiciales extraordinarias que las Fuerzas Militares ostentaban en virtud de los estados de sitio y de excepción. Entonces se empiezan a utilizar fachadas de organizaciones paramilitares para encubrir estos delitos, como lo fue la Alianza Anticomunista Americana, también llamada Triple A”.

También se hace referencia al Manual de instrucciones generales para operaciones contraguerrillas en donde dividen a los colombianos en tres grupos: listas blancas, listas negras y listas grises.

En las primeras clasificaban a todos aquellos que apoyaban a los militares. En la segunda el cupo era para quienes respaldaban a quienes respaldaban a los grupos subversivos. En la tercera estaban quienes no tenían una postura definida. Dicho manual data de 1979.

BOGOTÁ (Colprensa).

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