La defensa ante el atraco

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Sin querer decir que es el delito de mayor impacto  social, uno de los crímenes que más aterra a los ciudadanos de bien es el atraco, por ser un hecho sorpresivo, alevoso y conminatorio, tan grave e impresionante que los medios de comunicación muestran cifras estadísticas, donde la integridad física de las víctimas en la mayoría de los casos es vulnerada de manera  fatal, generando a la vez una conmoción de grandes proporciones, tanto en la víctima del delito, como en sus entornos  familiar, laboral y social.

 Sobre el tema se han adelantado varios debates entre profesionales y expertos en seguridad ciudadana, sin lograr consenso que conduzca a la extirpar este flagelo en la sociedad. Han esgrimido como primera alternativa el consejo un poco manido de evitar caer en el atraco, manteniendo un nivel de alerta en los desplazamientos y el entorno de sus actividades cotidianas, recomendación valedera hasta el punto de lograr comprometer al ciudadano con su propia seguridad, pero limitándolo en el diario vivir, obligándolo a recapacitar sobre la responsabilidad de velar por la vida y bienes de las personas que le cabe a las administraciones e instituciones.

Por lo anterior, entendemos que se deben implementar planes y programas sostenibles en el tiempo y medibles con temprana frecuencia, para prevenir y eliminar esta patología social, estrategias que demandan compromisos bilaterales de ciudadanos con autoridades de todo nivel.

La ciudad, no sobra recalcarlo, debe concebirse para uso y disfrute del ciudadano, con una organización cívico social que permita detectar y atender con prontitud los clamores de auxilio o apoyo  provenientes de la ciudadanía, una ciudad iluminada en las noches y aseada en las mañanas, con un tránsito organizado, controlado  y reconocido. Es decir, una ciudad amable y segura, donde se respete la autoridad policial y se ejerza una pronta y efectiva justicia. Una sociedad comprometida y cohesionada que presente a la delincuencia un frente único de lucha, porque de lo contrario las autoridades estarán sin respaldo y los criminales acorralarán al ciudadano desprevenido.

Escribo esto porque somos una sociedad incapaz de unir esfuerzos para combatir la delincuencia. ¿Cómo es posible que un ciudadano que cae en manos de unos atracadores, y teniendo la posibilidad de ejercer su legítima defensa utilizando un arma, hoy enfrente voces que  lo sindiquen de aplicar la pena de muerte antes de la legítima defensa, sagrado derecho que todo ser tiene? No es posible que de este caso se caiga en recursos políticos o leguleyos, para sacar partido de la situación que, lógico, se debe investigar y aclarar, pero por las autoridades. No es saludable abrir debate sin la información necesaria y mucho menos condenar sin sustento; esa posición lejos de desanimar delincuentes, los envalentonará.

*ExDirector de la Policía Nacional

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