Consejo de Estado estudia demanda contra el decreto que restringe porte de armas

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El decreto demandado fue expedido en el año 2016 por el entonces presidente Juan Manuel Santos y su ministro de Defensa Luis Carlos Villegas.

Ante el Consejo de Estado, el abogado Guillermo Rodríguez radicó una solicitud de medida cautelar con carácter de urgencia en contra del decreto 2208 de 2016, que suspende los permisos de porte de armas en Colombia. Según el abogado, la solicitud se da por cuenta del incremento de la inseguridad en el país.

Según el abogado demandante, ante el incremento de la inseguridad, “los ciudadanos deben defenderse de alguna manera y la única forma es que hagan ejercicio de la legítima defensa”, agregó que “no puede haber un policía por cada ciudadano. No es tomarse la justicia por cuenta propia es el ejercicio legítimo de defender la vida, honra y bienes”.

Sobre el reciente caso de la muerte de tres asaltantes en Usaquén, norte de Bogotá, el abogado Rodríguez aseguró que “ese ciudadano que de manera heroica hizo uso del legítimo derecho de defensa. Esa persecución de la Fiscalía tiene que ser archivada o precluida debido a que está en curso una de las exclusiones de responsabilidad penal”.

 “Le hemos solicitado al Consejo de Estado, en una acción de nulidad, que se adopte una medida cautelar de urgencia y que se deje sin efectos el decreto 2208 de 2016 que suspende los permisos para el porte de armas de fuego”, explicó a periodistas el abogado demandante.

 “Desde 2017 estamos pidiendo con una demanda que se decrete la nulidad del decreto, ahora lo que solicitamos es una medida cautelar urgente”, agregó.

Según Rodríguez, en Colombia unas 470 mil personas tienen armas amparadas con salvoconducto, ahora lo que se necesita –a su juicio- es que se autorice el porte como medida de protección.

El decreto demandado fue expedido en el año 2016 por el entonces presidente Juan Manuel Santos y su ministro de Defensa Luis Carlos Villegas para «la suspensión general de permisos para el porte de armas».

Con la medida que pide el abogado, los ciudadanos que tienen el salvo conducto podrán hacer uso de las armas de fuego. Para Rodríguez, la urgencia de su solicitud radica en que hay “situaciones de seguridad pública que lo ameritan”.

A juicio del demandante hay cifras de inseguridad que están desbordadas. “Los ciudadanos deben defenderse de alguna manera y la única forma es que hagan ejercicio de la legítima defensa. No puede haber un policía por cada ciudadano”.

Para Rodríguez, portar un arma no es tomarse la justicia por cuenta propia, por el contrario, es el ejercicio legítimo de defender la vida, honra y bienes.

 “Lo mejor para contrarrestar la delincuencia es que quienes tienen armas amparadas que son apenas 460 mil, puedan hacer uso del porte de ellas”, anunció.

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