Salvador Arana dice que contaría la verdad del crimen de exalcalde Díaz

Salvador Arana aseguró ante los magistrados de la JEP que tiene “información desconocida sobre el manejo de las alcaldías del Golfo de Morrosquillo, en relación con la administración de regalías y que, desde su condición de médico, puede aportar información.

Salvador Arana, exgobernador de Sucre aceptado ante la Jurisdicción Especial para la Paz esta semana, dijo ante ese tribunal que puede aportar “información fiel, veraz y comprobable de la realidad sociopolítica, económica y militar del conflicto, específicamente con hechos relacionados con el fenómeno del paramilitarismo que se tomó la política sucreña”.

Arana Sus manejó las riendas de ese departamento entre 2001 y 2003. En ese lapso, dice uno de los tres procesos penales en su contra, dispuso el pago doble de varios contratos celebrados por la administración municipal de Tolú por un valor cercano a los 478 millones de pesos de esa época, afectando los recursos de las regalías.

También fue sentenciado por ser la persona que ordenó la desaparición y posterior muerte del exalcalde de El Roble, Eudaldo Díaz, quien en febrero de 2003 durante el consejo comunal que encabezaba el entonces presidente Álvaro Uribe denunció hechos de corrupción departamentales y al que le dijo que lo iban a matar.

Sobre este punto dijo que puede aportar información acerca de las condiciones y circunstancias que “verdaderamente” rodearon este crimen y que, a su consideración, la justicia desconoce.

En su propuesta de sometimiento también aseguró que está en capacidad de contar el modus operandi de los distintos frentes de las autodefensas que delinquían en esa región, que impusieron candidatos a diferentes corporaciones públicas, y la forma en la que estas estructuras infiltraron las entidades públicas y los organismos de control tanto del departamento como del Estado para la promoción de sus banderas político militares.

Aseguró ante los magistrados de la JEP que tiene “información desconocida sobre el manejo de las alcaldías del Golfo de Morrosquillo, en relación con la administración de regalías y que, desde su condición de médico, puede aportar información acerca de la manera en la que las organizaciones paramilitares infiltraron el sistema público de salud”.

Por el hecho de estar prisionero desde hace una década confesó que no cuenta con recursos económicos para reparar a las víctimas, pero se comprometió a ejecutar proyectos productivos y buscar financiamiento para las víctimas del conflicto tanto en Sucre como en el Magdalena Medio.

A la par con esa promesa, expuso tres programas de reparación integral consistentes en la formación de gestores en derechos sexuales y reproductivos, apoyo para la adecuación de cinco hectáreas para la siembra de ajonjolí para promover empleo y asesoría en el diseño y puesta en funcionamiento de un prestador primario en atención integral de salud a las víctimas del conflicto en la comunidad rural de Sucre.

A Arana Sus la JEP le dio un plazo de diez días hábiles para que ajuste su propuesta de cara a expresar una verdad plena y exhaustiva sobre los hechos cometidos por las AUC que no hayan sido judicializados y que, si ya lo fueron, detalle quiénes no han sido llamados a responder por los mismos.

También le piden “hechos precisos y sustanciales desconocidos del tema del paramilitarismo en Sucre y cómo acaeció el despojo y abandono de tierras”.

El tribunal de paz solicita que la proposición de los talleres sea ajustada a partir de la verdad histórica, social y política. Además, que de ese programa de formación defina a quiénes estará dirigido, cuál será el enfoque y la metodología a emplear.